El guardi¨¢n de la Audiencia

El Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, que naci¨® el 29 de mayo pasado en medio de la pol¨¦mica y el rechazo de seis partidos -IU, PNV, Bloque Nacionalista Galego (BNG), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Iniciativa per Catalunya (IC-V) y Eusko Alkartasuna (EA)- ha remontado el vuelo en sus primeros seis meses de funcionamiento.

Encargado de los 2.300 presos condenados y preventivos de la Audiencia Nacional, muchos de los m¨¢s peligrosos de Espa?a puesto que se trata de terroristas, grandes narcotraficantes o autores de delitos econ¨®micos que afectan a la econom¨ªa nacional, el Juzgado Central de Vigilancia se encarga de gestionar sus peticiones de libertad condicional, los permisos o las clasificaciones de grados, as¨ª como otras incidencias que ocurran en la prisi¨®n. No han transcurrido seis meses y ya han entrado para su tramitaci¨®n 2.200 asuntos. "Una avalancha de papel", en palabras de la secretaria judicial, Gloria Sancho.

Al establecerse la responsabilidad de los padres se ha acabado con el terrorismo juvenil

En medio a?o, s¨®lo dos presos no volvieron del permiso concedido, y uno ya ha sido detenido

Para esa labor, el titular del juzgado, Javier G¨®mez Berm¨²-dez, que es tambi¨¦n juez central de Menores y forma parte de la Secci¨®n Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional -ahora es uno de los tres magistrados del tribunal que juzga la denominada Operaci¨®n Carro-, cuenta con una secretaria judicial en comisi¨®n de servicios, una oficial pendiente de destino y seis funcionarias interinas que no ten¨ªan conocimientos previos de la labor a desarrollar en el juzgado. Tanto es as¨ª que durante un tiempo la secretaria judicial ha tenido que dar clase de derecho procesal a las funcionarias interinas para que pudieran desarrollar su trabajo. El juez sin embargo no considera que ese hecho constituya un grave inconveniente, puesto que "es gente que amoldas a tu forma de trabajar".

G¨®mez Berm¨²dez se?ala que los permisos y las peticiones de libertad se resuelven en un periodo m¨¢ximo de 25 d¨ªas. "Hemos simplificado los tr¨¢mites y la oficina est¨¢ al d¨ªa", puntualiza.

"Al d¨ªa siguiente de la creaci¨®n del juzgado no hab¨ªa nada, pero en dos o tres semanas, el ministerio nos facilit¨® medios materiales y una aplicaci¨®n inform¨¢tica, Minerva, que hemos adaptado y ahora se va a exportar a los juzgados de Vigilancia Penitenciaria provinciales, lo que de alguna manera nos produce cierta satisfacci¨®n, por lo que tiene de trabajo bien hecho", indic¨® el magistrado.

Aunque en un primer momento el Consejo del Poder Judicial habl¨® de la creaci¨®n de varios juzgados de vigilancia penitenciaria en la Audiencia Nacional, por el momento s¨®lo existe uno. El juez considera que al menos el primer a?o no deben de crearse m¨¢s juzgados si queremos la unificaci¨®n de la doctrina sobre esta materia. En ese tiempo, la Sala ha tenido tiempo de confirmar o revocar las decisiones adoptadas por el juez central de Vigilancia Penitenciaria y formar un cuerpo doctrinal s¨®lido. "El objetivo", seg¨²n G¨®mez Berm¨²dez, "es tratar de forma diferente lo que es diferente".

El caso m¨¢s peliagudo que se le ha presentado es el de 71 etarras que solicitaron al mismo tiempo su progresi¨®n al tercer grado (semilibertad) para luego acceder a la libertad condicional. El magistrado G¨®mez Berm¨²dez dict¨® una providencia en la que les daba 30 d¨ªas para que, de acuerdo con los requisitos exigidos por la ley, los etarras solicitantes repudiaran p¨²blicamente la violencia, pidieran perd¨®n expresamente a las v¨ªctimas de sus delitos, e hicieran constar su prop¨®sito de hacer frente a las responsabilidades pecuniarias derivadas de los hechos por los que fueron condenados.

Las peticiones masivas de progresi¨®n de grado de los terroristas parec¨ªan un gesto destinado al entorno etarra y se adivinaba una presumible campa?a de desprestigio de los ¨®rganos del Estado, pero la tramitaci¨®n ha continuado. Sin embargo, transcurridos los 30 d¨ªas de plazo, ni uno solo de los etarras solicitantes ha contestado ni ha cumplimentado los requisitos.

El juez ha pedido a los centros penitenciarios que le remitan informes sobre la conducta de los etarras, detallando si secundan los actos de desobediencia de los otros presos de ETA y sus relaciones con otros reclusos no terroristas. Tambi¨¦n se reclama las fechas en las que los etarras cumplen las tres cuartas partes de sus condenas, para responder de forma individualizada a las peticiones.

El comportamiento de los etarras en prisi¨®n est¨¢ en el origen de multitud de sanciones, ya que hacen huelgas de hambre, huelgas de higiene (no se lavan y hacen sus necesidades en cubos que luego tiran por el pasillo o ensucian las paredes) y huelgas de patio (se niegan a salir al patio), lo que causa gran cantidad de papeleo, adem¨¢s del que los propios terroristas env¨ªan al juzgado, como manifiestos pol¨ªticos sobre la situaci¨®n de Euskadi.

El juez G¨®mez Berm¨²dez es optimista en cuanto al futuro del juzgado y considera que dada la l¨ªnea marcada en las resoluciones adoptadas en estos primeros seis meses, probablemente el n¨²mero de asuntos bajar¨¢ dr¨¢sticamente y puede que se reduzca a la mitad.

El magistrado cree que las reformas legislativas del ¨²ltimo a?o han incidido directamente en el trabajo del juzgado. Por un lado, al establecerse la responsabilidad solidaria de los padres para el caso de los menores implicados en hechos de terrorismo callejero o kale borroka, se ha acabado de hecho con el terrorismo juvenil. Por otro lado, las leyes 6 y 7 de 2003, de reforma de la Ley General Penitenciaria y sobre cumplimiento ¨ªntegro y efectivo de las penas, establecen criterios que han facilitado enormemente la labor del juzgado. Estos criterios supusieron que no se permitiera a los etarras cursar estudios en la Universidad del Pa¨ªs Vasco -en la UNED no hay inter¨¦s en matricularse-, que Mario Conde haya ofrecido el pago a Banesto de la responsabilidad pecuniaria a la que fue condenado, como paso previo a salir de prisi¨®n, o que el ex general Rodr¨ªguez Galindo no haya podido acceder al tercer grado penitenciario (semilibertad).

En estos seis meses s¨®lo se han fugado dos reclusos a los que se concedi¨® permiso, y uno ya ha sido encarcelado de nuevo. Entre los que se ha concedido la libertad condicional, el pasado viernes se supo que I?aki Arietaleaniz Teller¨ªa no ha comparecido y se encuentra en paradero desconocido.