La Junta expedienta a dos confederaciones por infracciones ambientales

La Consejer¨ªa de Medio Ambiente tiene en marcha, al menos, siete expedientes sancionadores contra dos confederaciones hidrogr¨¢ficas al considerar que realizaron obras sin someterlas a procedimientos de prevenci¨®n ambiental. Sin embargo, un juez de C¨®rdoba ha dado la raz¨®n a la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Guadalquivir que recurri¨® una sanci¨®n de la Junta por esta raz¨®n al declarar "incompetente" a la Administraci¨®n auton¨®mica para intervenir en "supuestos especiales de proyectos estatales".

El director t¨¦cnico de la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Guadalquivir, Juan Saura, enmarca la apertura de expedientes sancionadores en las discrepancias existentes entre la Administraci¨®n andaluza y la estatal a prop¨®sito del procedimiento de evaluaci¨®n ambiental, tras la modificaci¨®n de la legislaci¨®n realizada en mayo de 2001 por el Ministerio de Medio Ambiente. "Pero la discrepancia no se sustancia poniendo expedientes", censura.

Con la nueva norma, la supervisi¨®n previa de todas las obras, incluidas las de menor enjundia, puestas en marcha por organismos de ¨¢mbito estatal deja de depender de la Administraci¨®n auton¨®mica, como es el caso de las confederaciones hidrogr¨¢ficas. Saura asegura que, cuando entr¨® en vigor la reforma, la Administraci¨®n andaluza le devolvi¨® todos los proyectos de la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Guadalquivir que estaban tramitando con el argumento de que "el ¨®rgano sustantivo competente es el ministerio". Desde entonces Saura sostiene que todas las actuaciones ejecutadas por el organismo se han tramitado ajust¨¢ndose a los nuevos requisitos legales y se han notificado a dos departamentos ministeriales.

La Consejer¨ªa de Medio Ambiente, sin embargo, entiende que, al menos, en siete supuestos en los que se han ejecutado obras en cauces de r¨ªos o arroyos se deber¨ªa haber contado con una declaraci¨®n o informe de impacto. De ah¨ª que haya puesto en marcha expedientes sancionadores contra la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Sur por una actuaci¨®n en el arroyo Botafuego, en C¨¢diz, y contra la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Guadalquivir por seis intervenciones en Ja¨¦n, C¨®rdoba y Sevilla.

El caso cordob¨¦s, uno de los m¨¢s antiguos, ha llegado ya a los tribunales, a los que recurri¨® la CHG tras la decisi¨®n de la Junta de imponerle una multa de 6.000 euros por dragar y limpiar el cauce del r¨ªo Cabra sin someterlo al tr¨¢mite de prevenci¨®n ambiental. El juzgado de lo contencioso-administrativo n¨²mero 3 de C¨®rdoba, en una sentencia dictada en noviembre pasado, dio la raz¨®n a la confederaci¨®n y anul¨® la sanci¨®n al considerar que es la Administraci¨®n estatal la "¨²nica competente para autorizar y aprobar el proyecto, para la evaluaci¨®n y declaraci¨®n de impacto ambiental" al tratarse del proyecto de un organismo estatal. La Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Guadalquivir asegura que llevar¨¢ a los tribunales todas las sanciones que imponga la Junta por esta raz¨®n.

Tras la reforma legal de 2001, los requisitos para someter a prevenci¨®n ambiental una obra se han suavizado de forma notable, lo que hace que el propio ministerio, a trav¨¦s de la Secretar¨ªa General de Medio Ambiente, exima de tal procedimiento a numerosos proyectos. A juicio de representantes de la Consejer¨ªa de Medio Ambiente, la nueva norma ha aligerado los procedimientos de evaluaci¨®n ambiental hasta extremos "muy preocupantes".