El pacto agrietado

Entre los restos del naufragio provocado por el surrealista encuentro mantenido a principios de enero en Francia por el secretario general de ERC y representantes de ETA, el pecio de mayor tama?o es el Acuerdo Contra el Terrorismo firmado el 8 de diciembre de 2000 por el PP y el PSOE. El documento no tuvo una g¨¦nesis f¨¢cil: la propuesta de Zapatero fue acogida con desd¨¦n por Mariano Rajoy (entonces vicepresidente primero), que acus¨® al l¨ªder socialista de haber sacado un conejo de la chistera s¨®lo para llamar la atenci¨®n del p¨²blico. El acuerdo tampoco ha disfrutado de una vida c¨®moda: pese al compromiso de "colaboraci¨®n permanente, intercambio de informaci¨®n, actuaci¨®n concertada y b¨²squeda de posiciones conjuntas" frente al terrorismo, el Gobierno de Aznar ha ninguneado sin piedad al PSOE siempre que ha podido. Finalmente, populares y socialistas no se mostraron dispuestos esta vez a negociar su acuerdo con los partidos nacionalistas que hab¨ªan firmado, sin embargo, el Pacto de Madrid de 5 de noviembre de 1987 y el Pacto de Ajuria Enea de 12 de enero de 1988 contra el terrorismo.

La clave de arco del acuerdo de 2000 era privar "de toda esperanza a ETA"; esto es, hacer desaparecer cualquier posibilidad de que los nacionalistas intenten cobrar en el futuro "un precio pol¨ªtico" por el abandono de la violencia terrorista, abstracci¨®n hecha de que la mayor¨ªa gobernante sea del PP o del PSOE. El documento condiciona cualquier "acuerdo pol¨ªtico o pacto institucional" con PNV y EA al "abandono definitivo" y a la "ruptura formal del Pacto de Estella", firmado en 1998 por ambos partidos con el brazo pol¨ªtico de ETA para emprender un camino en com¨²n hacia la independencia de una Euskal Herria formada por el Pa¨ªs Vasco, Navarra y los territorios franceses ultrapirenaicos. Las discrepancias sobre los puntos dudosos de un contrato siempre son dif¨ªciles de resolver incluso si est¨¢n animadas por la buena fe: las pasiones partidistas y el ventajismo electoral han transformado las cl¨¢usulas de este pacto pol¨ªtico en un campo de minas.

As¨ª, el PP infiere como corolario del acuerdo del a?o 2000 que la conversaci¨®n mantenida por Carod con representantes de la banda terrorista y la posterior tregua de ETA circunscrita a Catalu?a obligar¨ªan inexcusablemente al PSOE a romper cualquier alianza con ERC y a forzar -a trav¨¦s de los socialistas catalanes- su expulsi¨®n del Gobierno de la Generalitat. Pero el paso l¨®gico de la extensi¨®n anal¨®gica autom¨¢tica a Catalu?a del acuerdo suscrito para el Pa¨ªs Vasco por PP y PSOE no parece bien fundado. ETA y ERC niegan que la tregua catalana anunciada hace una semana por la banda terrorista sea fruto de una negociaci¨®n entre ambas partes; a diferencia de la tregua-trampa avalada por el Pacto de Estella, las contraprestaciones a pagar por los republicanos -el precio pol¨ªtico por el cese de la violencia- tampoco resultan evidentes por s¨ª mismas. Carod se asemeja m¨¢s a un predicador pelmazo de Elkarri que a un dirigente ventajista del PNV o de EA.

Por el contrario, los populares han conculcado de manera tan flagrante como aventurera un acuerdo que les compromet¨ªa "a eliminar del ¨¢mbito de la leg¨ªtima confrontaci¨®n pol¨ªtica o electoral entre nuestros dos partidos las pol¨ªticas para acabar con el terrorismo". La brutal descalificaci¨®n lanzada por la ministra Garc¨ªa-Valdecasas contra los socialistas, supuestos culpables de haber "pactado en Catalu?a con asesinos" al mantener a ERC en el Gobierno tripartito, es una obscena rebusca demag¨®gica del voto. Ni la combinaci¨®n de necedad intelectual y deslealtad pol¨ªtica perpetrada por Carod al entrevistarse con la banda terrorista, ni las confusiones camufladas de maquiavelismo cometidas por Pasqual Maragall en el manejo de la crisis, ni las contradicciones internas del Gobierno tripartito en su diagn¨®stico de la violencia en el Pa¨ªs Vasco son suficientes -pese a su indiscutible gravedad- para disculpar la manipulaci¨®n realizada por el Gobierno en su dolosa interpretaci¨®n del acuerdo de 2000. Todo hace suponer que el PP intenta aprovechar la ocasi¨®n para quedarse s¨®lo en el escenario constitucional y destruir la posibilidad de una alternativa capaz de disputarle el poder a medio plazo: la v¨ªa es acusar ahora a Zapatero de compa?ero de viaje de ETA despu¨¦s de haberlo sido antes de Sadam Husein.