Marbella, un cielo de gr¨²as paradas
Los jueces han suspendido desde marzo las obras de 2.000 viviendas por ilegales. Los promotores temen por otras 23.600
Las gr¨²as se han parado en Marbella. La ciudad no s¨®lo vive una crisis pol¨ªtica desde que un grupo de tr¨¢nsfugas ech¨® de la alcald¨ªa a Juli¨¢n Mu?oz, ex miembro del GIL. Al caos institucional alimentado esta semana con un nuevo grupo de tr¨¢nsfugas, que puede modificar el actual equipo de Gobierno, se une un brusco frenazo en la construcci¨®n, uno de los principales motores de la econom¨ªa local y el caldo de cultivo de la corrupci¨®n marbell¨ª.
Desde el pasado mes de marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA) ha acordado una medida excepcional y at¨ªpica, la paralizaci¨®n de 30 expedientes de obras que afectan a m¨¢s de 2.000 viviendas ilegales que ya estaban siendo levantadas. Promotores y constructores aseguran que otros 23.600 apartamentos y hoteles que se est¨¢n construyendo con licencias concedidas durante la etapa del GIL ser¨¢n precintados si la Junta de Andaluc¨ªa contin¨²a remitiendo a la fiscal¨ªa denuncias por delitos urban¨ªsticos.
Cientos de propietarios est¨¢n reclamando en los juzgados por el enga?o del Consistorio
"?D¨®nde est¨¢n las zonas verdes, las plazas, los colegios, los centros sanitarios?"
"?Alguien cree que nuestro urbanismo puede cambiar en manos de un jinete de polo?"
La Consejer¨ªa de Obras P¨²blicas, que dirige Concepci¨®n Guti¨¦rrez del Castillo, ha impugnado 280 licencias de obras, por considerarlas ilegales, durante los ¨²ltimos tres a?os. De ellas, 166 corresponden a promociones ya edificadas, 84 a bloques en construcci¨®n y 30 a obras suspendidas. "Si continuamos a este ritmo ser¨¢ la hecatombe total y absoluta de Marbella", augura Jos¨¦ Prado, presidente de la Asociaci¨®n de Constructores y Promotores de M¨¢laga.
El pasado d¨ªa 6, el hotel Guadalpin, en Marbella, fue escenario de una reuni¨®n en la que se reflej¨® el temor que el inesperado cambio de actitud de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA -que preside Joaqu¨ªn Garc¨ªa Bernaldo de Quir¨®s- ha provocado en el sector de la construcci¨®n marbell¨ª. Y en especial entre los promotores que hicieron o¨ªdos sordos a los consejos de sus abogados y aceptaron las licencias presuntamente ilegales que les proporcion¨® primero Jes¨²s Gil y, tras su inhabilitaci¨®n judicial, su sucesor Juli¨¢n Mu?oz.
Los ocho promotores que asistieron al encuentro aseguraron que sus empresas sufrir¨¢n la paralizaci¨®n de 40 obras (alrededor de 4.000 viviendas), y estimaron que antes de fin de a?o los tribunales habr¨¢n precintado m¨¢s de 100. "Si no logramos una soluci¨®n, estimamos que las p¨¦rdidas pueden ascender a 1.500 millones de euros", se?ala uno de los asistentes. Concluyeron que la ¨²nica soluci¨®n era un acercamiento a la Junta de Andaluc¨ªa, cuyas denuncias est¨¢n parando las gr¨²as.
?Qu¨¦ hizo cambiar la postura de los jueces que durante a?os se negaron a suspender las obras que denunciaba la Junta y permitieron el desarrollo ilegal y desordenado del municipio marbell¨ª? Joaqu¨ªn Garc¨ªa Bernaldo de Quir¨®s, presidente de la Sala de lo Contencioso, responde que lo hicieron cuando tuvieron "la convicci¨®n de la realidad que hab¨ªa detr¨¢s de los papeles". Cuando vieron "que era prudente para evitar males mayores". Mar¨ªa del Rosario Cardenal, ponente del primer auto de suspensi¨®n cautelar de una obra en Marbella, lo explic¨® as¨ª en su resoluci¨®n: "Las licencias aprobadas por el consistorio de Marbella pueden incidir en la transformaci¨®n del modelo de ciudad o afectar a la gesti¨®n del erario p¨²blico municipal con una repercusi¨®n muy negativa para la colectividad".
La sala judicial destac¨® que todas las obras amparadas por las licencias ilegales concedidas por Jes¨²s Gil se ejecutaban y conclu¨ªan antes de que los recursos interpuestos por la Junta se resolvieran. Y aventuraba algo que ya ha ocurrido: "Es posible que nos encontremos con que cuando se dicten los pronunciamientos judiciales de tant¨ªsimos recursos se haya podido tambi¨¦n consumar la ejecuci¨®n no de un edificio o urbanizaci¨®n, sino de una parte de cierta importancia del municipio".
Ausencia de ley
"Marbella ya no es una ciudad de segunda residencia. Ahora hay miles de familias. ?D¨®nde est¨¢n las zonas verdes, los colegios y los centros sanitarios? ?D¨®nde est¨¢n las plazas y los viales?", se pregunta Concepci¨®n Guti¨¦rrez, de 49 a?os, consejera de Obras P¨²blicas. "Han construido hasta en las zonas destinadas a calles. Ten¨ªamos que parar esto aunque sea demasiado tarde", reconoce.
Desde que en 1991 Jes¨²s Gil gan¨® las elecciones municipales en Marbella, la ausencia de la ley en materia urban¨ªstica ha sido una caracter¨ªstica de este municipio de 100.000 habitantes. Una situaci¨®n an¨®mala que ha facilitado el cobro de comisiones ilegales, el enriquecimiento rampante de algunos funcionarios municipales y la vulneraci¨®n de los derechos de miles de ciudadanos. Guti¨¦rrez asegura que cientos de propietarios est¨¢n reclamando en los juzgados indemnizaciones por el enga?o del consistorio marbell¨ª. "Cedieron parte de sus terrenos para equipamientos, como plazas y colegios que jam¨¢s se construyeron. Se han vulnerado sus derechos de propiedad y ahora piden una compensaci¨®n", explica.
Los jueces del TSJA reconocen en sus autos que la transformaci¨®n de los terrenos que implica una obra "es dif¨ªcilmente reversible" y adelantan que en el supuesto de que lo fuera las indemnizaciones por los da?os y perjuicios causados a los propietarios y constructores afectar¨ªan "gravemente" a las arcas del Ayuntamiento. Con ¨¦ste y otros argumentos est¨¢n suspendiendo cautelarmente las obras.
Pero la compensaci¨®n que piden los afectados ser¨¢ dif¨ªcil de obtener. Despu¨¦s de 12 a?os de gobierno del GIL, grupo hoy extinguido, el consistorio marbell¨ª est¨¢ arruinado. Debe 108 millones de euros a la Seguridad Social, 20,7 a Hacienda, 15 a la mancomunidad de municipios y 20 al patronato de recaudaci¨®n. Unos 400 inmuebles municipales, viviendas sociales, locales de asociaciones y patrimonio hist¨®rico est¨¢n embargados por el impago de un pr¨¦stamo de 21,6 millones de euros al Banco de Cr¨¦dito Local. El rosario de acreedores p¨²blicos y privados es interminable y crece d¨ªa a d¨ªa.
El PP local cifra la deuda municipal en 300 millones de euros y destaca que una de las primeras medidas del nuevo gobierno de tr¨¢nsfugas que lidera la ex GIL Marisol Yag¨¹e ha sido la subida de los impuestos (Bienes Inmuebles y Construcci¨®n), la revisi¨®n del catastro y la redacci¨®n de un inventario de los bienes municipales, hoy inexistente. "Seguimos como antes. No se ingresa la retenci¨®n del IRPF de los 3.000 empleados municipales", asegura ?ngeles Mu?oz, uno de los cuatro concejales del PP.
?Qu¨¦ pol¨ªtica urban¨ªstica mantiene el nuevo gobierno municipal desde que el pasado 13 de agosto Gil logr¨® echar a Mu?oz de la alcald¨ªa? Para Guti¨¦rrez, la consejera de la Junta m¨¢s temida por los constructores favorecidos por el ex presidente del Atl¨¦tico de Madrid, no fue una casualidad que Juli¨¢n Mu?oz perdiera la vara de mando d¨ªas despu¨¦s de que el pleno aprobara la revisi¨®n de Plan General de Ordenaci¨®n Urbana de 1986, el ¨²nico legal, de acuerdo con la nueva Ley de Ordenaci¨®n Urban¨ªstica de Andaluc¨ªa. Hasta entonces, los sucesivos gobiernos del GIL conced¨ªan licencias al amparo de un plan ilegal presentado en 1998 y rechazado por la Junta en sus textos refundidos en el 2000 y 2003.
"Por eso cay¨® Mu?oz. El nuevo equipo no es m¨¢s que una marioneta que defiende los intereses de Jes¨²s Gil. La primera decisi¨®n que ha tomado es recurrir la resoluci¨®n de la comisi¨®n provincial de urbanismo contra la anulaci¨®n del PGOU de 1998, es decir, el de Gil. Ese recurso es el fiel retrato del nuevo Gobierno", se?ala la responsable de Obras P¨²blicas de la Junta andaluza.
Jos¨¦ Carlos Aguilera, abogado y asesor del grupo municipal que lidera Isabel Garc¨ªa Marcos -expulsada del PSOE-, lo niega y recuerda a la consejera que la Junta reaccion¨® tarde, mucho despu¨¦s de que la entonces concejal socialista denunciara en los tribunales los convenios de Gil. "El nuevo equipo de gobierno ha expresado su voluntad inequ¨ªvoca de respeto y cumplimiento de la legalidad urban¨ªstica. S¨®lo aprobamos las licencias que se ajustan al PGOU de 1986", dice.
?Y el recurso presentado por la alcaldesa Marisol Yag¨¹e el pasado mes de septiembre y redactado por el catedr¨¢tico Jes¨²s Gonz¨¢lez P¨¦rez? "S¨®lo pretendemos que se den por buenas las partes del PGOU de 1998 que entonces acept¨® la Junta. Eso es lo ¨²nico que recurrimos". La consejera de la Junta responde que "no vale una aprobaci¨®n parcial del plan". Y a?ade: "El texto de 1998 ni siquiera lo respetaron los anteriores gobiernos, porque se cargaron zonas verdes e hicieron los documentos en base a los convenios urban¨ªsticos de Gil".
Los tr¨¢nsfugas, que cumplen sus primeros 100 d¨ªas de gobierno, han puesto la pol¨ªtica urban¨ªstica de Marbella en manos de un denominado consejo de urbanismo que integran Yag¨¹e, la alcaldesa; Garc¨ªa Marcos, teniente de alcalde; Carlos Hern¨¢ndez, expulsado del Partido Andalucista, y Rafael Calleja, ex miembro del GIL, jinete de polo y nuevo concejal de urbanismo. Las decisiones las toma la comisi¨®n de gobierno que integran los tres grupos de tr¨¢nsfugas.
"?Alguien cree que el urbanismo de Marbella puede cambiar en manos de un jinete de polo?", se pregunta un letrado que asesora a constructoras que huyeron de Marbella para evitar caer en las redes de Gil. "Unas redes en las que era muy f¨¢cil entrar y dif¨ªcil salir", se?ala un promotor que se neg¨® a construir "en un descarado escenario de corrupci¨®n". Josefina Cruz Villal¨®n, 53 a?os, catedr¨¢tica de Geograf¨ªa y secretaria general de ordenaci¨®n del Territorio y Urbanismo de la Junta de Andaluc¨ªa tiene una opini¨®n similar: "A ning¨²n promotor con reglas claras le puede interesar este juego, el terreno de las arenas movedizas y la ruleta rusa".
Aguilera pide que se juzgue al nuevo equipo municipal por sus hechos, y ofrece datos. Han concedido 11 licencias de obras y denegado cinco. Una de las rechazadas era para un proyecto de 54 viviendas y se ech¨® atr¨¢s por no ajustarse al PGOU de 1986. "Los grandes proyectos que est¨¢n en tr¨¢mite probablemente no se ajustar¨¢n al plan de 1986 y se les denegar¨¢ la licencia", aventura el letrado.
El pasado d¨ªa 31 de octubre, el pleno aprob¨® estudios de detalle que posibilitar¨¢n la construcci¨®n de 1.400 viviendas y que se ajustan a la ley. Tambi¨¦n han aprobado 29 licencias de primera ocupaci¨®n con informes t¨¦cnicos y jur¨ªdicos favorables. "Antes no hab¨ªa informes jur¨ªdicos", recuerda Aguilera. La oposici¨®n interpreta que esta posici¨®n legalista se debe al reciente acoso judicial.
Desconfianza
La Junta de Andaluc¨ªa desconf¨ªa del nuevo Gobierno marbell¨ª e insiste en la lucha de los tr¨¢nsfugas por legalizar el PGOU que present¨® Gil en 1998 y que rechaz¨® esta instituci¨®n. Un plan ilegal sobre el que se aprobaron licencias para 23.600 viviendas que ahora est¨¢n en el alero. "La mayor¨ªa est¨¢n en construcci¨®n, otras paradas y otras terminadas", se?ala Prado, el presidente de la asociaci¨®n de constructores.
A partir de 1998, fecha en la que la Junta rechaz¨® el plan presentado por Gil, los bancos y cajas de ahorro adoptaron cautelas y pidieron a los promotores informes en los que se avalara que la obra figuraba en la parte del plan que aceptaba la Junta. "La Junta los entreg¨® a algunos constructores, aunque pon¨ªan la coletilla de que estaba pendiente del texto refundido", arguye Aguilera.
En los ¨²ltimos tres a?os, el Colegio de Arquitectos de M¨¢laga ha visado 36.000 viviendas en Marbella y en opini¨®n del asesor de los tr¨¢nsfugas socialistas el 70% de las mismas se levantaron en la creencia de que eran legales. Un letrado afincado en Marbella desde hace dos d¨¦cadas no lo ve as¨ª: "S¨®lo han quedado atrapados los que se la jugaron. Los que sab¨ªan que aunque Gil les daba licencias estaban fuera de la legalidad. Los empresarios m¨¢s responsables se fueron y no trabajaron. Se negaban a pagar comisiones ilegales y a sortear la ley".
Las Maravillas de Elviria, promoci¨®n de la empresa Arenal 2000 en la zona marbell¨ª que le da nombre, est¨¢ paralizada. Dos gr¨²as y gigantescos socavones muestran lo que iban a ser 363 apartamentos y ¨¢ticos de lujo que se vend¨ªan a entre 297.000 y 369.000 euros. "Toda Marbella est¨¢ parada. S¨®lo puede reservar si entrega la fianza a un abogado ajeno a nuestra empresa", explica la vendedora. "Nos ha afectado como a muchos otros", se?ala Miguel Navarro, secretario de la empresa en C¨®rdoba.
El grupo ?vila Rojas, propiedad del granadino Jos¨¦ ?vila, es uno de los m¨¢s afectados por las suspensiones judiciales. Jes¨²s Cantal, su director jur¨ªdico, augura "un serio problema de empleo". "Las 199 obras impugnadas este a?o por la Junta, parte de las cuales est¨¢n siendo paralizadas de forma masiva por el TSJA, est¨¢n frenando la actividad inmobiliaria de Marbella. Ya hemos visto caer las ventas en otras localidades como Torrox o Benalm¨¢dena", dice. En su opini¨®n, la soluci¨®n nunca ser¨¢ judicial sino pol¨ªtica.
Luis Maya, directivo de Obarinsa, una empresa guipuzcoana que ha construido m¨¢s de 4.000 viviendas en Marbella, reconoce que han bajado sus ventas. "Despu¨¦s de este verano han llegado en cascada 80 impugnaciones de la Junta. Hay que dar validez al plan de 1998", reclama.
La consejera de Obras P¨²blicas se reuni¨® el pasado d¨ªa 30 con una delegaci¨®n de empresarios de construcci¨®n que lideraba Prado. "Me dijeron que se puede paralizar Marbella porque los jueces les est¨¢n cerrando las obras. Estaban muy preocupados. Pero s¨®lo hay una soluci¨®n: que el Ayuntamiento redacte un nuevo plan de acuerdo con la Ley de Ordenaci¨®n Urban¨ªstica de Andaluc¨ªa". Prado dice que a los jueces se les paraliza si la Junta deja de enviar denuncias.
?Qu¨¦ ocurrir¨¢ si la nueva corporaci¨®n sigue empe?ada en dar por v¨¢lido el plan ilegal de 1998? "Por inactividad municipal, la Junta puede desarrollar terrenos que afectan al plan legal de 1986 y que no se hacen porque ahora tienen una expectativa de construcci¨®n menor a la que ellos quieren". Los constructores insisten en que ya no queda nada de ese suelo.
La fuga, el pasado mi¨¦rcoles, de tres concejales de Mu?oz que han creado un nuevo grupo municipal, el octavo, pone en peligro a los tr¨¢nsfugas socialistas y andalucistas que pueden ser reemplazados por los ex giles. Marbella, est¨¢ otra vez al rojo vivo.
Roca y las deudas pendientes
La permanencia en el Ayuntamiento de Juan Antonio Roca, el mu?idor de la pol¨ªtica urban¨ªstica de Jes¨²s Gil, es para algunos otra prueba de que el hombre que convirti¨® el Consistorio en un aparente negocio particular est¨¢ detr¨¢s del nuevo equipo. " Ten¨ªan un gran negocio montado que quieren mantener a toda costa. Las idas y venidas de maletines han sido constantes. Roca seguir¨¢ hasta que solucione todo lo que tienen pendiente. Ellos saben lo que ha habido por encima y por debajo de la mesa", acusa la dirigente del PP ?ngeles Mu?oz.
?A que se dedica Roca? "Es asesor en materia de urbanismo y colabora en el inventario municipal", responde Garc¨ªa Marcos, quien aparece fotografiada junto a ¨¦l, la alcaldesa y otras dos personas en el ¨²ltimo n¨²mero de la revista gratuita Absolute en una cena en el hotel Villapadierna, en Marbella. "Fue una coincidencia. Me lo encontr¨¦ all¨ª", explica la ex concejal socialista, que antes acusaba a Roca de m¨²ltiples delitos y ahora acaba de impedir la votaci¨®n de una moci¨®n del PP en la que se le reprobaba.
"No es una pieza clave y cuando termine su trabajo se ir¨¢", asegura la alcaldesa. "Yo s¨¦ lo que no hace. No hace convenios ni concede licencias. Colabora en la b¨²squeda de documentos que han desaparecido", apostilla Aguilera.
La Polic¨ªa Municipal investiga el robo de cientos de documentos de la sede de la delegaci¨®n municipal de Urbanismo d¨ªas antes de la moci¨®n de censura que descabalg¨® a Mu?oz. "Encontramos los armarios vac¨ªos. Se los llevaron gente de un empresa de seguridad", dice Hern¨¢ndez. Mu?oz firm¨® todos los convenios urban¨ªsticos que se acordaron durante su mandato. Concedi¨® licencias para 9.800 viviendas.
Los convenios urban¨ªsticos firmados por Gil y Mu?oz desde que llegaron al poder en 1991 son uno de los secretos mejor guardados. Se especula con la cifra de 500. El PP los ha reclamando y los miembros del Gobierno tr¨¢nsfuga aseguran que no saben d¨®nde est¨¢n. "No los entregamos porque no los tenemos. Muchos han desaparecido", responde Garc¨ªa Marcos.
En esos convenios con constructores y particulares figuran las presumibles ventajas econ¨®micas que el Consistorio obtuvo por cesiones y recalificaciones. Unos beneficios p¨²blicos que no aparecen por ninguna parte. El juez Ismael Moreno tramita en la Audiencia Nacional una querella contra Gil, Mu?oz y 33 concejales de su grupo, por los presuntos delitos continuados de prevaricaci¨®n y malversaci¨®n contra la Seguridad Social y Hacienda. Seg¨²n el escrito de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, la gesti¨®n del GIL gener¨® un fraude de "extraordinaria magnitud econ¨®mica" y 372 millones de euros est¨¢n sin justificar. La contrataci¨®n del Ayuntamiento s¨®lo garantizaba la participaci¨®n a los que estaban "en connivencia" con el grupo de Gil. ?l lo niega y dice que es objeto de una persecuci¨®n.
En los c¨ªrculos de la construcci¨®n marbell¨ª se asegura que Roca est¨¢ arreglando los compromisos pendientes que el brusco giro de los jueces del Tribunal Superior de Andaluc¨ªa ha impedido cumplir.
Un letrado que trabaja para constructoras va m¨¢s lejos: "Gente del anterior equipo est¨¢ devolviendo dinero que cobr¨®, porque no pueden cumplir acuerdos que cerraron. Alguno sigue ah¨ª para salvar su pellejo. Sabemos de la amenaza de muerte a un funcionario por parte de un ruso para que le devuelvan el dinero que pag¨® por la recalificaci¨®n de una parcela en Sierra Blanca, en la que ahora no puede construir".
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