Las empresas renuncian al juez

Santander Central Hispano (SCH) y Total renunciaron hace ocho a?os a llevar sus disputas sobre Cepsa a un tribunal. Hoy el conflicto -Total gan¨® el primer asalto- est¨¢ en manos de un ¨®rgano arbitral holand¨¦s. El arbitraje internacional, un m¨¦todo privado alternativo a los tribunales, promete soluciones neutrales y m¨¢s r¨¢pidas y, sobre todo, con menos publicidad. Por eso, cada vez m¨¢s grandes compa?¨ªas est¨¢n dispuestas a asumir su sobrecoste. De escasa tradici¨®n en Espa?a, la ley que se tramita estos d¨ªas puede darle el respaldo definitivo.

El a?o pasado, 56 firmas espa?olas se vieron involucradas en demandas ante la C¨¢mara de Comercio Internacional de Par¨ªs

El ¨¢rbitro es belga; la corte, holandesa; las empresas enfrentadas, un banco espa?ol y una petrolera francesa; sus abogados se reparten entre Madrid, Par¨ªs y Amsterdam; la primera vista se celebr¨® en Bruselas; el proceso se desarrolla en franc¨¦s, espa?ol e ingl¨¦s y el derecho al que se somete el caso es el espa?ol. Parece de locos, pero el caso que enfrenta al banco Santander Central Hispano (SCH) con la petrolera Total a prop¨®sito de Cepsa es un arbitraje internacional m¨¢s.

Las dos empresas, que manten¨ªan un pacto parasocial para el control de la petrolera espa?ola, incluyeron en 1995 una cla¨²sula por la cual renunciaban a llevar cualquier conflicto a los tribunales y se compromet¨ªan a hacerlo ante el Instituto Arbitral de La Haya. Se trata de un recurso habitual en los contratos entre grandes empresas de distinto pa¨ªs, seg¨²n varios abogados especializados, por dos razones fundamentales: se busca la mayor neutralidad posible y rapidez para no entorpecer el negocio.

L¨®gicamente Total, que es una empresa francesa, no querr¨ªa enfrentarse a la entidad que preside Emilio Bot¨ªn, uno de los empresarios m¨¢s poderosos de Espa?a, en un tribunal espa?ol. Y el SCH descartar¨ªa la corte arbitral m¨¢s conocida de Europa, la de la C¨¢mara de Comercio de Par¨ªs (CCI en sus siglas francesas) por ser terreno enemigo, argumentan distintas fuentes cercanas al caso.

La respuesta estaba pues en el arbitraje, que se caracteriza por su flexibilidad, pues basta el acuerdo de las partes para modificar el procedimiento arbitral. El SCH no es la ¨²nica empresa espa?ola envuelta en un arbitraje internacional. De las 1.622 partes implicadas en nuevas demandas ante el CCI el a?o pasado, 56 eran espa?olas (26 como demandantes y 28 demandadas), lo que coloca a Espa?a como la s¨¦ptima nacionalidad que m¨¢s recurre a esta corte.

Lo ¨²nico determinado a priori en estos procesos es lo recogido en la cl¨¢usula arbitral, que suele incluir el tipo de arbitraje -la corte elegida o c¨®mo se constituir¨¢ el tribunal si este es ad hoc-; las reglas y el derecho que se aplica; la sede y el idioma a emplear.

"Lo normal es acudir a una instituci¨®n [como el CCI o la Triple A americana] y someterse al reglamento de la misma", subraya Vicente Sierra, abogado de Freshfields, y miembro del equipo que defiende a Total frente al SCH, caso del que se niega a hablar como el resto de las fuentes jur¨ªdicas implicadas en el proceso.

Por eso en este caso, la demanda la ver¨¢n dos tribunales arbitrales, algo no muy habitual. Un ¨¢rbitro ha decidido ya sobre las medidas cautelares pedidas por la petrolera y un segundo tribunal, formado por tres personas a¨²n por decidir, resolver¨¢ el fondo de la cuesti¨®n, es decir, si la oferta de adquisici¨®n que Bot¨ªn lanz¨® sobre el 16% de Cepsa viol¨® el pacto con su socio franc¨¦s.

El procedimiento arbitral es parecido a cualquier juicio. Pero m¨¢s aparatoso. Primero hay que ponerse de acuerdo para nombrar al ¨¢rbitro. Luego est¨¢ la vista, que implica casi siempre el desplazamiento de grandes equipos, pues adem¨¢s de abogados suelen participar muchos expertos -en Bruselas estuvieron al menos ocho catedr¨¢ticos espa?oles- para explicar al juez una legislaci¨®n que normalmente no conoce; traductores y mucha documentaci¨®n. Es habitual que ¨¦stas lleguen a un acuerdo antes de que se cierre el arbitraje.

Todo ello hace que estos procesos sean ostensiblemente m¨¢s caros que un juicio, aunque nadie se atreve a cuantificar cu¨¢nto. A los costes habituales hay que a?adir las tarifas del arbitraje y los honorarios del ¨¢rbitro. "No merece ir a un arbitraje internacional si la reclamaci¨®n es peque?a", resume Javier Garc¨ªa de Enterr¨ªa, uno de los catedr¨¢ticos que estuvo en Bruselas de la mano del SCH.

Entre las ventajas que los defensores del arbitraje citan est¨¢ su rapidez. Al ser un proceso de un ¨²nico acto, que acaba normalmente cuando se notifica el laudo, suele durar menos que si el caso se trasladara a la jurisdicci¨®n civil. Las partes enfrentadas por Cepsa han calculado un m¨ªnimo de nueve meses para la decisi¨®n final y Jos¨¦ Antonio Ca¨ªnzos, de Clifford Chance, estima que un arbitraje internacional normal ronda el a?o y medio.

Estos procesos privados suelen tener adem¨¢s menos repercusi¨®n p¨²blica. La CCI, por ejemplo, da a conocer sus decisiones sin identificar a las partes. A pesar de ello, cada vez son m¨¢s los casos p¨²blicos porque, como explica Juan Fern¨¢ndez-Armesto, ex presidente de la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores y abogado especializado en arbitraje, las empresas cotizadas suelen comunicar sus resultados como hecho relevante.

El arbitraje internacional est¨¢ en expansi¨®n porque las relaciones comerciales entre empresas de distinta nacionalidad aumentan y los jueces son cada vez menos reacios a una figura que les quita trabajo. Si en 1995 el CCI registr¨® 427 nuevas demandas, el a?o pasado ¨¦stas ascendieron a 593, con un crecimiento anual que roza el 5% en los dos ¨²ltimos a?os.

Sin embargo, "en Espa?a queda mucho por hacer", resume Vicente Sierra el sentir de la mayor¨ªa de sus colegas. La nueva ley de arbitraje, que debate estos d¨ªas el Parlamento y podr¨ªa entrar en vigor en marzo de 2004, dar¨¢ un espaldarazo a estos procesos pues se inspira en la ley impulsada por la ONU. Puede que entonces se produzca algo que todos los abogados especializados echan de menos: que adem¨¢s de que las empresas espa?olas se beneficien del arbitraje, Espa?a se convierta en sede internacional de estos procesos.