Aqu¨ª vivo, aqu¨ª voto

Una vez m¨¢s se est¨¢ desaprovechando la campa?a electoral para abordar una cuesti¨®n urgente: los derechos pol¨ªticos de los inmigrantes. Este tema no s¨®lo est¨¢ ausente de los grandes ejes sobre los que se articula la campa?a de los partidos con posibilidades de obtener el respaldo mayoritario de los ciudadanos, sino que no aparece en sus programas electorales. Esta ausencia es significativa, sobre todo si tenemos en cuenta que en otros pa¨ªses de nuestro entorno se han dado pasos importantes en este terreno, como muestra el reciente reconocimiento del derecho de voto en elecciones municipales a los residentes extracomunitarios en B¨¦lgica.

En Espa?a, la inmigraci¨®n sigue present¨¢ndose como un fen¨®meno de riesgo que pone en peligro nuestro bienestar, identidad y progreso. No se llama la atenci¨®n sobre el hecho de que esta nueva clase obrera que se ha conformado con el proceso migratorio no tiene derecho pol¨ªtico alguno reconocido, lo que no deja de ser una paradoja m¨¢s que hiriente en este nuevo siglo que iniciamos: obreros sin derechos pol¨ªticos por el hecho de haber inmigrado. El inmigrante aparece definido como un sujeto no pol¨ªtico, lo cual contraviene la noci¨®n moderna de ciudadan¨ªa de nuestras sociedades democr¨¢ticas, en las cuales "los derechos sociales se establecen en el ejercicio del derecho pol¨ªtico" (T. H. Marshall, Ciudadan¨ªa y clase social, 1950).

La cuesti¨®n de los derechos pol¨ªticos de los inmigrantes est¨¢ ausente del debate electoral y no figura en los programas de los partidos mayoritarios

Esta exclusi¨®n de los derechos pol¨ªticos sufrida por los inmigrantes extranjeros es especialmente intensa en lo que se refiere al derecho pol¨ªtico por excelencia: el derecho de votar y de ser elegido. Al no tener reconocido el derecho de voto, los extranjeros extracomunitarios permanecen al margen de la toma de decisiones sobre asuntos p¨²blicos, no cuentan y no son tenidos en cuenta a la hora de intervenir en la toma de decisiones colectivas. Trabajan, cotizan, pagan impuestos y escolarizan a sus hijos, y sin embargo carecen de derechos de participaci¨®n pol¨ªtica. Es urgente tomar conciencia de lo insostenible de esta situaci¨®n. De otra forma se seguir¨¢n produciendo paradojas tan formidables como la que representa el hecho de que en los municipios en los que la inmigraci¨®n ha generado un espectacular crecimiento demogr¨¢fico se produzca un incremento del n¨²mero de concejales de las corporaciones locales sin que la poblaci¨®n que ha determinado dicho incremento pueda intervenir en la elecci¨®n de los mismos.

A diferencia de otros derechos civiles, econ¨®micos o sociales, el derecho de voto ha permanecido asociado al requisito de la nacionalidad. S¨®lo en fechas recientes se ha comenzado a poner en cuesti¨®n la vinculaci¨®n entre derecho de voto y nacionalidad, ¨²nicamente en lo que se refiere a las elecciones municipales. A partir de 1980, pa¨ªses como Dinamarca, Irlanda, Suecia, Pa¨ªses Bajos y recientemente B¨¦lgica han ido reconociendo el derecho de los residentes extranjeros a participar en las elecciones municipales. La clave del cambio se encuentra en la sustituci¨®n del requisito de la nacionalidad por el de la residencia.

En Espa?a no se ha llegado a una regulaci¨®n de estas caracter¨ªsticas. La Constituci¨®n de 1978 reserva el ejercicio del derecho de voto a los espa?oles, excepto en los casos en los que se firme un tratado de reciprocidad con un Estado para el reconocimiento mutuo de este derecho en elecciones municipales. A ra¨ªz del Tratado de Maastricht se reconoci¨® el derecho de presentarse como candidato y de votar en elecciones municipales a los nacionales de alg¨²n Estado miembro de la Uni¨®n Europea.

Adem¨¢s tienen reconocido el derecho de voto en elecciones municipales los nacionales noruegos, en virtud de un tratado de reciprocidad firmado por Noruega y Espa?a. Este ¨²ltimo ejemplo pone de manifiesto que se puede avanzar en la extensi¨®n del derecho de voto en elecciones municipales a todos los extranjeros residentes sin necesidad de reformar la Constituci¨®n. Hasta el momento, sin embargo, este tema no ha sido una prioridad de los distintos Gobiernos espa?oles, y, a juzgar por lo que estamos viendo en la actual campa?a electoral, sigue sin serlo. Esto revela que no se contemplan los derechos pol¨ªticos como un veh¨ªculo de integraci¨®n social que mitigue las actuales din¨¢micas de segmentaci¨®n. Reconocer estos derechos no s¨®lo repercutir¨ªa en el colectivo de inmigrantes, sino en el conjunto de la sociedad, en la medida en que se avanzar¨ªa hacia un escenario en el que los inmigrantes no fuesen percibidos como un cuerpo "extra?o", sino como actores que participan en el di¨¢logo que se establece en el marco de una comunidad pol¨ªtica.

M¨®nica M¨¦ndez Lago es profesora titular de Ciencia Pol¨ªtica y de la Administraci¨®n, y Andr¨¦s Pedre?o C¨¢novas es profesor titular de Sociolog¨ªa (ambos en la Universidad de Murcia).