El Consejo General de la Abogac¨ªa pide para los letrados un trato especial en el canon de los CD

El Consejo General de la Abogac¨ªa Espa?ola (CGAE), que representa a todos los letrados de Espa?a, ha dado su apoyo al asociado que impugn¨® el canon sobre los CD y DVD v¨ªrgenes ante el Tribunal de Defensa de la Competencia.

El acuerdo entre seis entidades de gesti¨®n de los derechos de autor y la asociaci¨®n de fabricantes Asimelec estableci¨® que por cada CD y DVD virgen vendido se pagar¨¢ 0,17 euros m¨¢s para compensar a los autores por la copia privada. Un pacto que ha originado multitud de protestas en Espa?a desde su implantaci¨®n el pasado 1 de septiembre.

A finales de agosto, el abogado Javier de la Cueva lo impugn¨® por atentar contra la libre competencia de los profesionales del derecho. "Es un disparate jur¨ªdico que un documento judicial, como lo es el CD en el que se registra el juicio oral en las vistas civiles, est¨¦ sometido al canon para compensar a los m¨²sicos por la copia privada", que regula la Ley de Propiedad Intelectual (LPI). De la Cueva tambi¨¦n pidi¨® apoyo institucional al Consejo General de Abogados "para que defendiera al colectivo a nivel nacional". Tras analizar su petici¨®n, la Comisi¨®n Permanente del Consejo ha acordado "por unanimidad" que se establezcan "condiciones especiales para los profesionales del derecho en relaci¨®n con el canon". Y ha remitido su propia solicitud y copia de la carta al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El abogado considera "muy importante el apoyo institucional del Consejo a estos profesionales del derecho". Un colectivo que engloba, adem¨¢s de abogados y procuradores, a notarios y registradores de la propiedad. Por ello, ha remitido a sus respectivos colegios prefesionales una copia de la carta que le envi¨® la Comisi¨®n Permanente, fechada el 11 de noviembre. "Espero que estos colectivos se pronuncien respecto a adherirse para ser exceptuados del canon, ya que tambi¨¦n utilizan este soporte inform¨¢tico en su actividad profesional", asegura.

A los notarios les afecta en las copias de seguridad de las notar¨ªas. A los registradores mercantiles, por ejemplo, les afecta porque deben realizar copias de seguridad (backups) del registro mercantil central "que est¨¢ disponible en Internet a trav¨¦s de la p¨¢gina Rmc.es, adem¨¢s de las copias de seguridad del resto de registros de la propiedad que tambi¨¦n est¨¢n informatizados".

La LPI establece que el Gobierno puede regular la implantaci¨®n del canon. Es el Ministerio de Cultura "el responsable de redactar las excepciones al canon, recogidas actualmente en el Real Decreto 325/1994".

Ampar¨¢ndose en el derecho de petici¨®n -"que tenemos los ciudadanos para proponer mejoras en los servicios de la Administraci¨®n", explica-, ha pedido por escrito a la ministra de Cultura, Pilar del Castillo, que regule en qu¨¦ ¨¢reas se deben establecer las excepciones.

Otros afectados

Las instituciones u organizaciones afectadas son, seg¨²n De la Cueva, los organismos p¨²blicos (Administraci¨®n central, auton¨®mica y ayuntamientos), porque "el canon supone un incremento de los gastos p¨²blicos que repercute en impuestos a los ciudadanos". Los ¨®rganos institucionales (Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Parlamento y Asambleas Legislativas de las Autonom¨ªas), "por el ahorro que supone en los Presupuestos Generales del Estado y para impedir que a las sociedades gestoras del copyright se les conceda de facto el derecho de fiscalizaci¨®n sobre esos ¨®rganos".

Dos sentencias falladas a favor de la SGAE -caso Traxdata y caso Federaci¨®n de Municipios- le dan a la sociedad el derecho de fiscalizaci¨®n de las actividades econ¨®micas de los deudores de la compensaci¨®n por copia privada "incluso de las administraciones p¨²blicas cuando la Constituci¨®n s¨®lo se lo otorga al Tribunal de Cuentas".

Tambi¨¦n se librar¨ªan de pagar "todos aquellos organismos implicados en la investigaci¨®n m¨¦dica, sanitaria y cient¨ªfica en general; los sectores de la seguridad y las comunicaciones a¨¦reas, universidades y los sectores del software y la inform¨¢tica". Adem¨¢s, explica el abogado, la excepci¨®n que puede establecer el Gobierno rige sobre "los formatos que ya figuran en el Real Decreto anterior y, por supuesto, debe declararse expresamente la de los discos duros de los ordenadores".