Estimado se?or Imaz

Le he le¨ªdo en la prensa, reci¨¦n electo para su nueva responsabilidad en el PNV, diciendo que "en este partido todos tenemos una cosa muy clara: que este pa¨ªs lo tenemos que construir entre todos, nacionalistas y no nacionalistas" y que, adem¨¢s, "¨¦se es precisamente el objetivo de la propuesta del lehendakari". Como creo en su buena fe, s¨®lo puedo explicarme tan llamativa conjunci¨®n de esas dos afirmaciones por falta de una suficiente reflexi¨®n por su parte, pues de otra forma ser¨ªa incomprensible la violaci¨®n del principio l¨®gico de no contradicci¨®n en que incurren. As¨ª que, con la misma buena fe que le supongo, voy a intentar demostrarle esa contradicci¨®n, convencido como estoy de que ello le llevar¨¢ a modificar su criterio.

?No ten¨ªamos claro como dem¨®cratas que nadie puede decidir cu¨¢l es el bien de los dem¨¢s?

Habr¨¢ de dise?arse un mecanismo decisional que no est¨¦ al alcance de uno s¨®lo de los grupos

No voy a referirme a tal efecto al contenido del plan Ibarretxe, puesto que en ese terreno sustantivo nos perder¨ªamos probablemente en un debate sobre valores, principios y oportunidades que no arrojar¨ªa conclusiones evidentes para un observador neutral. Como pretendo una demostraci¨®n que pueda ser verificada con criterios objetivos, voy a ce?irme al aspecto puramente procedimental de ese plan. Nada mejor que los procedimientos formales, que son incluso susceptibles de formalizaci¨®n algebraica, para un an¨¢lisis que pretenda llegar a conclusiones seguras.

Perm¨ªtame que se lo exponga como si fuera un cuento, la de un hipot¨¦tico pa¨ªs en el que exist¨ªan ciudadanos verdes y amarillos, con mayor¨ªa de verdes (pongamos un 60-40%). Conviv¨ªan hasta ayer bajo una determinada normativa, relativamente satisfactoria para ambos grupos y fruto de un antiguo acuerdo entre ellos, pero ¨²ltimamente los verdes hab¨ªan propuesto una nueva norma fundamental de convivencia, que juzgaban mucho mejor que la vigente. A los amarillos, sin embargo, no les gustaba nada la norma en cuesti¨®n y se opon¨ªan a ella firmemente.

Como todos eran dem¨®cratas convencidos, rechazaban como inaceptable la idea de que unos pocos, por muy sabios y competentes que fueran, pudieran decidir sobre sus intereses. Por el contrario, estaban todos de acuerdo (y estoy seguro que usted, se?or Imaz, tambi¨¦n lo estar¨¢) en la idea de que nadie es mejor juez de su propio bien e inter¨¦s que uno mismo, y que la garant¨ªa de que su inter¨¦s sea tenido en cuenta en las decisiones colectivas reside precisamente en su participaci¨®n en el proceso decisional. ?sta es la justificaci¨®n subyacente a la democracia tal como la formul¨® lapidariamente John Stuart Mill.

Los verdes que presentan la propuesta de una nueva norma de convivencia declaran enf¨¢ticamente que est¨¢n dispuestos a discutirla con los amarillos en el Parlamento hasta en su ¨²ltima coma, puesto que desean que la norma recoja los intereses tanto de verdes como de amarillos (el futuro se construye entre ambos colores, dicen). Avisan sin embargo que, eso s¨ª, en caso de no ponerse de acuerdo en cualquier punto, la decisi¨®n se tomar¨¢ inexorablemente por mayor¨ªa (el 50% m¨¢s uno). Caray, observan los amarillos, entonces ganar¨¦is siempre, porque por definici¨®n sois m¨¢s de la mitad. Si realmente quer¨¦is que la norma futura responda a los intereses de verdes y amarillos, y no s¨®lo a los vuestros, hay que buscar en esta ocasi¨®n otro sistema de decisi¨®n. Por ejemplo, podr¨ªamos establecer que la mayor¨ªa del 50% m¨¢s uno tuviera que estar integrada como m¨ªnimo por la mitad de los verdes y la mitad de los amarillos (un 30% y un 20% del total), de forma que se garantizar¨ªa un previo acuerdo intergrupos. O bien podr¨ªamos establecer que la decisi¨®n deber¨ªa ser apoyada por una mayor¨ªa cualificada, por ejemplo una de dos tercios, lo que garantizar¨ªa que tuviera que tenerse en cuenta a una parte de los amarillos, pues algunos de sus votos ser¨ªan necesarios para llegar a aquel porcentaje. Es m¨¢s, arguyen los amarillos, precisamente esto es lo que se hace en otros pa¨ªses cuando se trata de aprobar un cambio de la ley fundamental, precisamente para garantizar que el cambio es apoyado por un amplio consenso y no s¨®lo por un partido mayoritario.

Lo sentimos mucho, dicen los verdes, pero no estamos dispuestos a negociar reglas especiales para este plan, a pesar de que reconocemos que es trascendental para la futura convivencia. La regla de decisi¨®n parlamentaria ser¨¢ la de mayor¨ªa simple, como para cualquier otra ley. Sin embargo, no os preocup¨¦is por eso, porque despu¨¦s del tr¨¢mite parlamentario celebraremos un refer¨¦ndum popular y todos los ciudadanos podr¨¢n participar. Bueno, responden los amarillos, damos por supuesto entonces que ese refer¨¦ndum no ser¨¢ al 50% m¨¢s uno de los votantes, porque entonces ganar¨¦is de nuevo indefectiblemente. Precisamente hay una famosa regla que estipul¨® un prestigioso Tribunal Supremo de un pa¨ªs que ten¨ªa nuestro mismo problema: los plebiscitos en estos casos deben ganarlos mayor¨ªas claras, superiores desde luego a la mitad m¨¢s uno. ?Qu¨¦ os parece una de los dos tercios? As¨ª, no podr¨ªa prosperar la nueva norma si no contase con el apoyo de una parte significativa de amarillos. Y esto garantizar¨ªa que nuestros intereses ser¨ªan tomados en cuenta.

Los verdes asienten: efectivamente, conocen la regla del famoso Tribunal y les merece un enorme respeto. Tanto la respetan que piensan aplicarla en el futuro si alguna vez se plantease cambiar la norma que ahora proponen. Pero en esta ocasi¨®n, precisamente para introducir la nueva norma, no la van a aplicar: la consulta popular ser¨¢ por mayor¨ªa simple.

Pero entonces, dicen los amarillos, nuestros intereses no ser¨¢n tenidos en cuenta, puesto que nuestro voto no es necesario para aprobar la norma ni en el Parlamento ni en el refer¨¦ndum popular. ?C¨®mo pod¨¦is a pesar de ello afirmar que la nueva norma va a ser construida entre todos? Muy sencillo, responden los verdes, porque nosotros sabemos cu¨¢les son los intereses de todos, tanto de los verdes como de los amarillos, y hemos elaborado la nueva norma pensando ya en el inter¨¦s de ambos grupos. ?sa es la garant¨ªa de que vuestros intereses se respetar¨¢n: nuestro conocimiento de ellos.

Al llegar a este punto, los amarillos presienten que la discusi¨®n se desliza hacia el absurdo, y que las palabras han dejado de poseer significados un¨ªvocos. ?No ten¨ªamos claro como dem¨®cratas que nadie puede decidir cu¨¢l es el bien de los dem¨¢s, y que s¨®lo el voto de cada uno defiende su propio inter¨¦s? ?C¨®mo pod¨¦is afirmar que se defender¨¢n nuestros intereses al tiempo que dise?¨¢is un procedimiento que garantiza que nuestros votos no cuentan para nada? Y como sucede siempre que las palabras dejan de poseer significados compartidos, estall¨® la discordia civil.

La conclusi¨®n de la triste historia puede tambi¨¦n formularse en t¨¦rminos abstractos: la l¨®gica de las decisiones colectivas afirma que si en un proceso decisional se quiere lograr la inclusi¨®n de los dos sectores en que se divide un hipot¨¦tico universo de afectados, habr¨¢ de dise?arse un mecanismo decisional que no est¨¦ al alcance de uno s¨®lo de esos grupos; s¨®lo de esa forma se garantizar¨¢ que los intereses del otro ser¨¢n tomados en consideraci¨®n.

Aqu¨ª termina la demostraci¨®n, estimado se?or Imaz, de la contradicci¨®n insubsanable que existe entre el procedimiento dise?ado para aprobar el plan y el principio de que el futuro del pa¨ªs lo tienen que decidir entre nacionalistas y no nacionalistas. Desde luego, es usted muy libre de optar por uno u otro, por el plan de su lehendakari o por el principio del consenso entre intereses diversos. Pero no puede, por lo menos mientras los principios de la l¨®gica sigan imperando en estas tierras, apuntarse a ambos. Por muy fotog¨¦nico que resulte.

Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz Soroa es abogado.