Los conservadores copan la judicatura

Los ciudadanos han valorado con un 4,9 el funcionamiento de la Administraci¨®n de Justicia durante el ¨²ltimo ejercicio de la era Aznar. Un suspenso que pone fin a una etapa bien caracterizada por el copo indisimulado de los cargos m¨¢s representativos de la magistratura y la fiscal¨ªa por la derecha judicial m¨¢s conservadora, y por el vendaval de reformas legislativas que ha terminado por sustituir, a golpe de titular informativo, al Pacto de Estado por la Justicia firmado entre Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar y el l¨ªder socialista, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero.

El comienzo de la era Aznar se caracteriz¨® por el reencuentro de la derecha pol¨ªtica con una judicatura en la que jueces estrella y fiscales indomables resultaron decisivos en la estrategia de acoso a los ¨²ltimos Gobiernos de Felipe Gonz¨¢lez.

Entre 1996 y 2000 los tribunales siguieron prodigando procesos y condenas por la llamada guerra sucia contra ETA, y por los casos de corrupci¨®n de la etapa socialista. El ingreso en la prisi¨®n de Guadalajara del ex ministro del Interior Jos¨¦ Barrionuevo y del ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera, condenados a 10 a?os por el secuestro en Francia de Segundo Marey, marc¨® el punto culminante de una estrategia que antes hab¨ªa llevado a prisi¨®n a una decena de implicados en la financiaci¨®n irregular del PSOE a trav¨¦s de Filesa. El propio ex presidente del Gobierno, Felipe Gonz¨¢lez, se libr¨® por el estrecho margen de dos votos en la resoluci¨®n del Tribunal Supremo que le exoner¨® de ser interrogado sobre los sumarios de los GAL.

A los juicios de Filesa y los GAL siguieron los del ex director general de la Guardia Civil, Luis Rold¨¢n, condenado a 32 a?os de prisi¨®n, y el ex presidente del Gobierno navarro, Gabriel Urralburu. La tortuosa instrucci¨®n y el largo juicio del caso Lasa-Zabala llevaron despu¨¦s a prisi¨®n al general de la Guardia Civil Enrique Rodr¨ªguez Galindo y al ex gobernador civil de Guip¨²zcoa, Julen Elgorriaga, condenados a 71 a?os. Todav¨ªa hoy colean en el Supremo las condenas a Rafael Vera, Jos¨¦ Mar¨ªa Rodr¨ªguez Colorado y Juli¨¢n Sancrist¨®bal por uso irregular de los fondos reservados del Ministerio del Interior, de lo que fueron absueltos los ex ministros Jos¨¦ Barrionuevo y Jos¨¦ Luis Corcuera.

La sucesi¨®n de esc¨¢ndalos de la era socialista no ha tenido despu¨¦s un tratamiento correlativo a cargo de los tribunales cuando altos cargos del PP se han visto implicados en asuntos tan vidriosos como el caso Zamora -sobre supuesta financiaci¨®n ilegal del PP-, alejado del Supremo cuando empezaba a salpicar al propio Aznar; el del presidente balear Gabriel Ca?ellas, absuelto por prescripci¨®n de un cohecho de 50 millones de pesetas del adjudicatario del t¨²nel de S¨®ller; la supuesta compra de votos del caso Formentera, a cargo del tambi¨¦n presidente balear Jaume Matas; las peticiones de imputaci¨®n del ex ministro Josep Piqu¨¦ en el supuesto desv¨ªo de 18.000 millones de pesetas en la venta de la petrolera Ertoil o la actuaci¨®n de la directora general de la CNMV, Pilar Valiente, en el caso Gescartera.

Cardenal entra en escena

A ello ha contribuido decisivamente, desde mayo de 1997, el fiscal general del Estado, Jes¨²s Cardenal Fern¨¢ndez, un fichaje del ministro Jaime Mayor Oreja para poner fin a la crisis de los fiscales indomables de la Audiencia Nacional, que el primer fiscal general del PP, Juan Ortiz ?rculo, fue incapaz de pilotar.

Ultraconservador, miembro del Opus Dei, Cardenal pronto se revela como insustituible para frenar cualquier iniciativa que pudiera aproximar a alguna personalidad del PP a las escalinatas de los juzgados. Cardenal ha ido remodelando los cargos de todo el ministerio fiscal, primando a supernumerarios y simpatizantes del Opus, y ha depurado sin contemplaciones a fiscales progresistas, o simplemente inc¨®modos, como Carlos Jim¨¦nez Villarejo, Juan Jos¨¦ Mart¨ªnez Zato, Mariano Fern¨¢ndez Bermejo o Bartolom¨¦ Vargas. En los ¨²ltimos tiempos ha bloqueado las investigaciones de Anticorrupci¨®n sobre operaciones de compra y venta de acciones de Altadis o sobre la trama electoral de la Comunidad de Madrid. Desde 1882, s¨®lo tres fiscales de la dictadura del general Franco prolongaron su mandato m¨¢s all¨¢ de los siete a?os que lleva Cardenal en el cargo. Pero, a punto de cumplir los 74, ha rebasado la edad de jubilaci¨®n y ni se vislumbra su relevo.

La mayor¨ªa absoluta del PP y la llegada de ?ngel Acebes a Justicia marcan un punto de inflexi¨®n. La negociaci¨®n del Pacto de Estado para la Justicia sustituye la pol¨ªtica de enfrentamientos. El pacto, suscrito entre PP y PSOE, preve¨ªa un presupuesto de 1.500 millones de euros para modernizar las anquilosadas estructuras de la Administraci¨®n de Justicia, un nuevo sistema de nombramiento en el Consejo del Poder Judicial -que en la pr¨¢ctica reprodujo el mapa parlamentario- y una serie de reformas legislativas para tratar de agilizar los procesos.

El relevo de Acebes por Jos¨¦ Mar¨ªa Michavila acent¨²a la colaboraci¨®n en los primeros momentos. El consenso entre los dos grandes partidos sobre el endurecimiento de penas -hasta 40 a?os de c¨¢rcel-, la restricci¨®n de beneficios penitenciarios o la responsabilidad de los padres de menores participantes en actos de kale borroka, junto a una larga racha de ¨¦xitos policiales, ofrecen unos resultados espectaculares en la lucha antiterrorista. El punto culminante en la colaboraci¨®n se alcanza con la Ley de Partidos Pol¨ªticos, alumbrada ex profeso en junio de 2002 para ilegalizar Batasuna, que cumple su objetivo en apenas nueve meses.

Pero Michavila reclama cada vez una mayor adhesi¨®n a sus proyectos, apenas deja resquicio para la negociaci¨®n y modifica las leyes a golpe de titular informativo. Si una juez aplica beneficios a un preso de ETA, se inventa un juzgado de vigilancia en la Audiencia Nacional para sustraerle la competencia. Si aflora una red de pornograf¨ªa infantil en Internet se incrementan las penas por ese delito. Se tipifica o endurece desde el maltrato de animales hasta la venta de discos copiados, o desde la sustracci¨®n de tel¨¦fonos m¨®viles a la ablaci¨®n de cl¨ªtoris. Del C¨®digo Penal de 1995 se cambia casi la mitad del articulado a trav¨¦s de 10 reformas directas y algunas encubiertas en leyes de extranjer¨ªa.

El PSOE se siente cada vez contrariado dentro del pacto, del que se desvincula cuando ya es evidente que el Estatuto del Ministerio Fiscal s¨®lo va a servir para depurar a los ¨²ltimos fiscales inc¨®modos al Gobierno y para dejar la combativa Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n como un destacamento de derribo.

Entretanto, el nuevo Consejo General del Poder Judicial, alumbrado en noviembre de 2001 y en el que los vocales designados por el PP tienen mayor¨ªa absoluta gracias al voto inequ¨ªvoco del presidente Francisco Hernando, prodiga nombramientos de magistrados afines en los puestos clave de los altos tribunales.

De medio centenar de nombramientos de altos cargos, una treintena han reca¨ªdo en afiliados a la conservadora Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura o en "juristas" (fiscales, catedr¨¢ticos, abogados del Estado) o magistrados no afiliados pero de inequ¨ªvoca trayectoria conservadora. El resto se reparte entre una docena de afiliados a la asociaci¨®n progresista Jueces para la Democracia, centristas de la asociaci¨®n Francisco de Vitoria y jueces no afiliados.