El Gobierno reduce la 'acci¨®n de oro' a una simple notificaci¨®n
El PP ha presentado una enmienda al proyecto de ley de Acompa?amiento de los Presupuestos para modificar la normativa de la acci¨®n de oro (golden share), que otorga derechos al Gobierno en las empresas privatizadas. La enmienda suprime la necesidad de autorizaci¨®n previa del Gobierno para determinadas operaciones sobre empresas privatizadas y se sustituye por una notificaci¨®n.
Las compa?¨ªas obligadas por esta normativa, aunque con algunas diferencias, son Repsol YPF (hasta el 6 de febrero de 2006), Telef¨®nica (hasta el 18 de febrero de 2007), Endesa (8 de junio de 2007), Indra (23 de marzo de 2004) e Iberia (3 de abril de 2006). Desde el 1 enero del 2004 tendr¨¢n que informar a los ¨®rganos competentes (Comisi¨®n Nacional de la Energ¨ªa, Comisi¨®n del Mercado de Telecomunicaciones o Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores) en caso de disoluci¨®n voluntaria, escisi¨®n o fusi¨®n, venta de los activos estrat¨¦gicos o participaciones sociales necesarias para cumplir su objeto social y cambio de dicho objeto social.
Tambi¨¦n tendr¨¢n que notificar la operaci¨®n, siempre que tenga efecto en el mercado espa?ol, si se redujera la participaci¨®n social p¨²blica en la empresa privatizada en un porcentaje igual o superior al 10% o si se adquiriera al menos el 10% del capital social de la compa?¨ªa (el 5% en el caso de Endesa). El ¨®rgano competente contar¨¢ con un plazo de dos meses -ampliable a tres en casos de excepcional trascendencia y complejidad- para oponerse a los acuerdos que le sean notificados, que en dicho periodo quedar¨¢n suspendidos.
El diputado del PP Vicente Mart¨ªnez Pujalte indic¨® que la nueva regulaci¨®n de la acci¨®n de oro es similar a la existente en B¨¦lgica, que ya fue aceptada por la Comisi¨®n Europea, y garantiza la adecuada prestaci¨®n de servicios por parte de las empresas espa?olas privatizadas que operan en sectores estrat¨¦gicos. Con este cambio en la acci¨®n de oro se acata la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de mayo pasado que consideraba que la legislaci¨®n espa?ola restringe los movimientos de capitales dentro de la UE de forma desproporcionada.
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