Ediles en el banquillo

El Partido Popular y el PSOE no pueden presumir precisamente en la provincia de C¨¢diz de tener a todos sus ediles inmaculados por sus respectivas gestiones. Algunos est¨¢n imputados por algunas de las decisiones adoptadas desde las alcald¨ªas. Dos regidores populares -Juan Carlos Ju¨¢rez, de La L¨ªnea, y Juan Rodr¨ªguez, de Sanl¨²car- est¨¢n imputados como presuntos autores de varios delitos.

Juan Manuel de Jes¨²s, de Barbate, tambi¨¦n del PP, no est¨¢ afectado directamente, pero gobierna con un grupo independiente que se enfrenta a varios procesos judiciales.

En el bando contrario, el alcalde de Los Barrios, Alonso Rojas, del PSOE, tambi¨¦n se enfrenta a una imputaci¨®n.

Tanto populares como socialistas llevan varias semanas utilizando estos procesos judiciales para intentar minar la imagen y la credibilidad de sus oponentes.

PP y PSOE han solicitado sin ¨¦xito la dimisi¨®n de los alcaldes afectados

A los casos se ha sumado la demanda de un vidente contra un edil por impago

De la denuncia m¨¢s reciente fue objeto el 27 de diciembre del 2003 el alcalde de Sanl¨²car, el popular Juan Rodr¨ªguez. La Guardia Civil present¨® una denuncia ante el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 2 por unos hechos que pudieran ser constitutivos de un presunto delito de prevaricaci¨®n.

Seg¨²n el atestado de los agentes, el primer edil mand¨® a la Polic¨ªa Local que ordenara a los responsables del dep¨®sito municipal de veh¨ªculos la entrega de dos motocicletas requisadas horas antes por la Guardia Civil a a dos j¨®venes porque no ten¨ªan la documentaci¨®n reglamentaria.

El edil, que conoc¨ªa al padre de uno de los conductores, orden¨® la liberaci¨®n de estas motos desautorizando a la Guardia Civil y sin que sus propietarios presentaran la citada documentaci¨®n obligatoria. El alcalde ha preferido guardar silencio sobre esta denuncia, pero el PSOE ha aprovechado este episodio para acusar al alcalde de actuar como si estuviera en el "viejo Oeste y creyera que la ley es ¨¦l".

Sonada ha sido la noticia del juicio que se desarrollar¨¢ contra Juan Carlos Ju¨¢rez, antes del GIL y ahora del PP, a quien el Juzgado n¨²mero 3 de La L¨ªnea le ha imputado por un presunto delito de prevaricaci¨®n por haber contratado "supuestamente de forma ilegal" a 157 personas en el Ayuntamiento. Este caso oblig¨® al alcalde linense a dimitir como presidente del PP en el Campo de Gibraltar. El mismo juzgado ha admitido recientemente una querella del PSOE contra Ju¨¢rez por supuesta malversaci¨®n de fondos p¨²blicos derivada de las presuntas irregularidades difundidas en el informe de la C¨¢mara de Cuentas de 2002.

El tercer alcalde popular en discordia, Juan Manuel de Jes¨²s, no est¨¢ denunciado directamente, pero gobierna gracias al pacto con el Partido Barbate?os Unidos (PBU), cuyo portavoz, Jes¨²s Mar¨ªn Ariza, est¨¢ imputado como antiguo dirigente del GIL de Marbella por una operaci¨®n urban¨ªstica. Ha protagonizado adem¨¢s recientemente un episodio surrealista tras ser denunciado por el vidente Radh¨², que le acusa de impago de la mitad de los servicios de magia sat¨¢nica que le contrat¨® para que fuese elegido como concejal en las elecciones. Asimismo, el PSOE ha pedido al Tribunal de Cuentas que investigue la financiaci¨®n del PBU en la pasada campa?a electoral porque sospecha que fue apoyado ilegalmente por Antonio Sampietro, antiguo presidente de la ciudad aut¨®noma de Ceuta por el GIL, y por algunas empresas inmobiliarias.

La direcci¨®n del PP de C¨¢diz se ha defendido de estos tres casos atacando al PSOE por la imputaci¨®n de uno de sus hombres fuertes: el alcalde de Los Barrios, vicepresidente de la Diputaci¨®n y vicesecretario provincial socialista, Alonso Rojas.

Este dirigente declar¨® el 15 de diciembre del a?o pasado en el Juzgado mixto n¨²mero 5 de Algeciras imputado como presunto autor de un delito de malversaci¨®n de fondos p¨²blicos por la venta, supuestamente irregular, de unas vacas a la empresa municipal Iniciativa Los Barrios. Seg¨²n consta en la denuncia, esta enajenaci¨®n de reses se produjo "sin que mediara concurso p¨²blico y sin que conste ingreso en las arcas municipales".

PP y PSOE han cruzado peticiones de dimisiones sobre estos alcaldes, sin que ninguno de ellos haya ni tan siquiera amagado con asumir responsabilidades hasta que se resuelvan sus imputaciones.