La Constituci¨®n apropiada

El 6 de diciembre de 1978 cerca de dieciocho millones de ciudadanos y ciudadanas participaron en el primer refer¨¦ndum vinculante de la historia constitucional espa?ola, un acto de democracia directa que dio como resultado la aprobaci¨®n del texto que ha servido como norma suprema del ordenamiento jur¨ªdico del Estado espa?ol durante 25 a?os. Esta consulta a la ciudadan¨ªa, m¨¢xima expresi¨®n del poder constituyente popular, ha de conmemorarse y, ahora m¨¢s que nunca, utilizarse como referente de respeto a las libertades civiles y pol¨ªticas, que tan denostadas se vieron durante la dictadura y que por fin, tras largos a?os de lucha, se consagraron en el texto constitucional que hoy cumple un cuarto de siglo.

La Constituci¨®n Espa?ola ha venido significando, a lo largo de estos a?os, un s¨ªmbolo de unidad y un marco de convivencia encuadrada en los derechos fundamentales y las libertades p¨²blicas que el texto reconoce. As¨ª mismo, la estructura territorial regulada en el T¨ªtulo VIII de la norma, ha marcado el camino recorrido por las nacionalidades que conforman el Estado.

La actualidad pol¨ªtica m¨¢s reciente, la propuesta de Nuevo Estatuto para Euskadi o los resultados de las elecciones auton¨®micas de Catalu?a, ha puesto de manifiesto, sin lugar a dudas, que el consenso y la simbolog¨ªa inicial del texto han perdido peso pol¨ªtico y social. Una p¨¦rdida que no es imputable, tal y como pretende el Partido Popular, a las voces que propugnamos la reforma de una norma que prev¨¦, como no pod¨ªa ser menos, su propio procedimiento de adecuaci¨®n a los cambios que la sociedad demanda. Muy al contrario, el verdadero ataque a la Constituci¨®n lo realizan aquellos que utilizan el ordenamiento jur¨ªdico y las instituciones del Estado de manera interesada, en defensa de un modelo ¨²nico y parapetados en una mayor¨ªa absoluta, poniendo en tela de juicio el principio de separaci¨®n de poderes y contrariando los principios de pluralismo, respeto y posibilidad de reforma que inspiraron la norma.

Hoy en d¨ªa es necesario considerar la Constituci¨®n como marco pero nunca como un freno o una prisi¨®n de la convivencia y de las transformaciones sociales. Toda norma jur¨ªdica, incluidas las normas constitucionales, ha de adecuarse a la realidad social que pretende regular puesto que, de lo contrario, devendr¨ªa obsoleta y poco eficaz. Por ello, la sacralizaci¨®n del marco constitucional actual como algo inmutable no encuentra justificaci¨®n sino en una voluntad de utilizaci¨®n pol¨ªtica partidista de una norma pactada por todos y propiedad, si es que las normas jur¨ªdicas pueden apropiarse, del pueblo soberano que la aprob¨® en refer¨¦ndum.

Una sacralizaci¨®n falsa y de doble rasero puesto que la verdadera traici¨®n a la Constituci¨®n se ha realizado a trav¨¦s de las pol¨ªticas adoptadas por el gobierno del Partido Popular que ha desmantelado una cuesti¨®n tan b¨¢sica y enraizada en la norma constitucional como es el Estado Social, consagrado en el art¨ªculo primero de la norma, a trav¨¦s de las privatizaciones de los servicios p¨²blicos, de la desregularizaci¨®n del mercado laboral o con la quiebra del principio de proporcionalidad fiscal.

El momento actual reclama m¨¢s all¨¢ de una conmemoraci¨®n del viejo consenso, una revisi¨®n de las posiciones, actuaciones y actitudes seguidas hasta la fecha por los gobernantes y los partidos pol¨ªticos. Un r¨¢pido repaso nos revela la falta de coherencia de las posturas mantenidas para con la norma constitucional. Pongamos, por ejemplo, la participaci¨®n del Estado espa?ol en la guerra de Irak sin la realizaci¨®n del preceptivo control parlamentario de las misiones en el exterior (armadas o no armadas), o la falta de transparencia y del gobierno en la gesti¨®n del hundimiento del Prestige o el lamentable espect¨¢culo acaecido en la Asamblea de la Comunidad de Madrid que ha conllevado una vez m¨¢s la puesta en entredicho de la ¨¦tica y la honestidad de los dirigentes pol¨ªticos de los dos partidos mayoritarios, o, la ¨²ltima y lamentable reforma del c¨®digo penal para intervenir en el debate pol¨ªtico

Llegados a este punto y siendo manifiestamente obvia la distancia entre las pol¨ªticas del gobierno y los principios inspiradores de la norma constitucional (libertad, justicia, igualdad y pluralismo pol¨ªtico), cabe preguntarse por qu¨¦ se sigue considerando las propuestas de reforma constitucional como un ultraje a un texto de facto ultrajado.

La respuesta no puede ser otra que el miedo al cambio y a la p¨¦rdida de poder, un poder que, en realidad, pertenece a la ciudadan¨ªa en su conjunto y que, cada vez en mayor medida, est¨¢ siendo reivindicado por la sociedad civil. Frente al inmovilismo y al atrincheramiento en las mayor¨ªas parlamentarias es necesaria una regeneraci¨®n de modos y maneras de hacer y vivir la pol¨ªtica, acompa?ado de un debate sereno acerca de las normas que organizan nuestra sociedad, cuyo protagonista fundamental ha de ser la sociedad civil.

La ¨²nica v¨ªa de conmemorar realmente el consenso de hace 25 a?os es renov¨¢ndolo, abriendo nuevas formas de participaci¨®n y de organizaci¨®n ciudadana, fomentando el pluralismo, garantizando la convivencia democr¨¢tica en un orden econ¨®mico justo y en una estructura territorial adecuada a las demandas sociales y fomentando nuevas formas de democracia directa, lo cual no admite, sin lugar a dudas, la criminalizaci¨®n de una de sus formas por excelencia como es el refer¨¦ndum.

Joan Rib¨® es portavoz del L'Entesa en las Cortes Valencianas