La igualdad ante la salud

Desde 1978, los espa?oles tenemos derecho a que nuestra salud est¨¦ protegida. La salud de todos y cada uno de nosotros es responsabilidad del Estado.

La salud es un bien propio, de cada individuo, que requiere para su realizaci¨®n efectiva la actuaci¨®n de los poderes p¨²blicos. Est¨¢ ¨ªntimamente relacionado con el derecho a la vida, cuya protecci¨®n y tutela por el Estado no puede limitarse a impedir que nos sea arrebatada, sino que tenemos derecho a vivir sanos, a que nuestra existencia discurra en las condiciones adecuadas de calidad.

La protecci¨®n de la salud deviene as¨ª en un bien jur¨ªdico fundamental, vinculado a la libertad, a la dignidad y al libre desarrollo de la personalidad.

ART?CULO 43, 1 y 2. Se reconoce el derecho a la protecci¨®n de la salud. Compete a los poderes p¨²blicos organizar y tutelar la salud p¨²blica a trav¨¦s de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios sanitarios

Las enfermedades que hoy nos afligen son enormemente costosas y de tratamientos prolongados. No elegimos el momento en que enfermamos; no sabemos qu¨¦ tratamiento nos conviene; no podemos prevenir su coste ni su duraci¨®n; ni siquiera sabemos, en ocasiones, si estamos ante un consejo sanitario o un reclamo comercial.

Necesitamos la garant¨ªa de lo p¨²blico, de lo que es de todos, no s¨®lo para acceder a la protecci¨®n de la salud y a la atenci¨®n sanitaria en condiciones de igualdad, sino tambi¨¦n para que nuestro desvalimiento ante la enfermedad y nuestras leg¨ªtimas expectativas de mejor calidad de vida no sean objeto de intereses ajenos al de procurar en cada caso la mejor atenci¨®n a nuestros padecimientos.

La igualdad ante la salud es una conquista fundamental de nuestra sociedad. Y ha costado mucho llegar a ella.

El Estado empez¨® contemplando la salud como una funci¨®n de polic¨ªa, limit¨¢ndose a tutelar la higiene y la salud p¨²blica para salvaguardar a la comunidad de las epidemias, y realizando con los m¨¢s necesitados una intervenci¨®n marginal que llamaba beneficencia.

El Seguro Obligatorio de Enfermedad, primero, y la Asistencia Sanitaria de la Seguridad Social, despu¨¦s, dotaron de cobertura sanitaria a los trabajadores y sus familias, para atender la enfermedad de quienes financiaban el sistema con sus cotizaciones.

Coincidiendo con la transici¨®n democr¨¢tica, la opini¨®n de los espa?oles reflejaba de manera rotunda -70% de los consultados- la necesidad de transformar el sistema de atenci¨®n sanitaria.

La Constituci¨®n de 1978 incorpora entonces los derechos sociales, como la protecci¨®n de la salud, al ¨¢mbito de actuaci¨®n de los poderes p¨²blicos, y en su desarrollo, en 1986 se aprueba la Ley General de Sanidad, durante el primer Gobierno socialista presidido por Felipe Gonz¨¢lez, siendo ministro de Sanidad Ernest Lluch.

Se cre¨® el Sistema Nacional de Salud, que ha ido consolidando un modelo sanitario p¨²blico, universal -siete millones de espa?oles que carec¨ªan de cobertura sanitaria fueron incorporados al sistema-, financiado mediante ingresos del Estado, dejando las cotizaciones sociales para atender las prestaciones contributivas de la Seguridad Social, que garantiza el acceso equitativo a los servicios de salud -iguales prestaciones para iguales necesidades-, gestionado por las comunidades aut¨®nomas, y que tiene encomendada la protecci¨®n efectiva de nuestra salud.

Es decir, tenemos derecho a la protecci¨®n de la salud por el hecho de ser personas. La sanidad se paga con nuestros impuestos. Y la atenci¨®n que hemos de recibir no ha de esperar a que estemos enfermos, sino que tenemos derecho a la prevenci¨®n de la enfermedad, a la promoci¨®n de la salud, a la educaci¨®n sanitaria, y, en definitiva, a que nuestra vida discurra en las mejores condiciones de calidad.

A principios de los noventa, Unicef calificaba los avances logrados en Espa?a en indicadores de salud como "impresionantes", y la OMS situaba el Sistema Nacional de Salud espa?ol en s¨¦ptimo lugar en la clasificaci¨®n de todos los sistemas sanitarios del mundo.

El Informe de la ONU que valora peri¨®dicamente el grado de desarrollo humano de los diferentes pa¨ªses del mundo, a trav¨¦s de indicadores econ¨®micos, socio-sanitarios, educativos, culturales y de desigualdades sociales, situ¨® a Espa?a, en 1995, en el noveno lugar de la clasificaci¨®n. En el de a 2002, ha descendido hasta el lugar 21.

Ninguna conquista social es irreversible, y, en nuestro caso, el riesgo de retroceder, cuando todav¨ªa no hemos llegado al estado de bienestar del que disfrutan nuestros paisanos europeos, se convierte en siniestro.

La desigualdad ante la salud es la m¨¢s insoportable de las desigualdades. El vigesimoquinto aniversario de nuestra Constituci¨®n es una buena ocasi¨®n para reivindicar la efectividad del derecho a la protecci¨®n de la salud, esto es, a la dignidad, la libertad y la cohesi¨®n social.

?ngeles Amador es ex ministra de Sanidad.