El juez decide si un discapacitado ingresa en prisi¨®n o en psiqui¨¢trico

Tener una discapacidad intelectual no impide ser condenado por un delito. Lo que importa a la hora de decidir si una persona es imputable o inimputable es su capacidad para discernir entre lo que est¨¢ bien y lo que est¨¢ mal. El C¨®digo Penal se?ala que est¨¢ exento de responsabilidad criminal quien, "al tiempo de cometer la infracci¨®n penal, a causa de cualquier anomal¨ªa o alteraci¨®n ps¨ªquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensi¨®n" (art. 20, 1). Esta circunstancia puede aplicarse como eximente o como atenuante (permite rebajar la pena).

"Si el juez considera que la discapacidad ps¨ªquica es una causa eximente de responsabilidad para el autor de un delito, le declara sujeto peligroso y ordena su ingreso en un psiqui¨¢trico penitenciario", explica Mercedes Garc¨ªa Ar¨¢n, catedr¨¢tica de Derecho Penal de la Universidad Aut¨®noma de Barcelona. En Espa?a existen psiqui¨¢tricos penitenciarios en Sevilla (156 internos, seg¨²n el Ministerio del Interior), Alicante (Fontcalent, 311 personas ingresadas) y varias unidades en Catalu?a (179 plazas de internamiento, seg¨²n la Generalitat).

Dos psiqui¨¢tricos

En caso de que el juez considere la discapacidad ps¨ªquica como una circunstancia atenuante, puede decidir que el condenado empiece a cumplir su pena en un psiqui¨¢trico penitenciario (medida de seguridad).

"Si el juez no considera la discapacidad ps¨ªquica como eximente ni como atenuante, el condenado va a una c¨¢rcel normal", detalla Garc¨ªa Ar¨¢n. "Una vez en la c¨¢rcel, si el m¨¦dico o los funcionarios detectan que ese r¨¦gimen penitenciario no es el adecuado, pueden pedir el traslado a un psiqui¨¢trico", puntualiza una fuente judicial. El juez de vigilancia penitenciaria debe autorizar el cambio de centro.

Seg¨²n la asociaci¨®n Asprona de Valencia, que trabaja con personas con discapacidad intelectual presas en la c¨¢rcel de Picassent, a veces esta minusval¨ªa pasa inadvertida para los jueces e, incluso, para los abogados defensores. Seg¨²n su experiencia, "los jueces tienden a decidir que los acusados con discapacidad intelectual son imputables", explica el gerente de la asociaci¨®n, Juan Planells. Tambi¨¦n detalla que en alguna ocasi¨®n han encontrado en la c¨¢rcel a una persona que hab¨ªa sido tratada por su discapacidad en un centro de la asociaci¨®n.

Asprona, miembro de FEAPS (la mayor confederaci¨®n de organizaciones formadas por familias de discapacitados intelectuales), detecta la presencia de este tipo de presos gracias a la colaboraci¨®n de los funcionarios o de las propias familias de los afectados.