Quien contamina, debe pagar

El inicio de una nueva reuni¨®n de la Conferencia de las Partes de la Convenci¨®n Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Clim¨¢tico ha puesto sobre la mesa la credibilidad del liderazgo de la Uni¨®n Europa ante este grave problema ambiental. Un reciente informe de la Agencia Europa del Medio Ambiente, hecho p¨²blico al hilo de la reuni¨®n, ha mostrado la preocupante evoluci¨®n del nivel de emisiones de algunos de los Estados miembros. Los datos del informe hacen temer que la UE no est¨¦ en condiciones de cumplir, para el per¨ªodo 2008-2012, su compromiso de reducci¨®n del 8% respecto a los niveles de 1990.

Entre las medidas que la Uni¨®n Europea ha puesto en marcha recientemente para avanzar en la lucha contra el cambio clim¨¢tico, destaca por su car¨¢cter innovador la directiva por la que se establece un r¨¦gimen para el comercio de derechos de emisi¨®n de gases de efecto invernadero. Esta directiva se hace eco de uno de los mecanismos de flexibilidad adoptados en el Protocolo de Kyoto.

El desmarque de Iberdrola respecto a las dem¨¢s compa?¨ªas recuerda lo ocurrido hace a?os en EE UU

La compraventa de derechos de emisi¨®n es un instrumento de mercado que goza de una s¨®lida base te¨®rica en la econom¨ªa ambiental y que ha sido aplicada con ¨¦xito en Estados Unidos en las emisiones de di¨®xido de azufre (lluvia ¨¢cida). El principal m¨¦rito de este instrumento es que disminuye sustancialmente los costes necesarios para obtener un determinado objetivo ambiental al introducir una gran flexibilidad en el sistema. Su racionalidad econ¨®mica descansa en la idea de que las empresas m¨¢s eco-eficientes puedan vender los derechos de emisi¨®n no utilizados a las empresas que, por ser menos eficientes, se vean necesitadas de adquirir nuevos permisos de emisiones. Al introducir ese juego de incentivos y desincentivos, favorece la renovaci¨®n tecnol¨®gica de la industria en una direcci¨®n ambientalmente positiva.

La directiva de la Uni¨®n Europea sobre comercio de emisiones se limita, de momento, a las emisiones de CO2. Abarca los sectores de la econom¨ªa m¨¢s energ¨¦ticamente intensivos: generaci¨®n de energ¨ªa, acero, cemento, vidrio, cer¨¢mica, papel y cart¨®n. Estos sectores cuentan con unas 4.000 instalaciones en la UE y son causantes del 46% del total de las emisiones de di¨®xido de carbono. Respecto a los resultados econ¨®micos de su aplicaci¨®n, se espera que los costes econ¨®micos europeos del cumplimiento de los objetivos fijados en Kyoto se reduzcan en torno al 20-25%.

Aunque la directiva ven¨ªa gest¨¢ndose hac¨ªa tiempo en Bruselas, su aprobaci¨®n ha cogido a buena parte de la industria energ¨¦tica espa?ola con el pie cambiado. La industria ha reaccionado con una ofensiva medi¨¢tica orquestada por la CEOE y dirigida a un doble objetivo. Por un lado, conseguir de Bruselas una aplicaci¨®n flexible y "comprensiva" de la directiva. Por otro, hacer que sea el Estado, es decir el bolsillo de los contribuyentes, quien asuma el coste de adquisici¨®n de los permisos de emisi¨®n necesarios una vez entre en vigor la directiva.

El balance de nuestro pa¨ªs en lo referente al cambio clim¨¢tico presenta un fracaso sin paliativos. Espa?a es, en la actualidad, el Estado miembro de la UE que ofrece peores resultados respecto a los objetivos fijados por el Protocolo de Kyoto. Las emisiones de gases de efecto invernadero han aumentado un 38% entre 1990 y 2002, cuando el m¨¢ximo fijado por el protocolo es un 15% para 2008-2012. El informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente arriba mencionado se?ala que el Estado espa?ol puede situarse en el per¨ªodo 2008-2012 un 48% por encima de las emisiones de 1990.

El sector energ¨¦tico espa?ol, responsable del 30% del total de las emisiones de di¨®xido de carbono, se enfrenta a un escenario en el que se va a ver obligado a adquirir un volumen importante de derechos de emisi¨®n en los pr¨®ximos a?os. Un escenario en el que se va a hacer realidad ese principio ambiental fundamental de la UE que dice que el que contamina, paga. Ante esa situaci¨®n, la industria de la energ¨ªa, representada por la CEOE, est¨¢ desarrollando una fuerte campa?a de presi¨®n hacia el Gobierno y la opini¨®n p¨²blica para evitar pagar por sus emisiones de di¨®xido de carbono. Argumenta que el Gobierno de Espa?a negoci¨® mal, en su d¨ªa, el acuerdo de Kyoto al conformarse con s¨®lo un 15% de incremento de las emisiones y que, en consecuencia, es el Gobierno quien debe deshacer el entuerto.

El secretario de Estado de Energ¨ªa, se?or Folgado, mostraba recientemente en Barcelona su comprensi¨®n hacia las razones de la industria, aportando incluso un tono de ¨¦pica nacional al asunto: "Nadie nos va a obligar a cumplir los compromisos de Kyoto sobre un cementerio de empresas", dijo. Gobierno, CEOE y la industria de la energ¨ªa formaban un s¨®lido y poderoso bloque... hasta que lleg¨® Iberdrola y rompi¨® filas. La compa?¨ªa el¨¦ctrica vasca se ha desmarcado de la coalici¨®n y, en l¨ªnea con su fuerte apuesta por aparecer ante la sociedad como una empresa energ¨¦tica verde, ha dicho que los compromisos ambientales de la directiva est¨¢n ah¨ª para ser cumplidos.

El argumento de la segunda empresa energ¨¦tica del Estado ha sido impecable: "Las el¨¦ctricas espa?olas pueden y deben cumplir con Kyoto y hacerlo con costes y ajustes razonables. S¨®lo hay que cumplir el Plan Energ¨¦tico Nacional y sustituir con centrales menos contaminantes el excesivo peso de las de carb¨®n en la producci¨®n. Ha habido tiempo para adaptarse y en Iberdrola hemos hecho los deberes. Otros no, y ah¨ª est¨¢ el problema" (EL PA?S, 20 de noviembre de 2003). Se puede decir m¨¢s alto, pero no m¨¢s claro.

El desmarque de Iberdrola recuerda lo ocurrido hace unos a?os en Estados Unidos. All¨ª, la Coalici¨®n Global del Clima reuni¨®, en su mejor momento, a muchas de las compa?¨ªas m¨¢s poderosas del mundo relacionadas con los combustibles f¨®siles. La coalici¨®n se hizo famosa por la financiaci¨®n de estudios que pon¨ªan en cuesti¨®n las conclusiones cient¨ªficas del Panel Intergubernamental para el Cambio Clim¨¢tico. Sin embargo, a partir de 1997, empresas l¨ªderes mundiales como BP, DuPont, Royal Dutch-Shell, Ford, Daimler-Chrysler, Texaco, General Motors..., se retiraron de una coalici¨®n que comenzaba a traspasar los l¨ªmites del rid¨ªculo cient¨ªfico. Los dirigentes de esas empresas hab¨ªan comprendido que el cambio clim¨¢tico no s¨®lo es uno de los m¨¢s serios problemas ambientales de nuestros d¨ªas, sino que es un tema que preocupa a millones de ciudadanos de todo el mundo que son tambi¨¦n sus clientes, cuando no sus accionistas.

Ante la nueva directiva sobre comercio de emisiones aprobada por la Uni¨®n Europea, los directores de las empresas de la industria de la energ¨ªa, que nunca creyeron de verdad que eso del cambio clim¨¢tico iba con ellos, deben ahora afrontar las consecuencias econ¨®micas de sus decisiones. La primera, pagar por contaminar, como viene exigiendo la doctrina ambiental de la UE desde hace d¨¦cadas. La segunda, rendir cuentas ante sus accionistas por su falta de visi¨®n y de previsiones.

Corren tiempos de incertidumbre en la consolidaci¨®n de los acuerdos de Kyoto. La UE, principal motor mundial de la lucha contra el cambio clim¨¢tico, debe mantener un firme liderazgo, basado en s¨®lidos principios Las instituciones de la Uni¨®n saben que tienen tras de s¨ª una sociedad civil que considera que el cambio clim¨¢tico es una de las amenazas ambientales m¨¢s graves de nuestros tiempos. Una sociedad civil que considera que el contamina, debe pagar. La Uni¨®n Europea se juega su credibilidad ambiental tambi¨¦n en el correcto cumplimiento de la Directiva sobre el comercio de emisiones.

Antxon Olabe es consultor ambiental.