Los 'irregulares' de Aznar

En 1996, cuando el PP se hizo cargo del Gobierno, resid¨ªan en Espa?a poco m¨¢s de medio mill¨®n de extranjeros, todos ellos regularizados. Hoy, tras cuatro reformas que han endurecido cada vez m¨¢s la legislaci¨®n, el n¨²mero de extranjeros es de 2,5 millones, de los cuales 853.000 se hallan en situaci¨®n irregular. Las causas de este cambio responden tanto al auge de la inmigraci¨®n en toda Europa como a la gesti¨®n de los Gobiernos de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar.

El fen¨®meno social que est¨¢ transformando vertiginosamente la sociedad no estall¨® de un d¨ªa para otro. Pero si hubiera que se?alar una fecha en la que los espa?oles tomaron conciencia de su existencia ser¨ªa el 22 de enero de 2000. A las ocho y media de la ma?ana de aquel d¨ªa, un inmigrante palestino de 24 a?os degoll¨® a dos agricultores en la localidad almeriense de El Ejido. Una decena de d¨ªas m¨¢s tarde, otro inmigrante, esta vez de origen magreb¨ª, mat¨® de una pu?alada a una mujer de 26 a?os en un mercado cercano. Cientos de vecinos armados con barras de hierro y palos se entregaron entonces a una org¨ªa de vandalismo racista. Cortaron carreteras de acceso a la poblaci¨®n, quemaron neum¨¢ticos, coches, viviendas y negocios de inmigrantes, y apalearon a cuantos extranjeros hallaron al paso.

Antes, en junio de 1996, apenas un mes despu¨¦s de que el PP llegara al poder, 103 inmigrantes subsaharianos fueron expulsados, previamente narcotizados con haloperidol, a varios pa¨ªses africanos a bordo de un avi¨®n militar. A prop¨®sito de esa operaci¨®n, el presidente Aznar pronunci¨®, a modo de explicaci¨®n, aquella frase que se har¨ªa famosa: "Hab¨ªa un problema, y lo hemos solucionado".

El entonces ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, se?al¨® tres meses despu¨¦s de lo ocurrido en El Ejido: "La inmigraci¨®n es el problema n¨²mero uno para la convivencia en Espa?a durante la pr¨®xima d¨¦cada. Si ETA es un problema del siglo XIX, la inmigraci¨®n ser¨¢ la piedra angular de la convivencia".

Mayor Oreja pronunci¨® esas palabras en la toma de posesi¨®n del primer delegado del Gobierno para la Extranjer¨ªa y la Inmigraci¨®n, el secretario de Estado Enrique Fern¨¢ndez-Miranda. Fue mucho m¨¢s que un acto protocolario. Fue la escenificaci¨®n de un cambio radical del enfoque que el Ejecutivo hab¨ªa dado hasta entonces al fen¨®meno. Con aquella breve liturgia, el Ministerio del Interior arrebat¨® las competencias sobre los extranjeros al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. La inmigraci¨®n comenz¨® a ser tratada como un asunto de competencia policial.

Ese cambio de rumbo ya se hab¨ªa cobrado su primera v¨ªctima pol¨ªtica pocos meses antes en la personas del entonces ministro de Trabajo, Manuel Pimentel, que hab¨ªa presentado una Ley de Extranjer¨ªa de talante progresista para sustituir la norma socialista de 1985. El Gobierno decidi¨® introducir 105 enmiendas para endurecerla, pero la C¨¢mara las rechaz¨®. Sucedi¨® en el ¨²ltimo pleno de la primera legislatura con Aznar en La Moncloa. El presidente del Gobierno prometi¨® que, si ganaba las elecciones que se avecinaban, su primera tarea ser¨ªa cambiar la ley.

Y lo hizo. No una, sino tres veces. Para justificar su actitud, el Gobierno ech¨® mano de un concepto hasta entonces in¨¦dito, el supuesto "efecto llamada" que la norma ejerc¨ªa sobre los miles de inmigrantes que, cada vez en mayor n¨²mero, alcanzaban desde Marruecos las costas andaluzas y Canarias. El 24 de noviembre de 2000, la mayor¨ªa absoluta del PP logr¨® sacar adelante la reforma en el Congreso, pero con un lastre. El PSOE, seis Gobiernos y dos Parlamentos aut¨®nomos recurrieron ante el Tribunal Constitucional.

El PP siempre justific¨® su pol¨ªtica por el m¨¦todo de identificar inmigraci¨®n con delincuencia. Si la primera reforma de la ley se hizo bajo los ecos de los vand¨¢licos sucesos de El Ejido, la segunda fue presentada al rebufo del crimen que el moldavo Pietro Arkan perpetr¨® en 2002 en un chal¨¦ de Madrid. La respuesta del Gobierno fue modificar no s¨®lo la Ley de Extranjer¨ªa, sino tambi¨¦n la de Enjuiciamiento Criminal y el C¨®digo Penal para que los delincuentes extranjeros condenados por delitos con penas inferiores a seis a?os fueran expulsados del pa¨ªs.

Pocos meses despu¨¦s de que el PP impusiera en el Congreso su mayor¨ªa absoluta para aprobar esta reforma, el Tribunal Supremo anulaba, en marzo de 2003, 11 art¨ªculos del reglamento que desarrollaba la ley. V¨¦rtebra a v¨¦rtebra, saltaba por los aires la espina dorsal de la pol¨ªtica de extranjer¨ªa.Para apuntalar su pol¨ªtica, el Gobierno se vio obligado a modificar nuevamente el C¨®digo Penal, el C¨®digo Civil, la Ley de Bases de R¨¦gimen Local y, por tercera vez en tres a?os, la Ley de Extranjer¨ªa. Y aprovech¨® para endurecer a¨²n m¨¢s la norma. En diciembre del a?o pasado entr¨® en vigor la ¨²ltima reforma, por ahora, de la ley.

La bater¨ªa de diques legales puesta en marcha por el Ejecutivo en los ¨²ltimos ocho a?os, las dos regularizaciones extraordinarias -que permitieron salir a la luz a cientos de miles de extranjeros-, el blindaje de Ceuta y Melilla y el Sistema Integral de Vigilancia Electr¨®nica instalado en el Estrecho y en Canarias no han conseguido frenar la avalancha de extranjeros.

En las calles crece d¨ªa a d¨ªa una masa de sin papeles que, imposibilitados para trabajar legalmente, basculan entre la explotaci¨®n laboral y la tentaci¨®n de la delincuencia como modo de sobrevivir.