De amenaza interior a instrumento exterior

Durante a?os se le llam¨®, eufem¨ªsticamente, el "supuesto constitucional m¨¢ximo"; aunque era claramente inconstitucional: la posibilidad de que las Fuerzas Armadas tomaran el poder para defender la unidad de Espa?a o la propia Constituci¨®n de una presunta amenaza. Dicha hip¨®tesis, alentada desde la ultraderecha, pretend¨ªa basarse en el art¨ªculo 8 de la Carta Magna, que encomienda a los ej¨¦rcitos de Tierra, la Armada y el Aire la misi¨®n de "garantizar la soberan¨ªa e independencia de Espa?a, defender la integridad territorial y el ordenamiento constitucional". Este texto figuraba ya en el primer borrador de la Constituci¨®n, filtrado en noviembre de 1977, y no se alter¨® durante la negociaci¨®n, si bien experiment¨® un sustancial avance, pasando del art¨ªculo 123 al 8 e incorpor¨¢ndose as¨ª al T¨ªtulo Preliminar de la Carta Magna, donde se sientan las bases de la Monarqu¨ªa parlamentaria.

ART?CULO 8, 1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ej¨¦rcito de Tierra, la Armada y el Ej¨¦rcito del Aire, tienen como misi¨®n garantizar la soberan¨ªa e independencia de Espa?a, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional

Fue una concesi¨®n de las fuerzas pol¨ªticas hacia la instituci¨®n a la que el general Franco hab¨ªa encomendado el papel de cancerbero del r¨¦gimen surgido de la Guerra Civil. La visualizaci¨®n del engarce de las Fuerzas Armadas heredadas del franquismo en el nuevo Estado democr¨¢tico se plasm¨® en junio de 1978, cuando el vicepresidente Manuel Guti¨¦rrez Mellado acudi¨® por primera vez de uniforme al Congreso para votar la Constituci¨®n. El 23 de febrero de 1981, la resistencia del propio general Guti¨¦rrez Mellado a doblegarse ante los golpistas salv¨® al Ej¨¦rcito del descr¨¦dito al que le arrastraban un pu?ado de nost¨¢lgicos salvapatrias, espoleados por un terrorismo que se ceb¨® con particular crueldad en los militares.

La llegada del PSOE al poder, el 28 de octubre de 1982, s¨®lo un mes despu¨¦s de que se desarticulara la ¨²ltima intentona, puso fin a m¨¢s de un siglo de asonadas y pronunciamientos militares. Pero la definitiva subordinaci¨®n de las Fuerzas Armadas al poder civil llev¨® m¨¢s tiempo. Requiri¨® de una serie de reformas, como la Ley de Criterios B¨¢sicos de la Defensa Nacional, de 1984, modificaci¨®n de la de 1980, en la que se dejaba claro que la direcci¨®n de la pol¨ªtica militar corresponde al presidente del Gobierno, y por delegaci¨®n, al ministro de Defensa, relegando a la Junta de Jefes de Estado Mayor al papel de ¨®rgano asesor de los anteriores, y acabando as¨ª con las ilusiones de los defensores de la llamada autonom¨ªa militar: la subordinaci¨®n directa de los ej¨¦rcitos al Rey, al margen del Gobierno.

Sin embargo, m¨¢s all¨¢ de los cambios legales, fueron las nuevas misiones las que obligaron a las Fuerzas Armadas a dejar de mirar hacia la situaci¨®n interna para volcarse en la pol¨ªtica exterior. El refer¨¦ndum de 1986 confirm¨® la pertenencia de Espa?a a la OTAN, en la que Calvo Sotelo la meti¨® a toda prisa en mayo de 1982, y en 1989 los primeros oficiales se incorporaron a una operaci¨®n de la ONU en Angola. Desde entonces, m¨¢s de 50.000 militares espa?oles han estado en Namibia, Centroam¨¦rica, Kurdist¨¢n, Bosnia, Kosovo o Irak. Aunque estas misiones no figuraban en el art¨ªculo 8, se han convertido en la principal actividad del Ej¨¦rcito, que tuvo que cambiar una estructura basada en la ocupaci¨®n del propio territorio por otra dirigida a la proyecci¨®n exterior.

Del Ej¨¦rcito de masas de principios de los ochenta (con m¨¢s de 330.000 efectivos) se pas¨® a otro reducido (120.000 en la actualidad), que, aunque no con la rapidez que esperaban los militares, ha ido dot¨¢ndose de los medios m¨¢s avanzados: los cazas F-18 o Eurofigther, las fragatas F-100 o los carros de combate Leopard. Pese al ingreso en la OTAN, EE UU mantuvo sus bases en Espa?a -reducidas a Rota y Mor¨®n tras la dura negociaci¨®n del convenio de 1988-, que jugaron un papel fundamental en las guerras del Golfo de 1991 y 2003.

Un cuarto de siglo despu¨¦s, el art¨ªculo 8 sigue vigente, pero ya nadie discute que la responsabilidad sobre el papel que jueguen las Fuerzas Armadas, como instrumento de pol¨ªtica exterior o incluso como baluarte ¨²ltimo de la integridad territorial, depende en exclusiva del Gobierno. El Ej¨¦rcito, en palabras de uno de sus ex jefes, Jos¨¦ Faura, es "un servidor de la Constituci¨®n, no su int¨¦rprete".