Una organizaci¨®n inc¨®moda

"El d¨ªa que saquemos un tirachinas, nos tendremos que exiliar". Diego Ca?amero, secretario general del Sindicato de Obreros del Campo (SOC), resume de esta manera, tan expl¨ªcita como contundente, el sentir de los afiliados de esa organizaci¨®n ante lo que consideran una campa?a de "persecuci¨®n y atropello" por parte del Gobierno de la naci¨®n, del PP.

Multas por importe superior a los 60.000 euros y varios juicios pendientes por parte de sus dirigentes m¨¢s notables son algunas de las consecuencias de las movilizaciones que este sindicato ha abanderado en los ¨²ltimos meses en el campo andaluz.

Lejos de intimidarse, los activos sindicalistas advierten de que no van a cesar en su lucha a favor del movimiento agrario. De momento, el SOC reivindica su hegemon¨ªa en el campo andaluz y ya ha recogido m¨¢s de 45.000 firmas para exigir su presencia en la negociaci¨®n colectiva.

El SOC ha recogido 45.000 firmas para exigir su presencia en la negociaci¨®n colectiva

El l¨ªder del SOC, Diego Ca?amero, tendr¨¢ que comparecer el 2 de abril en un juicio por el que se pide para ¨¦l cinco a?os de prisi¨®n y 24.000 euros de multa por su implicaci¨®n en la huelga por el convenio del campo en la provincia de Sevilla en el a?o 2001. Adem¨¢s, tiene pendiente otra vista, por la que el fiscal le pide un a?o y tres meses de prisi¨®n por la ocupaci¨®n de la finca El Algarabejo, en Utrera (Sevilla).

Pero Ca?amero no es el ¨²nico responsable del SOC que tiene causas pendientes con la Justicia. El secretario provincial del SOC en Ja¨¦n, Andr¨¦s B¨®dalo, junto con el alcalde de J¨®dar, Jos¨¦ Luis Angulo (tambi¨¦n un conocido activista del SOC), y el coordinador de IU en Ja¨¦n, Jos¨¦ Cabrero, est¨¢n llamados a otro juicio por la ocupaci¨®n de la finca La Pe?uela el pasado verano, una tierra que ven¨ªan ocupando de forma simb¨®lica desde hace cuatro a?os sin mayores consecuencias.

B¨®dalo recuerda el consentimiento que siempre ha dado el propietario de la finca, el marqu¨¦s de Medinilla, por lo que se extra?a de que ahora se les pida una multa de 18.000 euros por el presunto robo de 15.000 kilos de trigo que ellos niegan.

El alcalde de J¨®dar y el l¨ªder provincial del SOC se encuentran tambi¨¦n imputados por un juez de ?beda, junto a otros cuatro sindicalistas, por un presunto delito de coacciones, da?os y vulneraci¨®n del derecho de los trabajadores durante la huelga general del 20 de junio de 2002 contra el decretazo aprobado por el Gobierno de la naci¨®n. A uno de ellos se le pide incluso un a?o de c¨¢rcel y 15.000 euros de multa.

Numerosas han sido tambi¨¦n las sanciones por los cortes de carretera protagonizados en las movilizaciones contra el decretazo. Varios miembros del SOC han tenido que abonar los 90 euros de multa que se les impusieron por su participaci¨®n en el corte de la carretera ?beda-Iznalloz durante la pasada campa?a de aceituna y otros tres tienen multas pendientes de 300 euros por otro corte similar en la autov¨ªa Ja¨¦n-Granada.

Diego Ca?amero justifica la supuesta persecuci¨®n en que "a los dem¨¢s no se les sanciona por movilizaciones similares". Cita, a modo de ejemplo, las recientes protestas de los Astilleros.

Ca?amero considera que, al Ejecutivo central, al igual que a los grandes terratenientes del pa¨ªs, les resulta inc¨®modo un sindicato que lucha por los m¨¢s desfavorecidos del campo. "Prefieren tener sindicatos domesticados y d¨®ciles", subraya el l¨ªder del SOC.

Por su parte, Andr¨¦s B¨®dalo, l¨ªder de este sindicato en Ja¨¦n, ve el "acoso" del Gobierno de la naci¨®n en las "instrucciones" que reciben los agentes de la Guardia Civil para vigilar sus actuaciones y en el "silencio" que han obtenido del subdelegado del Gobierno en Ja¨¦n, Francisco L¨®pez Pastor, a los numerosos recursos y alegaciones que han presentado.

Sin embargo, el Gobierno central acusa al SOC de radicalizar sus protestas y participar en movilizaciones no autorizadas, cortes de carretera o piquetes de la huelga general. La Subdelegaci¨®n del Gobierno en Sevilla justific¨® los expedientes abiertos por las concentraciones ante la sede regional del PP en Sevilla, con propuestas de multas de 300 euros, en base a los "graves incidentes" y a?adi¨® que "se lanzaron objetos contundentes con importante alteraci¨®n del orden p¨²blico y peligro para las personas y bienes, quedando acreditado que se produjeron da?os importantes en la sede del PP".

Al SOC no le es ajeno el debate electoral, pero s¨ª los grandes temas de discusi¨®n de los principales partidos pol¨ªticos. "Se habla mucho de la OCM del olivar, pero no de la dignidad de la mano de obra. No se puede vender aceite con explotaci¨®n laboral", asegura Ca?amero, quien reclama a la Administraci¨®n la reforma de la ley laboral para obligar a los empresarios que contraten inmigrantes en las distintas campa?as agr¨ªcolas a garantizar su alojamiento.

De momento, el SOC ha recibido el apoyo del Defensor del Pueblo andaluz, Jos¨¦ Chamizo, en su propuesta de crear un servicio de protecci¨®n al inmigrante para vigilar los "abusos" de los empresarios.