La juez del 'caso CPV' cierra la investigaci¨®n de la presunta estafa

La juez Coro Monreal Huerta, titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 34 de Madrid, ha dado por concluida la investigaci¨®n del caso CPV (una supuesta estafa que afect¨® a cerca de 900 familias que invirtieron sus ahorros en comprar vivienda en los nuevos barrios del norte de la capital, Sanchinarro, Las Tablas y Monte Carmelo).

Los acusados, Francisco Garc¨ªa Moreno, Miguel ?ngel Garc¨ªa S¨¢nchez, Francisco Javier Garc¨ªa S¨¢nchez y Miguel ?ngel Morillo del Pozo, ya estuvieron en prisi¨®n durante un mes en el a?o 2001, acusados de un delito de estafa y apropiaci¨®n indebida. La magistrada, en un auto fechado el pasado 1 de marzo, ha decidido ampliar ahora la inculpaci¨®n a Adelina Erles Abad¨ªa y a Alfredo V¨¢zquez Garc¨ªa, acusados de un posible delito de estafa y falsedad documental, al firmar ante un notario un contrato de permuta de terrenos, por valor de un mill¨®n de euros, para despu¨¦s venderlos a las constructoras del barrio de Sanchinarro. La juez considera en el auto que dicho contrato es "inexistente", ya que la supuesta permuta de terrenos no "existi¨®".

Los abogados de las perjudicados han anunciado que recurrir¨¢n el cierre de la investigaci¨®n al entender que a¨²n no se han practicado todas las diligencias que ellos hab¨ªan solicitado en la fase de instrucci¨®n. Los letrados se quejan adem¨¢s de que los diez d¨ªas concedidos por la juez para que presenten sus escritos "son muy pocos para un sumario tan extenso", explic¨® Jes¨²s Mandri, abogado de la acusaci¨®n particular de parte de los damnificados. La acusaci¨®n particular ha anunciado que hoy presentar¨¢ un recurso contra el cierre de la instrucci¨®n del caso, ya que a¨²n existen recursos sin resolver en la Audiencia Provincial de Madrid.

Terrenos

Francisco Garc¨ªa Moreno, m¨¢ximo responsable de la promotora Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV), asegur¨® ante el juez que su empresa vendi¨® los terrenos que pose¨ªa en los nuevos barrios de Madrid, alrededor de 90.000 metros cuadrados, para obtener liquidez y poder devolver las se?ales anticipadas por los clientes que se iban dando de baja en las distintas promociones.

En su extensa declaraci¨®n ante la juez Rosario Espinosa, Francisco Garc¨ªa, quien en la actualidad se halla en libertad provisional por un delito de estafa, se autoinculpa de todo y atribuye a la vertiginosa carest¨ªa del suelo los problemas de CPV. Finalmente, 1.200 familias se quedaron sin la vivienda prometida por CPV. Todas ellas adelantaron a partir de 1998 una media de 18.000 euros a CPV a cambio de viviendas en los nuevos barrios de Las Tablas, Sanchinarro y Monte Carmelo. Cuatro a?os despu¨¦s, las casas siguen sin levantarse y alrededor de 600 familias, seg¨²n datos del propio Garc¨ªa, ni siquiera han podido recuperar las se?ales adelantadas.