El Gobierno quiere responsabilizar a los directivos de las cuentas de las empresas

Los directivos que participan en la preparaci¨®n de las cuentas de una compa?¨ªa ser¨¢n responsables de la exactitud de las mismas si prospera la reforma contable que prepara el Instituto de Contabilidad y Auditor¨ªa de Cuentas (ICAC). Esto supondr¨ªa extender la responsabilidad sobre la informaci¨®n financiera a directores generales y directores financieros, tal y como ocurre ya en Estados Unidos y como ha propuesto el comisario europeo Fritz Bolkestein. La propuesta, a¨²n en estudio, debe ser aceptada por Econom¨ªa, que ser¨ªa el departamento encargado de impulsarla.

El consejo de administraci¨®n es el ¨®rgano responsable de las cuentas anuales de una compa?¨ªa en Espa?a. Por eso este documento, que se compone del balance, la cuenta de p¨¦rdidas y ganancias y la memoria, debe ser firmado por todos sus miembros, seg¨²n establecen la Ley de Sociedades An¨®nimas y el C¨®digo de Comercio.

El ICAC quiere ir m¨¢s all¨¢. La idea es extender esa obligaci¨®n a los directivos que participan en la preparaci¨®n de las cuentas, como pueden ser el director general o el director financiero, se sienten ¨¦stos en el ¨®rgano que gobierna la sociedad o no, seg¨²n explica el presidente del ICAC, Jos¨¦ Luis L¨®pez Combarros. Para ello, los t¨¦cnicos de este organismo del Ministerio de Econom¨ªa, que dirige Rodrigo Rato, se han fijado en la ¨²ltima reforma estadounidense, aprobada en 2002 como reacci¨®n a los esc¨¢ndalos corporativos que empezaron con la quiebra de Enron.

?sta obliga al primer directivo (chief executive officer) y al director financiero (chief financial officer) a "certificar" los informes financieros de las compa?¨ªa cotizadas. Ello significa que estos documentos deben incorporar una declaraci¨®n escrita de cada uno de estos directivos en la que ¨¦stos confirmen que han revisado el informe y que el contenido de ¨¦ste se ajusta a la realidad. No cumplir alguna de estas exigencias puede acarrear multas de hasta cinco millones de d¨®lares y 20 a?os de prisi¨®n.

La reforma espa?ola a¨²n no est¨¢ tan detallada, si bien en el ICAC aseguran que se est¨¢n planteando tambi¨¦n la posibilidad de que estos directivos arriesguen penas de c¨¢rcel si no cumplen con la nueva obligaci¨®n.

Lo que no est¨¢ claro a¨²n es el calendario. La intenci¨®n del promotor era incluir este cambio dentro de la pr¨®xima reforma contable que, de acuerdo al calendario inicial previsto, deber¨ªa estar en manos del Ministerio de Econom¨ªa a mediados de este a?o. Las elecciones del pr¨®ximo 14 de marzo pueden retrasar estos planes.

La Uni¨®n Europea, que intenta responder al esc¨¢ndalo Parmalat, puede dar un nuevo impulso al proceso. El comisario de Mercado Interior, el holand¨¦s Fritz Bolkestein, hizo una propuesta en el mismo sentido en la ¨²ltima reuni¨®n de ministros de Econom¨ªa y Finanzas (Ecofin) el pasado martes. Algunos abogados consultados cuestionan, sin embargo, la eficacia jur¨ªdica de este tipo de medidas. "El consejero delegado puede firmar lo que sea, pero ¨¦l no hace las cuentas", asegura un experto en derecho mercantil, que prefiere no aparecer con su nombre. La clave de la reforma estadounidense est¨¢ en su dimensi¨®n simb¨®lica, en el hecho de obligar a los directivos a firmar los informes financieros.

En Espa?a, tal y como est¨¢ hoy la ley, ni siquiera se pueden imputar al consejo de administraci¨®n todos los errores en las cuentas de una compa?¨ªa. El consejo es el ¨®rgano que aprueba las cuentas, pero no las hace. Por eso para exigir responsabilidad a un consejero por el contenido de este documento se debe demostrar que no cumpli¨® con sus obligaciones de supervisar al equipo directivo o que lo hizo de forma inadecuada.

Si se logra demostrar este extremo se puede plantear una demanda de responsabilidad civil, para lo cual es necesario acreditar el da?o y cuantificarlo. Otra v¨ªa es la penal. El C¨®digo Penal de 1995 introdujo como novedad un cap¨ªtulo espec¨ªfico sobre delitos societarios. El art¨ªculo 290 especifica que los administradores "que falsearen las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situaci¨®n jur¨ªdica o econ¨®mica de la entidad (...), ser¨¢n castigados con la pena de prisi¨®n de uno a tres a?os y multa de 6 a 12 meses". La querella debe interponerla alg¨²n afectado, "suele ir contra el consejo en bloque y es en la investigaci¨®n donde se depura qui¨¦n es el responsable. En la pr¨¢ctica, el consejero delegado siempre es el que primero aparece", explica un abogado penalista, quien precisa que este delito suele ir asociado a otros m¨¢s graves, como el de fraude o estafa.

La ¨²ltima memoria de la Fiscal¨ªa General del Estado constata que los delitos societarios est¨¢n en aumento: en 2002 fueron 356 causas, lo que supone un 27% m¨¢s que el a?o anterior. El mismo an¨¢lisis recoge un descenso del delito contable.