Las "trampas" de los conciertos educativos

Las declaraciones de Jordi Pujol seg¨²n las cuales el Ejecutivo hizo "trampa" al otorgar conciertos a determinadas escuelas privadas han causado indignaci¨®n y desasosiego en gran parte de la comunidad educativa. De repente, muchos de sus l¨ªderes ve¨ªan corroboradas en boca del presidente de la Generalitat sus sospechas de que algunos de estos centros tienen bula ante el Ejecutivo a la hora de incumplir la ley.

Pero este desasosiego no es, ni mucho menos, nuevo. En el verano de 2001, Artur Mas ya sembr¨® la inquietud al defender la concesi¨®n de conciertos -que implica la renuncia al cobro de la actividad escolar- a siete centros de ¨¢lite que cobraban mensualidades de hasta 600 euros. Y en la primavera de 2002, otra informaci¨®n ensombreci¨® el panorama educativo: un documento de la Inspecci¨®n de Ense?anza revel¨® que del total de 739 escuelas privadas concertadas que hay en Catalu?a, 435 "emiten recibos y perciben cantidades por conceptos que podr¨ªan suponer una presunta irregularidad".

La consejera Carme-Laura Gil intent¨® minimizar la gravedad de los resultados del informe que hab¨ªa elaborado por su propio departamento, pero sus conclusiones dibujaron un paisaje descontrolado del sistema de conciertos.

Aunque en los sucesivos gobiernos de Pujol ha quedado patente su voluntad de incentivar la doble red educativa -p¨²blica y privada concertada, cada una con un porcentaje de alumnos repartidos a casi el 50%-, la ¨²ltima legislatura se ha caracterizado por una especial generosidad a la hora de apoyar econ¨®micamente a los centros concertados. Si en 1999 Ense?anza gast¨® 413 millones de euros en conciertos, en 2002 la cifra super¨® los 600 millones. Y si bien son muchos los centros que reciben dinero del erario p¨²blico y cumplen con el requisito de garantizar la gratuidad escolar, muchos otros acaban recibiendo dinero de la Administraci¨®n y tambi¨¦n de los padres de los alumnos.

Tres casos ejemplifican un laberinto de cobros opacos: un matrimonio de Olot inici¨® un proceso contra una escuela concertada por cobro ilegal de mensualidades a trav¨¦s de una fundaci¨®n. En el Vall¨¨s, dos centros m¨¢s mantienen un rifirrafe judicial con un sindicato al haber sido denunciados ante la Agencia Tributaria por presunto fraude fiscal por enmascarar las cuotas que se pagan por los servicios educativos como donativos voluntarios a fundaciones vinculadas a los centros. Y en Premi¨¤ de Dalt, un grupo de padres de alumnos lleva a?os denunciando p¨²blicamente que un colegio esconde su condici¨®n de concertado.

"Muchos padres no saben lo que significan los conciertos porque nadie se lo explica y otros no quieren meterse en problemas porque estamos hablando de la educaci¨®n de sus hijos, y eso es material muy sensible", explica Ramon Sim¨®, del sindicato USTEC. Sim¨® recuerda que los centros privados que reciben conciertos deben renunciar al car¨¢cter lucrativo de la actividad escolar y especificar que las actividades complementarias son optativas y que en ellos no puede haber selecci¨®n ni discriminaci¨®n de alumnos.

Las palabras del presidente de la Generalitat, por tanto, suponen el reconocimiento impl¨ªcito de que el Ejecutivo catal¨¢n conoc¨ªa estas irregularidades y no ha hecho nada por evitarlas. ?sta es la tesis que ICV-EUiA, por una parte, y el sindicato USTEC, por otra, han esgrimido ante la Fiscal¨ªa del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC), al que piden que que investigue si el Gobierno catal¨¢n ha cometido delito de malversaci¨®n de fondos p¨²blicos. El sindicato formaliz¨® ayer la denuncia.