La sanidad se vuelve auton¨®mica
El sistema p¨²blico de salud ha resistido los aires privatizadores que corr¨ªan en 1996. Ahora es una red descentralizada que gestionan las comunidades aut¨®nomas, pero aquejada de una grave descapitalizaci¨®n por insuficiencia financiera
No se ha atrevido. El PP no ha llevado a cabo el viraje privatizador de la sanidad p¨²blica que hab¨ªa defendido antes de llegar al poder en 1996. Pese a que en la conferencia de Sanidad del partido hab¨ªa propuesto extender gradualmente a toda la poblaci¨®n el sistema Muface, que permite a los funcionarios elegir entre la sanidad p¨²blica y la privada, el PP termina su segunda legislatura con el sistema p¨²blico intacto, universal y gratuito, y adem¨¢s descentralizado. Pero tambi¨¦n muy descapitalizado. Tres ministros se han sucedido en la cartera y ahora son las comunidades aut¨®nomas las que gestionan la sanidad. En la ¨²ltima legislatura se ha completado el proceso de transferencias sanitarias, el cambio de mayor calado desde la creaci¨®n, en 1953, de la Seguridad Social.
Cuando Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar anunci¨® que Jos¨¦ Manuel Romay, hasta entonces consejero en Galicia, iba a ser el ministro de Sanidad, el sector y los partidos de izquierda respiraron con cierto alivio. Significaba que el ala m¨¢s liberalizadora, representada por Enrique Fern¨¢ndez Miranda, hab¨ªa quedado relegada. Pero no bajaron la guardia. Romay defend¨ªa f¨®rmulas privatizadoras que, aunque oficialmente limitadas a la gesti¨®n de los centros, pod¨ªan abrir las puertas a un sistema dual. Para ahuyentar los miedos, Romay pact¨® a trav¨¦s de una subcomisi¨®n parlamentaria l¨ªneas maestras de las reformas a emprender, pero en diciembre de 1998, a hurtadillas, en una enmienda a la ley de acompa?amiento de los Presupuestos en el Senado, introdujo la que pretend¨ªa ser la reforma estrella del PP, la ley de fundaciones. Cualquier hospital pod¨ªa transformarse en una fundaci¨®n de gesti¨®n privada con capacidad para endeudarse y enajenar patrimonio. Hubo una tormenta de cr¨ªticas.
Ya con mayor¨ªa absoluta, en la segunda legislatura, Aznar prescindi¨® de Romay y el ministerio vivi¨®, bajo el cicl¨®n Celia Villalobos, una etapa de gran inestabilidad. La diputada malague?a ten¨ªa un extenso curr¨ªculo pol¨ªtico, pero escasos conocimientos de Sanidad. A los 10 meses de haberse aprobado, Villalobos envi¨® al limbo de los futuros el proyecto de fundaciones y anunci¨® un cambio de estrategia: se completar¨¢n las transferencias y que las comunidades decidan. Pese a las turbulencias de su mandato, Villalobos adopt¨® tres medidas de fondo: lleg¨® a un acuerdo con los sindicatos para regularizar a 35.000 interinos, lanz¨® un pulso a la industria farmac¨¦utica por el recorte del gasto y reparti¨® el Insalud. La transferencia a las 10 comunidades que faltaban no fue del todo pac¨ªfica. La ministra lanz¨® un ¨®rdago. Si no las aceptaban con la dotaci¨®n asignada, no podr¨ªan acogerse al nuevo modelo de financiaci¨®n auton¨®mica. Las transferencias llegaban aquejadas de un mal -insuficiencia financiera- que ahora les pesa como una losa.
Pulso con los laboratorios
La mala gesti¨®n de varias crisis apearon a Villalobos del ministerio en julio de 2002. Le sucedi¨® Ana Pastor y de nuevo hubo un respiro de alivio. La nueva ministra era una profesional del sector y adem¨¢s hab¨ªa demostrado en otros ministerios su alta capacidad de gesti¨®n. El departamento entr¨® en una etapa de tranquilidad, en la que la ministra logr¨® un amplio apoyo para su Ley de Calidad y Cohesi¨®n del Sistema Sanitario, destinada a garantizar lo que su nombre indica. Es la obra de la que se siente m¨¢s orgullosa: "Garantiza que no haya ciudadanos de primera y de segunda, garantiza el derecho a una asistencia sanitaria de calidad vivan donde vivan", resume la ministra.
Pastor ha continuado el pulso con los laboratorios. Farmaindustria ya manten¨ªa tensas relaciones con el el Gobierno del PSOE, pero ha sido el del PP el que se ha atrevido a meter la mano en su cuenta de beneficios. El PP, que tanto hab¨ªa criticado el medicamentazo del PSOE, aplic¨® el suyo propio en enero de 1998, con la exclusi¨®n de la financiaci¨®n p¨²blica de otros 869 f¨¢rmacos. En diciembre de 1998 aprob¨® la introducci¨®n de medicamentos gen¨¦ricos y precios de referencia, pero esta normativa tuvo un desarrollo tan lento, hubo tantas resistencias, que no ha recibido el impulso definitivo hasta seis a?os m¨¢s tarde, cuando en septiembre pasado la ministra Pastor anunci¨® un nuevo y dr¨¢stico recorte de precios en 2.256 especialidades, con rebajas de precios hasta del 80%. Nadie garantiza, sin embargo, que estas medidas vayan a ser suficientes, porque hay problemas estructurales que a¨²n no se han abordado.
Humberto Arn¨¦s, presidente de Farmaindustria, destaca positivamente la relaci¨®n de di¨¢logo permanente con el ministerio y "la importante transformaci¨®n de la sanidad espa?ola" con la culminaci¨®n de las transferencias y medidas de tanto calado como la Ley de Cohesi¨®n. "Pero tambi¨¦n ha habido puntos de desencuentro, como el nuevo sistema de precios de referencia, aunque ambas partes tenemos voluntad de acercamiento y estamos trabajando conjuntamente para salvar las diferencias", dice.
Hay acuerdo en que la financiaci¨®n de la sanidad es insuficiente. En 1994 se hab¨ªa tapado un agujero de un bill¨®n de pesetas y en varias ocasiones se aprobaron cantidades adicionales a las presupuestadas. Pero hay unanimidad en que el presupuesto disponible, 3.569 millones de euros, del que el ministerio s¨®lo gestiona el 17%, no cubre las necesidades y est¨¢ llevando el sistema a una peligrosa descapitalizaci¨®n. Espa?a ocupa, seg¨²n la OCDE, el pen¨²ltimo lugar de la Uni¨®n Europea en gasto de salud por habitante (1.283 euros). La cifra total representa el 7,5% del PIB, cuando la media de los pa¨ªses de la OCDE es del 8,4%.
Crisis y listas de espera
Todo sistema p¨²blico universal y gratuito genera listas de espera. Pero en Espa?a est¨¢n muy por encima de los niveles tolerables. Han sido una cruz para los sucesivos ministros, pero no menos que para las 300.000 personas que, seg¨²n un demoledor informe del Defensor del Pueblo, esperaban en diciembre de 2002 una intervenci¨®n quir¨²rgica, 18.000 de ellos desde hac¨ªa m¨¢s de seis meses.
Sanidad ha tenido que afrontar sucesivas crisis sanitarias, no siempre bien gestionadas. Desde el contagio de hepatitis C por el anestesista Juan Maeso a 250 pacientes de Valencia o la retirada del f¨¢rmaco Lipobay, a la crisis de la legionela de Alcoy, que las autoridades sanitarias fueron incapaces de atajar. En tres a?os Alcoy sufri¨® cinco brotes, con un saldo de m¨¢s de 200 afectados y 10 muertes.
Con todo, la crisis m¨¢s grave, por su impacto econ¨®mico, fue la de las vacas locas. Cuando se demostr¨® que el pri¨®n alterado que causa la enfermedad en las reses hab¨ªa pasado a humanos y provocado decenas de v¨ªctimas en Gran Breta?a, la UE dict¨® en 1996 una normativa prohibiendo el uso de harinas de origen c¨¢rnico en la alimentaci¨®n del vacuno. De haberse cumplido esa normativa, probablemente Espa?a se habr¨ªa librado. Pero no fue as¨ª. La muerte de la vaca Elvira, en agosto de 2000, inici¨® una grave crisis de confianza.
Espa?a es el ¨²nico pa¨ªs de la UE en que la progresi¨®n de casos sigue siendo ascendente. La ¨²nica explicaci¨®n posible es que las harinas prohibidas a partir de 1996 se siguieron utilizando durante a?os. Juan Jos¨¦ Badiola, responsable del laboratorio de referencia para esta enfermedad, est¨¢ convencido de que se utilizaron hasta que se produjo el primer caso de vaca loca. El Gobierno fue incapaz de controlar el uso ilegal y, aunque afortunadamente no se ha producido ning¨²n caso de la enfermedad en humanos, la crisis cost¨®, entre gastos y p¨¦rdidas, m¨¢s de 900 millones de euros en apenas dos a?os.
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