Un derecho del votante

LA CELEBRACI?N de debates televisivos entre los candidato del PP y del PSOE a la presidencia seguir¨¢ en el alero hasta que los sondeos de intenci¨®n de voto permitan al Gobierno calcular sobre seguro los beneficios electorales de aceptar el desaf¨ªo socialista. Cabe presumir que Rajoy tan s¨®lo asumir¨ªa los riesgos de bajar a la arena para enfrentarse a Zapatero si el desarrollo de la campa?a modificase a la baja -de aqu¨ª al mes de marzo- las optimistas expectativas albergadas por los populares, que parecen tocar con las manos los cielos de una nueva mayor¨ªa absoluta. Desde el restablecimiento de la democracia, la conjunci¨®n de los astros favorable a los debates televisados entre los representantes de los dos primeros partidos nacionales se dio ¨²nicamente en las re?idas elecciones de 1993, cuando Gonz¨¢lez y Aznar ve¨ªan insegura su victoria. Si antes de esa fecha, el PSOE -despreciado por UCD en 1979- hab¨ªa negado a los populares la oportunidad de debatir en pie de igualdad con el candidato socialista, el PP sigui¨® su ejemplo en las convocatorias sucesivas.

Las resistencias del partido del Gobierno a aceptar los debates televisivos entre los candidatos presidenciales del PP y del PSOE rompen las reglas de juego limpio de unas elecciones democr¨¢ticas

Las desnudas razones utilitarias de esa actitud ventajista, que subordina la participaci¨®n en los debates a las conveniencias de los partidos, son revestidas ante la opini¨®n p¨²blica con trajes de textura y colorido menos c¨ªnicos. En 1996, por ejemplo, Aznar, dando por descontada su desahogada victoria como l¨ªder de la oposici¨®n y recordando con amargura su derrota en 1993, abandon¨® los argumentos empleados tres a?os antes para conseguir el anhelado mano a mano televisivo e invent¨® el pretexto obstruccionista de que Anguita -su compa?ero de fatigas en la pinza contra el PSOE- ten¨ªa derecho a participar tambi¨¦n en el debate.

Llevada hasta sus ¨²ltimas conclusiones, la prohibici¨®n -en nombre del principio de igualdad- de los debates entre los candidatos de los dos ¨²nicos partidos con representaci¨®n en todas las circunscripciones electorales (cuyos diputados suman m¨¢s de los cuatro quintos del Congreso y son imprescindibles para cualquier mayor¨ªa de gobierno) desembocar¨ªa en el absurdo: ?corresponder¨ªa el derecho a participar en todos los debates televisivos s¨®lo a la docena de partidos que disponen actualmente de alg¨²n esca?o en las c¨¢maras o se extender¨ªa esa pretensi¨®n a las casi 800 formaciones que concurrieron a las urnas el a?o 2000? La variante del sofisma defendida ahora por el director de la campa?a electoral del PP es que Rajoy se propone obtener la mayor¨ªa absoluta en tanto que Zapatero s¨®lo aspira a gobernar en coalici¨®n con otros grupos parlamentarios si su adversario no supera los 175 esca?os: el candidato del PP deber¨ªa batirse, as¨ª pues, con todos los representantes de ese conglomerado de minor¨ªas.

La negativa de los partidos a cumplir sus compromisos -a menos que las leyes les obliguen- constituye uno de los m¨¢s desagradables rasgos de la democracia espa?ola. Al igual que ocurri¨® en Estados Unidos tras el debate televisivo de 1960 entre Kennedy y Nixon, el duelo de 1993 entre Felipe Gonz¨¢lez y Aznar cre¨® un precedente que hubiera debido ser adoptado como uso pol¨ªtico vinculante para las campa?as posteriores; las normas jur¨ªdicas propuestas con ese fin por el documento-marco del PSOE ser¨ªan innecesarias en una democracia respetuosa con las reglas del juego electorales. La pr¨¢ctica de los debates televisivos permitir¨ªa abaratar las campa?as y privar¨ªa de excusas a la financiaci¨®n ilegal de los partidos. Los ciudadanos son los titulares del derecho constitucional a participar en los asuntos p¨²blicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos en las urnas; los partidos s¨®lo son instrumentos -aunque fundamentales- para su participaci¨®n pol¨ªtica. La opini¨®n casi un¨¢nime de los votantes -sean cuales sean sus preferencias y simpat¨ªas- a favor del modelo de debates televisivos ensayado en 1993 deber¨ªa ser respetada democr¨¢ticamente por los partidos m¨¢s all¨¢ de las conveniencias de sus coyunturales estrategias de campa?a.