Imputadas por delitos urban¨ªsticos 46 personas en la provincia de C¨¢diz

El servicio de Medio Ambiente de la Fiscal¨ªa de C¨¢diz ha imputado a un total de 46 personas de varios delitos urban¨ªsticos y contra la ordenaci¨®n del territorio por auspiciar construcciones ilegales en varias poblaciones de la provincia gaditana. Se trata de una actuaci¨®n conjunta entre el Ministerio P¨²blico con las consejer¨ªas de Obras P¨²blicas y de Medio Ambiente de la Junta de Andaluc¨ªa y la Polic¨ªa auton¨®mica para perseguir las infracciones urban¨ªsticas que se producen en la provincia.

La consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, valor¨® ayer en Puerto Real los resultados de este novedoso programa de actuaci¨®n. "Se est¨¢n viendo ya los primeros efectos positivos de esta colaboraci¨®n institucional desde la creaci¨®n de la Fiscal¨ªa especial sobre delitos urban¨ªsticos", subray¨® Coves.

La Fiscal¨ªa gaditana y el Gobierno andaluz han fomentado en los ¨²ltimos meses la figura de la polic¨ªa urban¨ªstica, que coordina el servicio fiscal de Medio Ambiente que dirige ?ngel N¨²?ez, y se ha intensificado el intercambio de informaci¨®n entre ambos organismos para agilizar las intervenciones. En la ¨²ltima actuaci¨®n, seg¨²n inform¨® ayer Diario de C¨¢diz, los fiscales gaditanos han instruido 34 atestados en los que han resultado imputadas 46 personas. Son fundamentalmente promotores inmobiliarios, constructores o t¨¦cnicos municipales o privados que han promovido actuaciones urban¨ªsticas sin licencia de obra o sobre suelo protegido.

La mayor¨ªa de las actuaciones se han desarrollado en los municipios costeros del Campo de Gibraltar -especialmente en Algeciras y Tarifa-, en la costa noroeste de la provincia gaditana, como Chipiona, Rota y Sanl¨²car de Barrameda, adem¨¢s de en Chiclana, que es donde se localizan el mayor n¨²mero de infracciones urban¨ªsticas y operaciones especulativas con m¨¢s de cinco mil viviendas ilegales. Asimismo, Jerez es el municipio de interior donde m¨¢s denuncias se han tramitado.

La nueva ley de ordenaci¨®n urban¨ªstica obliga paralizar las obras de construcci¨®n de aquellas viviendas denunciadas y la obligaci¨®n de las administraciones afectadas a comunicar a la Fiscal¨ªa los expedientes sancionadores tramitados en caso de delito. Seg¨²n Fuensanta Coves, estamos ante "la culminaci¨®n de esa actuaci¨®n que ejecuta la Fiscal¨ªa que ya directamente llega a denunciar las construcciones ilegales que son detectadas, sobre todo, en las zonas de litoral". "?ste es el camino a seguir. La colaboraci¨®n persigue evitar que la construcci¨®n ilegal no se convierta en un h¨¢bito en esta comunidad", dijo.