Los ciudadanos vascos y la democracia

Vaya por delante que siento el mayor respeto por el independentismo que forma parte del ideario del PNV, al parecer, desde su fundaci¨®n en los ¨²ltimos a?os del siglo XIX. Se trata de un ideal, una aspiraci¨®n, un sue?o, tan leg¨ªtimo como el que m¨¢s y, veros¨ªmilmente, irrealizable en el momento actual por las muchas razones, derivadas de la realidad econ¨®mica y social del Pa¨ªs Vasco y del orden internacional en que se halla inserto, que dificultan la traducci¨®n del ideal independentista en una pol¨ªtica viable. Tambi¨¦n considero completamente leg¨ªtimo que el lehendakari Ibarretxe haya decidido dedicar mucho tiempo y muchos esfuerzos a elaborar, o hacer elaborar, creo que hasta ocho borradores de la propuesta de "un nuevo modelo de relaci¨®n con el Estado espa?ol". No acierto a descubrir nada intr¨ªnsecamente perverso en la realizaci¨®n de este ejercicio intelectual que tanto revuelo ocasion¨® meses atr¨¢s.

El problema ha surgido m¨¢s tarde, cuando el lehendakari hace suyo uno de estos borradores y, en uso de sus atribuciones, obtiene del Gobierno que preside la autorizaci¨®n para someter la propuesta a debate del Parlamento vasco, cosa que se hizo solemnemente el 25 del pasado mes de octubre. Aqu¨ª ya nos encontramos ante un acto de gobierno y las actuaciones de los gobernantes pueden y deben juzgarse, ante todo, por su eficacia para el objetivo que se proponen, que, seg¨²n el pre¨¢mbulo de la propuesta, consiste en formalizar "un nuevo pacto pol¨ªtico para la convivencia" que "se materializa en un nuevo modelo de relaci¨®n con el Estado espa?ol". Nada m¨¢s y nada menos. Siendo ¨¦ste el objetivo, hay que convenir que la propuesta del lehendakari es un acto de gobierno totalmente ineficaz. De las propias previsiones del lehendakari sobre sus actuaciones de futuro se desprende, parad¨®jicamente, que da por sentado que tan ambiciosa propuesta nace muerta porque, pese a los argumentos hist¨®ricos y jur¨ªdicos con que ha intentado justificar su iniciativa unilateral, no espera conseguir el acuerdo del Estado espa?ol, que es la otra parte de la relaci¨®n bilateral que se pretende modificar.

Grave defecto el de una acci¨®n de gobierno que, de antemano, sus propios responsables reconocen como ineficaz para el objetivo que se proponen. Quiero creer que es esta conciencia de la esterilidad de su acci¨®n la que ha conducido a estos responsables a minusvalorar el alcance de otros defectos incurables de la misma. No me refiero a los que pueda presentar el nuevo sistema de relaciones que se propone, algunos de cuyos contenidos concretos me parecen viables y casi todos debatibles en un marco pol¨ªtico exento de crispaciones artificiales. Me refiero a los defectos de la propuesta que reflejan una seria degradaci¨®n de la calidad de la democracia en Euskadi. En particular, la elaboraci¨®n de la propuesta se ha llevado a cabo sin la transparencia y el debate p¨²blico que son esenciales en el funcionamiento de cualquier democracia; adem¨¢s, en la propuesta figura un art¨ªculo que contiene, potencialmente, una grave amenaza para la igualdad de los ciudadanos vascos ante la ley, sin cuya garant¨ªa la democracia sencillamente no existe.

En cuanto al primer punto, de entrada resulta sorprendente el secretismo que ha inducido a impedir la difusi¨®n de los trabajos preliminares de los expertos, los funcionarios o los pol¨ªticos que hayan participado en la elaboraci¨®n de la propuesta. Con todo, otras insuficiencias de este proceso son de much¨ªsimo mayor calado. En primer lugar, aparentemente, el Gobierno vasco se ha limitado a autorizar que la propuesta del lehendakari, el plan Ibarretxe, sea presentada en el Parlamento. Esto significa que el lehendakari ha evitado un peligroso debate en el seno del Gobierno sobre los contenidos de su plan o, si ha habido debate, significa que no ha conseguido que el Gobierno asuma esos contenidos como propios, como demostrar¨ªa el hecho de que Ezker Batua haya anunciado de inmediato que tiene su propia iniciativa y que tratar¨¢ de promoverla. En segundo lugar, el lehendakari ha eludido tambi¨¦n el debate de la propuesta en las instituciones forales de los territorios, con protesta formal de una de ellas ante los tribunales. La particularidad de esta actitud hacia las instituciones forales es que el lehendakari ha eludido el debate con quienes, si he entendido bien, siguen siendo titulares de los derechos hist¨®ricos, a cuya actualizaci¨®n apela el plan Ibarretxe y que han sido estudiados con tanto rigor como pasi¨®n por mi buen amigo Miguel Herrero y Rodr¨ªguez de Mi?¨®n. Por ¨²ltimo, y sin duda no es lo menos importante, se ha marginado a los partidos pol¨ªticos que no han sido invitados a participar en la elaboraci¨®n de la propuesta, empezando por el propio PNV, pues no hay noticia p¨²blica de que sus organizaciones, y su militancia, hayan tenido la oportunidad de debatir una propuesta de tan enorme envergadura para el Pa¨ªs Vasco como es el establecimiento de un nuevo modelo de relaci¨®n con el Estado espa?ol.

En todo caso, el aspecto de la propuesta que debiera disparar todas las alarmas en el Pa¨ªs Vasco es su art¨ªculo 4, "Ciudadan¨ªa y nacionalidad vasca", que reconoce oficialmente esta ¨²ltima y prev¨¦ que ser¨¢ regulada por ley del Parlamento vasco. No hay que hacerse ilusiones. La introducci¨®n de la distinci¨®n entre ciudadan¨ªa y nacionalidad vasca ser¨¢ interpretada, en la pr¨¢ctica y m¨¢s all¨¢ de las disquisiciones jur¨ªdicas con que se quiera desvirtuar esta interpretaci¨®n, como el paso preliminar hacia la separaci¨®n de los ciudadanos vascos en dos categor¨ªas, la de los "nacionales", cuya condici¨®n para tranquilizarles ser¨¢ compatible con la posesi¨®n de la nacionalidad espa?ola, y la de los "extranjeros", que tendr¨¢n que conformarse con una sola nacionalidad, la espa?ola. Una interpretaci¨®n nada descabellada si se recuerda que Arzalluz, tan propenso a la sutileza en su pensamiento y en su lenguaje, ya hab¨ªa asimilado tiempo atr¨¢s la situaci¨®n de estos extranjeros-espa?oles en Euskadi a la de los turcos en Alemania o la de los alemanes en Mallorca, sin duda para evitar que alguien cayera en la tentaci¨®n de asimilarla a la de las poblaciones negras en Sur¨¢frica bajo el r¨¦gimen del apartheid.

En definitiva, el lehendakari, al remitir la propuesta directamente desde su laboratorio legislativo al Parlamento vasco, con la anuencia del Gobierno, ha mostrado su preferencia por un debate, constre?ido por la disciplina de voto, sobre un texto que se sabe de antemano condenado al fracaso y que presenta serias insuficiencias democr¨¢ticas por su origen y por alguno de sus contenidos. De este debate s¨®lo se puede esperar, y s¨®lo se espera, otra ruda confrontaci¨®n entre nacionalistas y los llamados constitucionalistas, a la mayor gloria de los conocidos pescadores de votos en el r¨ªo revuelto del drama vasco. La alternativa que el lehendakari ha descartado es la de un debate abierto y transparente, al modo de la convenci¨®n que ha preparado el borrador de Constituci¨®n de la Uni¨®n Europea, realizado en los distintos foros institucionales y pol¨ªticos del Pa¨ªs Vasco, el cual, tal vez, hubiera permitido llegar a un debate fruct¨ªfero en el Parlamento vasco sobre un texto con posibilidades de prosperar.

Quiero terminar evocando la primera lecci¨®n pol¨ªtica que el presidente Tarradellas difundi¨® el d¨ªa de su regreso a Catalunya, despu¨¦s de casi cuarenta a?os de exilio, una vez restablecida la Generalitat. Desde el balc¨®n del palacio de esta instituci¨®n hist¨®rica de Catalunya salud¨® a la multitud concentrada en la plaza de San Jaime de Barcelona, y a los muchos m¨¢s que siguieron el acontecimiento desde lejos, con un grito que reson¨® con fuerza: ?Ciutadans de Catalunya! Desde el primer instante se dirig¨ªa con un mismo saludo a todos los que compart¨ªan la ciudadan¨ªa catalana como iguales ante la ley, desde el catal¨¢n de sentimiento nacional profundamente arraigado hasta el extreme?o, el andaluz, el gallego o el asturiano que no se reconoce como catal¨¢n en las encuestas, pero s¨ª se sabe ciudadano de Catalunya, y ejerce como ciudadano catal¨¢n. Al propio tiempo, mostraba su dominio del oficio del gobernante responsable para quien la defensa apasionada de la identidad propia de Catalunya en el conjunto de los pueblos de Espa?a no era incompatible con su deber de gestionar de la manera m¨¢s eficaz posible los intereses y el bienestar de todos los ciudadanos que compon¨ªan en aquel momento la sociedad catalana, y no s¨®lo los de aquellos que habr¨ªan formado la sociedad que ¨¦l hubiera podido so?ar o la que pudo haber existido, o no existido, en los albores de la historia.

Josep Llu¨ªs Sureda, catedr¨¢tico, fue asesor del presidente Tarradellas en las negociaciones sobre el restablecimiento de la Generalitat de Catalunya (junio-septiembre 1977).