Dos sentencias judiciales ponen l¨ªmites a la pol¨ªtica antiterrorista de la Casa Blanca

Por segunda vez, el destino pol¨ªtico del presidente de EE UU, George W. Bush, puede depender del Tribunal Supremo. Los mismos jueces que llevaron a Bush a la Casa Blanca tendr¨¢n que decidir el pr¨®ximo verano sobre la legalidad de la pol¨ªtica antiterrorista del Gobierno y su decisi¨®n de mantener encerrados en Guant¨¢namo (Cuba) a quienes ¨¦l mismo cataloga como "combatientes enemigos". La sentencia llegar¨¢ en plena campa?a para las presidenciales y el resultado puede acabar inclinando la balanza a favor de la reelecci¨®n o de la sustituci¨®n del presidente.

De las dos sentencias judiciales recientes en contra de la pol¨ªtica antiterrorista del Gobierno, una de ellas, formalizada en un tribunal de apelaciones de San Francisco, pone en entredicho la esencia misma de esa estrategia pol¨ªtico-judicial de George W. Bush. Un juez determin¨® que los 660 presos de Guant¨¢namo deben recibir las mismas prerrogativas judiciales que cualquier otro detenido en territorio de EE UU. El Gobierno ha amparado su tratamiento de estos presos en su clasificaci¨®n como "combatientes enemigos" y, sobre todo, en el hecho de que est¨¦n retenidos en un territorio que legalmente no pertenece a este pa¨ªs. EE UU paga una especie de alquiler anual al Gobierno de Cuba por la base de Guant¨¢namo, aunque hist¨®ricamente Fidel Castro se niega a cobrar la renta como gesto de desprecio por la ocupaci¨®n de esa base.

El juez de San Francisco ha determinado lo contrario. Establece que la base de Guant¨¢namo est¨¢ a todos los efectos bajo la autoridad de EE UU y se ve sujeta, por tanto, a los mismos derechos y deberes que se aplican en el territorio de este pa¨ªs. Sentada esa premisa, el tratamiento al que se somete a los presos -incomunicados, sin derecho a abogado y sin acusaciones formales contra ellos- es, seg¨²n el tribunal de apelaciones de San Francisco, "inconsistente con los principios fundamentales de la jurisprudencia estadounidense". Adem¨¢s, esa pol¨ªtica carcelaria, se dice en la sentencia, "plantea graves preocupaciones bajo las leyes internacionales".

El efecto inmediato es el derecho a un abogado para todos los presos retenidos en la isla, aunque el propio tribunal dej¨® en suspenso la aplicaci¨®n de la sentencia porque es consciente de que el Supremo ha aceptado pronunciarse sobre esta pol¨¦mica. El Gobierno, a trav¨¦s del portavoz de la Casa Blanca, ha recordado que otro tribunal de apelaciones en Washington se pronunci¨® en el sentido contrario al de San Francisco, que es un distrito judicial de principios m¨¢s liberales que los del resto del pa¨ªs.

Otro tribunal, esta vez en Nueva York, hab¨ªa decidido horas antes que la clasificaci¨®n de "combatiente enemigo" no se puede aplicar a un individuo de nacionalidad estadounidense detenido en el territorio de este pa¨ªs. El caso hac¨ªa referencia a Jos¨¦ Padilla, detenido en Chicago hace a?o y medio y acusado -p¨²blicamente, no en ning¨²n tribunal- de haber intentado preparar una "bomba sucia" para un atentado.

Al final del proceso, el Supremo acabar¨¢ decidiendo en realidad sobre la constitucionalidad de la pol¨ªtica antiterrorista del presidente Bush. Su portavoz, Scott McClellan, tach¨® las sentencias de "inquietantes y defectuosas". Lament¨® que los jueces quieran limitar "la autoridad clara del presidente" e insisti¨® en que mantener a esos presos en un "limbo" judicial es su responsabilidad "para proteger a los ciudadanos de EE UU".

Anthony Romero, director ejecutivo de la Asociaci¨®n de Libertades Civiles, aplaudi¨® las sentencias, "porque ning¨²n presidente puede asumir semejante autoridad unilateral sobre la libertad de los individuos". Michael Ratner, del Centro de Derechos Constitucionales, que representar¨¢ a algunos detenidos ante el Tribunal Supremo, pidi¨® "el fin de esta situaci¨®n ilegal. Toda persona detenida debe disfrutar del derecho a cuestionar la legalidad de su detenci¨®n", asegur¨®. Un portavoz de Amnist¨ªa Internacional ensalz¨® las decisiones judiciales, "porque demuestran que las detenciones indefinidas como las del Gobierno de Bush se deben prohibir dentro y fuera de este pa¨ªs".