Vocales del Poder Judicial exigen investigar la actuaci¨®n en los accidentes laborales

Tres miembros progresistas del Consejo General del Poder Judicial (el vicepresidente, Fernando Salinas, y los vocales Jos¨¦ Antonio Alonso y Luis Aguiar) exigen que los servicios de inspecci¨®n del organismo investiguen inmediatamente lo acaecido en los juzgados y tribunales de Espa?a con las denuncias interpuestas en relaci¨®n con los accidentes laborales. Esta petici¨®n se produce tras conocerse tres pol¨¦micas sentencias emitidas en C¨®rdoba, Barcelona y Pontevedra en las que se responsabiliza a los trabajadores de siniestros con consecuencias graves. Una siniestralidad que ayer dej¨® seis v¨ªctimas mortales y el jueves otras cuatro.

Los tres vocales creen que las pesquisas vienen justificadas por la alta cifra de accidentes y muertes que azota Espa?a. "En 2002 se registraron un total de 1.016.670 accidentes de trabajo", explican, "de los cuales 1.000.673 fueron leves, 14.453, graves (1.101 en el puesto de trabajo y el resto en el trayecto entre casa y trabajo)". Adem¨¢s, a?aden los vocales, "en el periodo enero-julio de 2003, se registraron, en el puesto de trabajo, 525.988 accidentes de trabajo, de los que 6.781 fueron calificados como graves y con 582 v¨ªctimas mortales".

Los vocales -Fernando Salinas, vicepresidente del Consejo; Luis Aguiar y Jos¨¦ Antonio Alonso- lamentan la alta tasa de siniestralidad laboral que registra Espa?a y por ello quieren conocer, con datos oficiales, cu¨¢l ha sido la respuesta judicial a los accidentes laborales ocurridos entre 2001 y julio de 2003. Los citados vocales presentar¨¢n al pleno del Consejo que se celebrar¨¢ el pr¨®ximo d¨ªa 19 un escrito para que se d¨¦ luz verde a esta investigaci¨®n.

Uno de los vocales firmantes del escrito explica: "Creemos que el Consejo General del Poder Judicial debe tener un conocimiento cabal del tratamiento que se est¨¢ dando en la v¨ªa judicial a este asunto; cuando se conozca esa realidad, se actuar¨¢ en consecuencia".

En el escrito que elevar¨¢n el d¨ªa 19 al pleno del Consejo, para que ¨¦ste apruebe la investigaci¨®n, los vocales destacan que la siniestralidad laboral en Espa?a casi duplica la medida de la Uni¨®n Europea.

Dimensiones sociales

"Las cifras expuestas", indican, "dan cuenta de la enorme magnitud de una tragedia intolerable. De hecho, Espa?a es el pa¨ªs de la Uni¨®n Europea con m¨¢s accidentes laborales. Pr¨¢cticamente, duplicamos la media comunitaria", detallan. En el escrito, se explica tambi¨¦n: "Las respuestas futuras del poder p¨²blico ante un fen¨®meno de tales dimensiones personales, sociales y econ¨®micas exigen conocer, antes de nada, las respuestas que el mismo poder p¨²blico est¨¢ dando en la actualidad".

Seg¨²n estos vocales, el Poder Judicial "desconoce totalmente la manera y el alcance con el que el sistema judicial est¨¢ afrontando los conflictos derivados de los accidentes laborales". Por ello, razonan, "la instituci¨®n que gobierna la judicatura debe corregir tal desconocimiento, y en su caso poner los remedios que sean pertinentes para mejorar el funcionamiento del sistema".

Los tres vocales quieren que la investigaci¨®n se ci?a, inicialmente, a la jurisdicci¨®n penal, "con la finalidad de no complicar el estudio completo", pero no descartan ampliarlo despu¨¦s al resto de jurisdicciones afectadas por este problema.

En concreto, los firmantes del escrito solicitan del pleno lo siguiente: "Que se ordene al Servicio de Inspecci¨®n la inmediata realizaci¨®n de un informe, relativo a la jurisdicci¨®n penal, que contenga el n¨²mero de asuntos en los que la causa identificable del procedimiento judicial sea un accidente de trabajo, y que sean relativos a los a?os 2001, 2002 y al periodo enero-julio de 2003, desglos¨¢ndolos por cada uno de esos periodos". Tambi¨¦n reclaman, en relaci¨®n con cada uno de los a?os antes indicados, que en el informe "se especifiquen la cifra de asuntos [de este tipo] archivados", as¨ª como aqu¨¦llos que han sido tramitados "como falta y tambi¨¦n los seguidos por delito".

De entre los asuntos no archivados, los vocales quieren que se aclaren cu¨¢ntos de esos asuntos est¨¢n "pendientes de juicio, cu¨¢ntos han sido ya enjuiciados en primera instancia y cu¨¢ntos est¨¢n recurridos" o bien ha reca¨ªdo sobre ellos "una sentencia firme". Tambi¨¦n se pide que entre los casos ya enjuiciados, se "especifique (aunque no sean firmes) el n¨²mero de sentencias condenatorias y absolutorias".

Los tres vocales del Consejo saben de las dificultades con que muchas veces se topan las sentencia a la hora de ser ejecutadas. Por ello, quieren que en el informe que hagan los inspectores, si el Consejo da luz verde a esta iniciativa, se enumerem las sentencia firmes "ya ejecutadas", as¨ª como "el monto total de indemnizaciones efectivamente pagadas" a los trabajadores v¨ªctimas de esos accidentes laborales. En su escrito, los tres vocales entienden que los datos "que se piden son los m¨ªnimos solicitados", pero que ello no es ¨®bice para que " el Servicio de Inspecci¨®n utilice su plena libertad para suministrar cualquier otro que los complemente, cuando lo entienda ¨²til a los fines del informe".

Un padre y un hijo muertos

Al goteo de accidentes se sumaron ayer las muertes de dos operarios en Barcelona, y de otros cuatro en Sevilla, Moratalla (Murcia), Castell¨®n y Don Hierro (Segovia), sumados a cuatro m¨¢s el pasado jueves. El accidente de Barcelona fue particularmente dram¨¢tico porque padre e hijo murieron al caer al vac¨ªo desde la terraza de un cuarto piso mientras sub¨ªan con una cuerda una barandilla nueva. Ambos se apoyaron sobre la barandilla vieja que pretend¨ªan sustituir. Pero ¨¦sta cedi¨®. Seg¨²n testimonios presenciales, el tercer operario que desde la acera vigilaba la operaci¨®n era hijo y hermano de los fallecidos, informa Judith Casals desde Santa Coloma de Gramanet. Seg¨²n la polic¨ªa auton¨®mica, la Inspecci¨®n de Trabajo se person¨® en el lugar del accidente. El sindicato CC OO subray¨® que la obra en que trabajaban las v¨ªctimas, que ten¨ªan su propia empresa familiar (Ruiz M¨¢rquez, que coincide con las iniciales de las v¨ªctimas, R. M.), carec¨ªa de licencia municipal.

Todos los testimonios consultados explicaron que en el momento del accidente no hab¨ªa ninguna medida de seguridad. Los operarios no llevaban casco ni arn¨¦s. Tampoco hab¨ªa instalada ninguna red de protecci¨®n. Francisco R. M. y su hijo Jordi ten¨ªan 56 y 26 a?os de edad, respectivamente. Pese a ser atendidos en el lugar del accidente -durante cerca de una hora los servicios de emergencia intentaron reanimarles- murieron. El padre, en el trayecto en el hospital, y el hijo, una vez en ¨¦l.