?Por qui¨¦n competimos?

En las ¨²ltimas semanas asistimos a una verdadera oleada de problemas empresariales. En el caso de Parmalat nos enfrentamos a una nueva versi¨®n de la ya conocida y lamentable forma de entender el desarrollo capitalista en el mundo basada en la pura y simple especulaci¨®n financiera. Enron en 2001, Vivendis poco despu¨¦s, y ahora Parmalat son los ejemplos m¨¢s sonados de esa deriva inmoral que salpica a auditores, bancos o agencias de rating, y que deja una vez m¨¢s en entredicho a las autoridades presuntamente independientes que formalmente controlan el cotarro. Los responsables de Parmalat usaron y abusaron de las posibilidades que ofrecen los para¨ªsos fiscales. La Bonlat Financing Corporation actuaba como compa?¨ªa pantalla con sede en las islas Caim¨¢n. Unas islas que constituyen la quinta plaza financiera del mundo, y que tienen registradas m¨¢s sociedades empresariales que el n¨²mero de habitantes que pueblan su territorio. A pesar de los intentos por lavar su imagen, las islas est¨¢n asociadas a todo tipo de operaciones de blanqueo de dinero y de opacidad financiera. Al margen de todo ello, el agujero de Parmalat es de los que hacen ¨¦poca, y como casi siempre, ser¨¢n los italianos y otros ciudadanos en el mundo los que deber¨¢n arrostrar las consecuencias econ¨®micas, cifradas en m¨¢s de 10.000 millones de euros, de la inmoralidad de los dirigentes empresariales de Parmalat.

?C¨®mo fue posible llegar a ello? Usando los m¨²ltiples vericuetos financieros que existen y que los estados en su af¨¢n por competir promueven, respetan o simplemente toleran. ?Es posible afrontar la complejidad de la ingenier¨ªa financiera y superar la connivencia de empresas de auditor¨ªa y de las instituciones crediticias que se aprovechan del tema mientras tratan de proteger sus p¨¦rdidas potenciales? La respuesta deber¨ªa ser pol¨ªtica. No necesitamos m¨¢s competencia, necesitamos m¨¢s pol¨ªtica competente. M¨¢s capacidad pol¨ªtica para afrontar una econom¨ªa financiera sin ataduras que no responde ante nadie. No es s¨®lo un problema de llenarse la boca con la "¨¦tica empresarial" o con la "responsabilidad social de la empresa".

La llamada Declaraci¨®n Internacional de Ciudadanos por la Justicia Fiscal, presentada p¨²blicamente en un acto realizado en el Parlamento de Londres a finales de marzo de 2003, y avalada por numerosas ONG y por Attac de diversos pa¨ªses, denunciaba expl¨ªcitamente que "alrededor de la mitad del comercio mundial pasa por las jurisdicciones de los para¨ªsos fiscales, ya que las grandes empresas desv¨ªan sus beneficios hacia donde pueden evadir el pago de impuestos (...). Tal comportamiento es econ¨®micamente ineficiente, socialmente destructivo y profundamente no ¨¦tico (...). El desarrollo de los pa¨ªses m¨¢s empobrecidos se ve amenazado por las enormes rebajas fiscales ofrecidas para atraer a las grandes corporaciones, y por el enorme flujo de fondos desde los pa¨ªses en desarrollo hacia los para¨ªsos fiscales". M¨¢s adelante, la declaraci¨®n identificaba un conjunto de medidas a considerar con urgencia para mejorar la cooperaci¨®n fiscal internacional, tales como la imposici¨®n fiscal de las corporaciones transnacionales evitando la fraudulenta desviaci¨®n de ganancias hacia las jurisdicciones de baja tributaci¨®n, la aplicaci¨®n universal del principio de residencia para la fiscalidad empresarial, y una cooperaci¨®n m¨¢s estrecha entre los estados en niveles comparables de desarrollo econ¨®mico y entre los estados geogr¨¢ficamente pr¨®ximos entre s¨ª, para suprimir el fraude fiscal y la competencia fiscal destructiva entre ellos. Al mismo tiempo se postulaba una armonizaci¨®n de los tipos impositivos y de las bases imponibles para el capital altamente m¨®vil y medidas encaminadas al establecimiento de autoridades fiscales de car¨¢cter europeo y global que representen los intereses de los ciudadanos.

S¨®lo o¨ªmos hablar de competencia, y los estados y las instituciones p¨²blicas compiten m¨¢s por las empresas que por las personas. Nuestro pa¨ªs ha dise?ado un r¨¦gimen tributario para empresas for¨¢neas que se quiere acercar al que se da en los para¨ªsos fiscales, y mientras, asesores financieros planifican las mejores v¨ªas para que se siga cumpliendo aquello de que "s¨®lo pagan impuestos las personas corrientes". El Tribunal de Cuentas critica la permisividad de las autoridades de hacienda con las empresas (EL PA?S, 20 de enero), pero todos parecen dispuestos a no amargar la fiesta a las empresas para que los n¨²meros luzcan bien. S¨®lo nos faltaba la tacada de empresas en cierre, iniciada con Philips y Samsung, y que siguen Autotex o Dogi. A la m¨ªnima que las instituciones o los actores sociales proponen o reclaman medidas, siempre hay quien recuerda que las empresas tienen una posici¨®n privilegiada y que mejor no molestar demasiado, no sea que se enfaden. Gobiernos inermes, mercados desenfrenados, y, mientras, en Davos nos dicen que si sigue el envejecimiento la deslocalizaci¨®n aumentar¨¢.

?No deber¨ªamos preocuparnos por la forma en que los intereses privados han colonizado los espacios p¨²blicos? ?Le preocupa a alguien que aquellos (auditores, autoridades financieras, gobiernos) que deber¨ªan protegernos de los que usan una mano demasiado visible para enriquecerse no lo hagan? ?No es escandaloso que todo ello ocurra cuando, por ejemplo, en Am¨¦rica Latina hay m¨¢s de 200 millones de personas por debajo de la l¨ªnea de pobreza? ?Es in¨²til buscar salidas alternativas a la ortodoxia econ¨®mica dominante que nos lleva en una carrera desenfrenada hacia la insostenibilidad social? ?Podemos buscar salidas catalanas a la situaci¨®n econ¨®mica sin vincularnos globalmente a los esfuerzos por generar otra forma de desarrollo econ¨®mico? ?Por qui¨¦n compiten los gobiernos, nuestros gobiernos? ?Por las empresas o por las personas?

Joan Subirats es colaborador del Consejo Cient¨ªfico de Attac Catalu?a.