El tab¨² de regular la prostituci¨®n

Nombre: Maril¨® Femen¨ªa. Edad: 29 a?os. Estado civil: soltera (y madre). Residencia: Valencia. Trabajo o actividad: prostituta. Maril¨® Femen¨ªa se dedica a vender sexo desde que cumpli¨® los 18 a?os. Aunque tuvo una etapa en la que se dedic¨® "a ser okupa y a tocar la flauta por las calles". Pero aquello dur¨® hasta que se qued¨® embarazada. Entonces volvi¨® a la prostituci¨®n para poder afrontar el nacimiento de su hija, "como nos pasa a todas". Igualito que su madre, que ahora limpia los ba?os y hace las camas de los clubes en los que antiguamente retozaba con sus clientes.

Femen¨ªa ya lo ha visto todo. El antes: los a?os de sus comienzos en el negocio. Y el despu¨¦s: todas las im¨¢genes de su madre trabajando, que quedaron grabadas en su memoria con la esponjosidad de la infancia y la contundencia de la adolescencia. "Muchas veces uno no vive lo que quiere, sino lo que le toca", dice sin demasiada resignaci¨®n. Hoy casi podr¨ªa decir c¨®mo va a ser su vida. Pero su voluntad de luchar por los derechos de las prostitutas ha cambiado sus perspectivas.

La reciente sentencia del TSJA avanza en la l¨ªnea reglamentista y evidencia un vac¨ªo legal

Sin embargo, la combinaci¨®n de esas dos palabras, "derechos" y "prostitutas", tiene dos lecturas completamente contrarias y que centran un debate tan oculto u ocultado como controvertido, que tiene como tel¨®n de fondo la posibilidad de regular la prostituci¨®n en Espa?a, y que esta semana resurg¨ªa con motivo de una pol¨¦mica sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA).

De un lado, los que consideran que las m¨¢s de 300.000 mujeres que se prostituyen en Espa?a (la mayor¨ªa extranjeras) son "mujeres prostituidas" y explotadas porque ejercer esa actividad es, de por s¨ª, un atentado contra la dignidad y los derechos humanos. Por tanto, "regular sus condiciones laborales es legitimar una pr¨¢ctica de violencia contra las mujeres". ?sta es la postura abolicionista que defiende la Red de Organizaciones Feministas contra la Violencia de G¨¦nero, junto con otras 70 organizaciones de mujeres que insisten en que hay que criminalizar al cliente.

De otro lado, los que consideran que la prostituci¨®n no tiene por qu¨¦ ser una explotaci¨®n, sino que precisamente puede serlo gracias a la clandestinidad de esa actividad. Por eso reivindican una regulaci¨®n mediante el reconocimiento oficial de los "trabajadores del sexo", que permita que ¨¦stos tengan los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro trabajador. Es decir, que est¨¦n dados de alta en la Seguridad Social, por cuenta ajena o como aut¨®nomos, y puedan cotizar y as¨ª tener derecho a prestaciones sociales como el desempleo, el permiso de maternidad, las vacaciones, las bajas por enfermedad... ?sta es la posici¨®n reglamentista que defienden las asociaciones de prostitutas constituidas en los ¨²ltimos a?os como Hetaira, la Asociaci¨®n de Mujeres que Ejercen la Prostituci¨®n (AMEP) o la Asociaci¨®n Libre de Mujeres de Alterne (ALMA) y la Federaci¨®n de Mujeres Progresistas, entre otras.

Traducido en cifras, el negocio clandestino de la prostituci¨®n mueve al a?o unos 18.000 millones de euros (dos billones de pesetas), que si declarasen impuestos supondr¨ªan un ingreso anual de 3.000 millones de euros en las arcas del Estado, seg¨²n los datos de la Asociaci¨®n Nacional de Empresarios de Locales de Alterne (ANELA).

La reciente sentencia del TSJA obliga a los due?os de un local de alterne a dar de alta en la Seguridad Social como "camareras de alterne" a 12 mujeres, por entender que exist¨ªa una relaci¨®n laboral entre ellas y los propietarios de local. La sentencia pone el dedo en la llaga y genera jurisprudencia en la l¨ªnea reglamentista, evidenciando un vac¨ªo legal. Y plantea muchas cuestiones: ?C¨®mo se puede dar de alta en la Seguridad Social a unas mujeres como "camareras de alterne" si tal ep¨ªgrafe no existe? Ser "camarera de alterne" en un club, registrado tambi¨¦n como hotel y en el que las chicas pueden alquilar habitaciones, ?no puede implicar que se est¨¦ ejerciendo all¨ª tambi¨¦n la prostituci¨®n?; Si finalmente el due?o del local las da de alta, ?cu¨¢les ser¨ªan las condiciones de trabajo? Y si adem¨¢s las chicas se prostituyeran, ?no podr¨ªa ser acusado el due?o del local de incitar a la prostituci¨®n (o hacerlo realmente) y, por tanto, de proxenetismo?, actividad tipificada como delito en el C¨®digo Penal, independientemente del consentimiento de la persona.

En opini¨®n del magistrado Miguel Carmona, portavoz de Jueces para la Democracia, "no ser¨ªa ning¨²n disparate jur¨ªdico que las prostitutas pudieran cotizar a la Seguridad Social como aut¨®nomas, pero el Derecho no puede favorecer la venta del cuerpo, porque la experiencia nos revela que siempre tiene algo de vejatorio. El Derecho no debe fomentar la mercantilizaci¨®n de esa actividad desde un punto de vista moral".

Pero, "?de qu¨¦ moral?", se pregunta Cristina Garaizabal, portavoz de la asociaci¨®n Hetaira. "El problema, cuando es la sexualidad lo que est¨¢ en juego, es que el Estado legisla queriendo imponer una moral, la dominante. Y es justamente esa moral la que estigmatiza a las prostitutas y a su trabajo".

Seg¨²n Garaizabal, deber¨ªa empezarse por reconocer a "los trabajadores del sexo" y arbitrar una serie de reformas legales que permitiesen darles de alta como aut¨®nomos y cotizar en funci¨®n de una estimaci¨®n de ingresos, como en otros muchos trabajos; o bien en r¨¦gimen de asociaci¨®n, y que pudieran regentar sus propios negocios como otra empresa, o bien en r¨¦gimen asalariado. Esta ¨²ltima posibilidad es la m¨¢s controvertida porque significa legitimar la figura del chulo, "pero delimitando sus exigencias mediante todas las cl¨¢usulas necesarias", dicen. Adem¨¢s hay que ofrecer alternativas para las que quieran dejarlo.

Los empresarios de locales de alterne barren para casa y defienden la regulaci¨®n laboral de las prostitutas, siempre que sean aut¨®nomas y no sean ellos los que paguen su Seguridad Social, lo que podr¨ªa implicar tener contratadas a menos chicas por ser menos rentable. "La profesi¨®n de prostituta s¨®lo puede ejercerse en libertad. Lo otro [trabajar por cuenta ajena] ser¨ªa legalizar el proxenetismo", dice su portavoz, Jos¨¦ Luis Roberto.

Una comisi¨®n de investigaci¨®n en el Senado recoge todas las posturas para publicar, en breve, una conclusi¨®n sobre la situaci¨®n legal y social de la prostituci¨®n.

En medio de todos ellos las prostitutas se asocian para que se oiga su voz. Como la de Mar¨ªa Jos¨¦ Barrera (AMEP): "Estamos hartas de que todo el mundo sepa lo que nos pasa, lo que nos hace falta y lo que pensamos sin que nadie nos escuche".