11.300 familias esperan su casa en el nuevo barrio de Carabanchel

Los futuros vecinos del nuevo barrio de Carabanchel est¨¢n hartos de esperar a que les entreguen sus viviendas, que llegan, en algunos casos, con cinco a?os de retraso y con sobreprecios que a¨²n no saben por qu¨¦ tuvieron que pagar. El nuevo barrio, dividido en tres zonas, fue proyectado en 1995 para 11.350 familias, y algunas casas ya est¨¢n hechas. Pero a¨²n no vive nadie all¨ª. Adem¨¢s, las carreteras M-45 y R-5 les han quitado parte de lo que iban a ser sus zonas verdes.

Viviendas construidas, pero sin posibilidad de ser habitadas. Zonas verdes atravesadas por autopistas. Un ruido que supera los niveles establecidos por la ley. Hasta cinco a?os de retraso en la entrega de las viviendas. ?ste es hoy el Programa de Actuaci¨®n Urban¨ªstica (PAU) o nuevo barrio de Carabanchel, que fue proyectado en 1995 para acoger a m¨¢s de 30.000 vecinos en 11.350 viviendas -la mitad de ellas de protecci¨®n p¨²blica, es decir, m¨¢s baratas que las de mercado- entre el casco antiguo de Carabanchel, la M-40 y el l¨ªmite entre Madrid y Legan¨¦s. Ma?ana, a las 11.30, los futuros vecinos tomar¨¢n su barrio pac¨ªficamente, para exigir que les den sus viviendas "ya".

Desde 1997 se llevan vendiendo pisos y prometiendo que se entregar¨ªan en tres a?os aproximadamente, y a¨²n no hay nadie viviendo en este nuevo barrio. En el caso de la unidad de ejecuci¨®n 1 (UE-1) -hay otras dos unidades-, se acaban de empezar las primeras construcciones.

Los primeros retrasos se debieron a un colector de aguas residuales que ten¨ªa que pasar por el t¨¦rmino municipal de Legan¨¦s. Este Ayuntamiento y el de Madrid no llegaron a un acuerdo sobre el trazado, que fue preciso modificar, lo cual encareci¨® la obra. Aunque esta infraestructura va a atender las necesidades de todo el barrio, s¨®lo lo pag¨® la unidad de ejecuci¨®n 2 (UE-2).

Con el colector lleg¨® el primer desencuentro, a tres bandas. Por un lado, Manuel Dapena, presidente de la Junta de Compensaci¨®n de la UE-2 -organismo formado por todos los promotores de esa unidad-, acusa a la Gerencia Municipal de Urbanismo de mala gesti¨®n: "Suspendieron las licencias hasta que no se arregl¨® el problema". Afirma, adem¨¢s, que fue la Junta la que pag¨® el colector. Por eso, la empresa de Dapena (Caisa), como m¨¢ximo accionista -tiene el 60% de las 1.355 viviendas que se construir¨¢n en la UE-2- pag¨® "la mayor parte del colector". Los propietarios, por otro lado, aseguran que fueron ellos los que lo sufragaron. "Unos 2.400 euros por persona", asegura uno de los clientes de Caisa.

Pagar la diferencia

Estos clientes tambi¨¦n acusan a Dapena de hacerles pagar sobreprecios en sus viviendas, a pesar de que la mayor¨ªa son de protecci¨®n p¨²blica -con un precio m¨¢ximo fijado por la Comunidad de Madrid-, en conceptos de gastos financieros o de subida del precio de los materiales. Dapena se?ala que estos gastos son perfectamente normales: "Si piden un cr¨¦dito, tendr¨¢n que pagar los intereses, y si en vez de unos quieren otros materiales, tendr¨¢n que pagar la diferencia".

Las 1.355 viviendas de Caisa est¨¢n terminadas, as¨ª como 700 m¨¢s de otras promotoras, pero no se puede vivir en ellas. La raz¨®n es que a¨²n no se ha terminado la urbanizaci¨®n -infraestructuras de luz, agua, etc¨¦tera- y, por ello, el Ayuntamiento no concede las licencias de ocupaci¨®n.

Los nuevos vecinos acusan a Dapena, ya que la Junta de Compensaci¨®n es la responsable de estas obras, de retrasar la entrega de las casas para presionar a los propietarios y que paguen m¨¢s dinero. "Nosotros firmamos el precio del piso que fijaba la Comunidad en 2001, pero se nos condiciona su entrega a que firmemos el precio fijado en 2002", protesta una afectada.

Dapena responde que la construcci¨®n empez¨® en 2002, por lo que, seg¨²n ¨¦l, ¨¦se es el precio que se ha de pagar, y vuelve a echar la culpa de los retrasos a Urbanismo. Asegura que s¨®lo falta, para completar la urbanizaci¨®n, formalizar un documento con el Canal de Isabel II e Iberdrola, "que estar¨¢ listo en poco tiempo". Documentos que fueron entregados ayer, seg¨²n declar¨® un portavoz del Canal. En cualquier caso, en junio de 2002 s¨®lo faltaba por urbanizar el 5% del total, seg¨²n figura en la p¨¢gina web de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

Defensor del Pueblo

Un informe del Defensor del Pueblo, solicitado por los vecinos, critica al gobierno municipal porque pod¨ªa haber completado ¨¦l mismo las obras de urbanizaci¨®n en vista de los retrasos. El Ayuntamiento, que forma parte, por partida doble, de la Junta de Compensaci¨®n -ya que la Empresa Municipal de la Vivienda ha construido varias parcelas en la UE-2-, afirma que no vio necesario terminar de urbanizar porque, seg¨²n sus informaciones, la Junta ya se estaba ocupando de ello. El mismo informe, que es vinculante, tambi¨¦n critica al Gobierno de la Comunidad de Madrid porque es el encargado de vigilar los precios de la vivienda protegida, "aunque no existan denuncias por parte de los afectados", dice textualmente.

Los pisos de Caisa, seg¨²n asegura Dapena, se empezar¨¢n a ense?ar a sus propietarios a partir del pr¨®ximo d¨ªa 16 y la licencia de ocupaci¨®n "llegar¨¢ pronto". Aunque por fin consigan vivir en sus casas, los futuros habitantes del nuevo barrio de Carabanchel a¨²n no saben cu¨¢ndo podr¨¢n contar con otras dotaciones fundamentales como colegios, centros sociales y m¨¦dicos, lugares de ocio y centros comerciales.

Pero aqu¨ª no acaban sus problemas.

El proyecto original del PAU de Carabanchel anunciaba que el 40% de su superficie ser¨ªa zona verde, contando con un ¨¢rea que estaba al otro lado de la M-40 y que fue cedida en 1997 al Ayuntamiento de Legan¨¦s. Al otro lado, colocado entre los edificios y la M-40, el Parque Lineal har¨ªa de pantalla natural contra los ruidos de la carretera. Pero la Comunidad de Madrid construy¨® en 2001 los ramales de la M-45 sobre una parte del parque. Posteriormente, la carretera de peaje R-5 tambi¨¦n se comi¨® otro pedazo de la zona verde y, por ¨²ltimo, el proyecto de ampliaci¨®n de la M-40, en el que se construir¨¢ una v¨ªa de servicio, pasa igualmente por estas ¨¢reas.

Los jardines del futuro barrio no s¨®lo quedar¨ªan, con todo, reducidos "al 10% del terreno total", aseguran los vecinos, sino que algunos edificios ya se han quedado completamente pegados a la carretera. En uno de estos pisos, la unidad de control ac¨²stico del Ayuntamiento comprob¨® en julio del a?o pasado que los niveles de ruido superaban en 10 decibelios lo que establec¨ªa la ley. Con un reciente cambio de normativa, ¨¦stos se superan hoy en 20 decibelios.

El Ministerio de Fomento y la Comunidad de Madrid afirman que son los vecinos los que han de acometer las obras de aislamiento ac¨²stico. El Defensor del Pueblo, en otro informe, se?ala, sin embargo, que el ministerio no puede imponer "a los particulares obligaciones" no determinadas en la ley ni, mucho menos, dejar "de velar por la integridad de los derechos fundamentales" de estos vecinos.