El jefe de los juristas del Gobierno brit¨¢nico cre¨ªa ilegal la guerra de Irak en v¨ªsperas de la invasi¨®n

El fiscal general del Reino Unido, lord Goldsmith, cambi¨® de opini¨®n sobre la legalidad de la guerra en Irak apenas dos semanas antes de la invasi¨®n del pa¨ªs, seg¨²n publicaban ayer los diarios The Independent on Sunday y The Observer. Seg¨²n estos diarios, los militares brit¨¢nicos exigieron que el Gobierno dejara claro p¨²blicamente que la guerra era legal. Fue entonces cuando lord Goldsmith, que ocupa un cargo de designaci¨®n pol¨ªtica al que fue aupado por Tony Blair, lleg¨® a la conclusi¨®n de que la guerra era legal porque segu¨ªa en vigor una resoluci¨®n del Consejo de Seguridad de hac¨ªa 14 a?os.

Estas revelaciones aumentan la presi¨®n para que el primer ministro Blair publique el dictamen ¨ªntegro elaborado por Goldsmith, que en su d¨ªa hizo p¨²blico de manera parcial para demostrar que el fiscal general del reino apoyaba la legalidad de la invasi¨®n. Blair no quiere publicarlo aduciendo que ser¨ªa presentar un mal precedente. Pero la prensa daba cuenta ayer de otros precedentes y el ex primer ministro John Major a?adi¨® presi¨®n al declarar que ¨¦l no ve "ninguna raz¨®n para que no pueda ser publicado".

Desde siempre se ha especulado con las dudas que ha albergado lord Goldsmith sobre la legalidad de la invasi¨®n de Irak y su creencia de que la resoluci¨®n 1.441 de Naciones Unidas no permit¨ªa desencadenar de manera autom¨¢tica una invasi¨®n de Irak sin que ¨¦sta quedara expresamente refrendada por una nueva resoluci¨®n del Consejo de Seguridad.

En gran parte las presiones de Washington y Londres para forzar esa segunda resoluci¨®n se atribu¨ªan a las dudas sobre la legalidad de la guerra y no s¨®lo a una cuesti¨®n pol¨ªtica. En noviembre de 2002, cuando el Consejo de Seguridad aprob¨® la resoluci¨®n 1.441, Goldsmith estaba de acuerdo con los juristas del Foreign Office de que se necesitaba una segunda resoluci¨®n para aprobar la guerra. A finales de enero de 2003 escribi¨® al primer ministro Blair para insistirle acerca de sus dudas.

Esas mismas dudas albergaba el Ej¨¦rcito brit¨¢nico, seg¨²n aseguraban ayer The Observer, un diario de centro-izquierda que hace un a?o apoyaba la invasi¨®n, y The Independent on Sunday, el diario s¨¢bana que m¨¢s ha combatido la intervenci¨®n en Irak. El Ej¨¦rcito exigi¨® a Tony Blair garant¨ªas sobre la legalidad de la invasi¨®n para evitar que los soldados brit¨¢nicos pudieran ser procesados por cr¨ªmenes de guerra. El entonces jefe del Estado Mayor de la Defensa, sir Michael Boyce, expres¨® a Blair sus preocupaciones por escrito y personalmente en Downing Street unas semanas antes de la invasi¨®n.

Cambio de posici¨®n

Fue entonces, dos semanas antes de la guerra, cuando lord Goldsmith cambi¨® de posici¨®n y lleg¨® a la conclusi¨®n de que la guerra estaba legitimada en base al efecto combinado de las resoluciones 678, 687 y 1.441 del Consejo de Seguridad. De hecho, Estados Unidos y el Reino Unido no pusieron a votaci¨®n la turbulenta segunda resoluci¨®n vetada de antemano por Francia porque si ¨¦sta hubiera sido derrotada, esos argumentos legales de lord Goldsmith podr¨ªan haber quedado en entredicho. La publicaci¨®n de una s¨ªntesis del dictamen del fiscal general convenci¨® a los militares, pero provoc¨® la dimisi¨®n de Elizabeth Wilmshurst, n¨²mero dos del equipo jur¨ªdico del Foreign Office.

La pol¨¦mica se ha reavivado esta semana por la decisi¨®n del propio Goldsmith de renunciar al procesamiento de Katharine Gun, la traductora de chino mandar¨ªn empleada por el servicio de escuchas del espionaje brit¨¢nico. Gun rompi¨® sus compromisos de confidencialidad al hacer llegar a The Observer un mensaje del espionaje norteamericano pidiendo ayuda a sus colegas brit¨¢nicos para espiar a los pa¨ªses del Consejo de Seguridad y conocer su posici¨®n sobre la segunda resoluci¨®n.

"Motivos de necesidad"

Seg¨²n la prensa brit¨¢nica, el desistimiento del Gobierno a procesarla se debe a que la defensa de Gun conoc¨ªa las dudas expresadas por Goldsmith y pensaba exigir la publicaci¨®n del dictamen para demostrar que Katharine hab¨ªa filtrado el documento "por motivos de necesidad", para evitar una guerra ilegal. Greenpeace piensa utilizar ese mismo argumento en la defensa de 14 personas detenidas tras una manifestaci¨®n contra la guerra en febrero de 2003 y de cinco activistas detenidos por provocar da?os en la base de la RAF en Fairford.

El primer ministro Tony Blair se ha opuesto hasta ahora a la publicaci¨®n del dictamen completo de lord Goldsmith alegando que eso ser¨ªa un mal precedente y que la posici¨®n del fiscal general ha quedado clara tras la publicaci¨®n de una s¨ªntesis de su dictamen. Sin embargo, la prensa recordaba ayer que ha habido varios precedentes a lo largo de la historia, el ¨²ltimo en 1971, y ponen el acento en que el propio Blair ha roto moldes al hacer p¨²blicos algunos secretos de inteligencia sobre los arsenales de Sadam Husein cuando quer¨ªa convencer a la opini¨®n p¨²blica de la necesidad de desarmarle aunque fuera por la fuerza.

Pero el mayor golpe para Blair lleg¨® ayer a trav¨¦s de su antecesor, John Major, que se sum¨® a las voces que piden la publicaci¨®n del dictamen al completo del fiscal general. "No veo ninguna justificaci¨®n para que no sea publicado", declar¨® en el programa dominical de la BBC Desayunos con Frost. "Es del propio inter¨¦s del primer ministro porque todas estas especulaciones, que crecen d¨ªa a d¨ªa, no hacen m¨¢s que perjudicarle", dijo aclarando que sigue pensando que "la guerra estaba justificada".

El Fiscal General y Abogado General es un cargo que se remonta a 1461 y que en la actualidad atesora una multitud de competencias. Aunque es de designaci¨®n pol¨ªtica, act¨²a de manera independiente y en defensa del inter¨¦s general. Tiene la responsabilidad de asesorar legalmente al Gobierno, tanto a los ministros como a sus departamentos. Al mismo tiempo dependen de ¨¦l la Fiscal¨ªa de la Corona, la inspecci¨®n de la Fiscal¨ªa de la Corona, la oficina los grandes fraudes y el Abogado del Tesoro, entre otros cargos. Entre sus restantes funciones figura la asesorar a la Casa de los Comunes y, en ciertos casos, al soberano.