Carod y los esp¨ªas

El historial de actividades sospechosas del Centro Nacional de Inteligencia (antes Cesid) es dilatado. Desde su creaci¨®n en 1977, todos y cada uno de los partidos pol¨ªticos, desde el propio PSOE hasta el PNV, pasando por Coalici¨®n Canaria y el GIL, lo han acusado en alg¨²n momento de espionaje. En 1983, Jorge Verstrynge denunci¨® que Alianza Popular estaba siendo espiada por el Cesid y a?os m¨¢s tarde Federico Trillo, entonces presidente del Congreso, sostuvo que era controlado por el servicio de inteligencia. El Partido Popular sabe pues perfectamente qu¨¦ es sentirse observado, espiado y controlado.

Los servicios secretos son tremendamente poderosos y su poder radica en su capacidad para penetrar en la esfera ¨ªntima de los ciudadanos y en su potencial para hacerse aut¨®nomos del poder pol¨ªtico. En todos los pa¨ªses del mundo, el espionaje a partidos ha sido posiblemente su principal fuente de problemas y en la d¨¦cada de los setenta un caso similar al de Carod le cost¨® a la Polic¨ªa Montada de Canad¨¢ nada menos que perder todas sus competencias en inteligencia interior.

La noticia de la reuni¨®n de Carod Rovira con ETA se filtra en plena campa?a electoral. El CNI ha sido acusado del espionaje y tambi¨¦n de filtrar la noticia. Ambas acusaciones son de extrema gravedad porque presentan un escenario en absoluto democr¨¢tico: si el Ejecutivo filtr¨® las conversaciones con informaci¨®n del CNI el Gobierno hizo un uso partidista del servicio de inteligencia; si el CNI segu¨ªa a ETA cuando apareci¨® Carod la noticia s¨®lo pudo filtrarla el CNI o el propio Gobierno, y si el CNI sigui¨® a Carod por su cuenta y riesgo actu¨® de forma aut¨®noma con respecto al Ejecutivo. Y precisamente es la subordinaci¨®n a la legalidad y la neutralidad pol¨ªtica lo que diferencia a un servicio de inteligencia de una polic¨ªa pol¨ªtica.

La mejor forma de evitar que un servicio de inteligencia sea aut¨®nomo es fij¨¢ndole los objetivos y controlando su ejecuci¨®n. Desde la reforma de marzo de 2002, el Gobierno indica al CNI cu¨¢les son sus cometidos. Hasta entonces, eran fruto de la discusi¨®n entre el ministro de Defensa y el director del Centro y con suerte el Consejo de Ministros se daba por enterado. Cuando en 1998 se descubre que el Cesid estaba espiando a Herri Batasuna en su sede de Vitoria, el ministro Serra tiene que escudarse en que no se espiaba a un partido pol¨ªtico sino al entorno de ETA. La excusa para justificar el espionaje a Carod, l¨ªder de un partido democr¨¢tico y miembro de un Gobierno aut¨®nomo, es mucho m¨¢s dif¨ªcil de encontrar. Por tanto, si efectivamente el CNI espiaba a Carod Rovira, s¨®lo hay dos posibilidades y ambas igualmente graves: o el Gobierno inst¨® al CNI a vigilar al conseller en cap o el CNI actu¨® de forma aut¨®noma.

Raz¨®n de Estado no es raz¨®n de Gobierno, y la difusi¨®n de la reuni¨®n de Carod con ETA parece estar a todas luces realizada en beneficio del partido en el Gobierno y no del Estado. Las legislaciones de muchos pa¨ªses -no la nuestra- indican expresamente que el director del servicio de inteligencia velar¨¢ por que el Gobierno no haga un uso partidista del servicio. Es dif¨ªcil creer, por su trayectoria, que el director Dezcallar haya consentido un uso pol¨ªtico de esta informaci¨®n y, de hecho, hasta podr¨ªa ser posible que ni el CNI ni el Gobierno supieran nada del asunto, pero el problema es ?c¨®mo salir de dudas? El presidente Aznar ya ha afirmado: "Yo nunca hablo de esas cosas", pero la garant¨ªa de la democracia est¨¢ en conocer, en rendir cuentas y en pedir responsabilidades cuando las cosas se hacen mal, sobre todo cuando hablamos de los poderosos servicios de inteligencia.

El Parlamento es la sede para explicar en sesi¨®n secreta a los representantes de los ciudadanos cu¨¢ndo y c¨®mo es m¨¢s ¨²til detener a un terrorista y -si es que existen- las razones que llevan a espiar a un miembro de un Gobierno aut¨®nomo. Lo grave es que nuestro mecanismo de control parlamentario de los servicios de inteligencia es de lo m¨¢s pobre e irrisorio de cuanto se puede encontrar en los pa¨ªses de nuestro entorno. Hasta 1986 no se regul¨® su control a trav¨¦s de la mal llamada Comisi¨®n de Secretos Oficiales, que, adem¨¢s de no ser estrictamente una comisi¨®n, excluye a los grupos minoritarios, incluida ERC. Por este motivo, en 1987, Miquel Roca y otros 66 diputados recurrieron en amparo esta resoluci¨®n pero sin ning¨²n resultado. Desde entonces, a las tradicionales sospechas que estas formaciones minoritarias tienen de ser objeto de la actividad del CNI -y que ahora se recrudecen- se les une su total exclusi¨®n del control parlamentario. Mal camino sin duda para hacer Estado y mal camino para que puedan dejar de pensar que el servicio de inteligencia es ¨²nicamente un instrumento en manos de los dos grandes partidos.

Tras los esc¨¢ndalos de espionaje de 1995 y 1998 el servicio de inteligencia qued¨® casi desmantelado y sumido en el m¨¢s absoluto desprestigio internacional. El propio PP padeci¨®, al llegar al Gobierno, las consecuencias de un Parlamento incapaz de haber podido controlar a los esp¨ªas y de unas dudas sembradas a veces infundadamente sobre el servicio secreto. El CNI no puede ser aut¨®nomo, no puede ser da?ado de forma gratuita y tampoco puede ser utilizado pol¨ªticamente; porque el servicio de inteligencia no es del Gobierno, no es del PP y tampoco lo ser¨¢ en el futuro del PSOE. El Centro Nacional de Inteligencia es un servicio del Estado y en definitiva de los ciudadanos. El conseller Carod, record¨¦moslo, adem¨¢s de ciudadano es tambi¨¦n Estado, y en democracia cualquier duda que pueda surgir sobre una actividad partidista o aut¨®noma de los servicios de inteligencia debe ser explicada de forma clara e inmediata ante el Parlamento.

Antonio M. D¨ªaz Fern¨¢ndez es profesor de la Universidad de Burgos y autor de Los servicios de inteligencia espa?oles, de pr¨®xima aparici¨®n en Alianza.