El presidente de Asaja en Sevilla ser¨¢ juzgado por delito ambiental
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucci¨®n n¨²mero 1 de Lebrija (Sevilla) ha ordenado la apertura de juicio oral contra Miguel Af¨¢n de Ribera Ibarra, presidente de la organizaci¨®n agraria Asaja en Sevilla, por los supuestos delitos contra el medio ambiente y la fauna y por un supuesto delito de desobediencia. En un auto dictado el pasado 10 de febrero, el juez Ignacio de Torres requiere al acusado para que deposite una fianza y ratifica su libertad.
En este procedimiento, Af¨¢n de Ribera est¨¢ acusado por la fiscal¨ªa y la letrada de la Junta de Andaluc¨ªa de haber cometido sendos delitos contra el medio ambiente y la fauna por corregir y excavar el cauce de los arroyos Salado y Madre Salado para lograr mayor profundidad y utilizar la tierra sacada para levantar dos grandes muros y crear un cauce nuevo. Las actuaciones, realizadas adem¨¢s sin licencia de obras, pretend¨ªan mejorar el aprovechamiento agr¨ªcola de una finca r¨²stica propiedad del presidente de Asaja en Sevilla, seg¨²n se recoge en el auto judicial. Las obras, realizadas a finales de julio de 2002, consist¨ªan "fundamentalmente en lograr que una zona de 100 hect¨¢reas que son zonas inundables naturalmente, dejen de serlo".
Estos trabajos, seg¨²n la Consejer¨ªa de Medio Ambiente, han provocado la desaparici¨®n de la vegetaci¨®n de ribera de los arroyos, una zona de especial valor al tratarse del h¨¢bitat natural del fartet andaluz, un pez declarado en peligro de extinci¨®n. "Hasta el momento de las obras se desarrollaba y reproduc¨ªa en ¨¦l con plena normalidad y despu¨¦s de las obras ha desaparecido totalmente del cauce", se recoge en el escrito de acusaci¨®n.
La Consejer¨ªa de Medio Ambiente orden¨® la suspensi¨®n de las obras el 3 de octubre de 2003, cuando se inici¨® el expediente sancionador contra Miguel Af¨¢n de Ribera, al que advirti¨® de que incurrir¨ªa en un delito de desobediencia si incumpl¨ªa la orden. La Junta reclama una indemnizaci¨®n de m¨¢s de 2 millones de euros por los perjuicios causados y tres a?os de prisi¨®n para el acusado, mientras que el fiscal pide 18 meses de c¨¢rcel.
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