El Gobierno cifra en 970 millones el coste de descontaminar el suelo

El Gobierno espera disponer este mismo a?o de una ley que obligar¨¢ a los responsables de la contaminaci¨®n de suelos a pagar su limpieza. Euskadi suma en la actualidad casi 7.900 hect¨¢reas de terrenos afectados, seg¨²n el inventario oficial de suelos "potencialmente contaminados". El consejero de Medio Ambiente, Sabin Intxaurraga, recalc¨® ayer que esta limpieza requerir¨ªa una inversi¨®n de 970 millones de euros. La nueva ley, cuyo proyecto ha elaborado el Ejecutivo, establece multas de hasta 1,2 millones y el cierre definitivo de la actividad que cause la contaminaci¨®n.

Intxaurraga volvi¨® a citar ayer el viejo principio de "quien contamina paga" para explicar los contenidos de la normativa, aprobada la pasada semana por el Consejo de Gobierno y que ahora debe ser debatida y ratificada posteriormente por el Parlamento vasco. Es ¨¦se un compromiso tradicionalmente incumplido, seg¨²n reiteran los grupos ecologistas, pese a que viene obligado por la ley estatal de residuos t¨®xicos y peligrosos de 1998.

La nueva normativa de Euskadi acabar¨ªa con situaciones recientes como la de los terrenos donde se asienta el hipermercado Carrefour, en Sestao. Hace diez a?os, la entonces empresa p¨²blica Babcock & Wilcox cobr¨® el equivalente a 21 millones de euros por la venta de tres parcelas contaminadas con lindane, cuyos residuos se confinaron en un almac¨¦n abandonado y han acabado en el dep¨®sito construido en Barakaldo. El propio Departamento de Medio Ambiente abon¨® en 1995 m¨¢s de 420.000 euros por una finca repleta de lindane en Barakaldo aduciendo que la mara?a legal imped¨ªa solucionar el problema. Los propietarios ni siquiera fueron multados por delito ecol¨®gico.

Protecci¨®n y prevenci¨®n

La llamada ley de Prevenci¨®n y Correcci¨®n de la Contaminaci¨®n del Suelo significa que ¨¦ste pasa a tener una protecci¨®n y una prevenci¨®n. Los propietarios tendr¨¢n la obligaci¨®n de comunicar al Ejecutivo si detectan la presencia de sustancias contaminantes. Cualquier actuaci¨®n o cambio de calificaci¨®n del terreno (para la construcci¨®n de viviendas, la instalaci¨®n de una empresa o su ampliaci¨®n e incluso el cierre) requerir¨¢ previamente de un examen de la calidad del suelo.

"Se abre un proceso administrativo y, si hay un suelo contaminado, el responsable ser¨¢ el contaminador. Si no es posible esclarecer el causante, quien deber¨¢ realizarlo ser¨¢ el propietario", explic¨® el director de Calidad Ambiental, Tom¨¢s Epalza.

El consejero agreg¨® que "ya est¨¢n ocurriendo" situaciones de terrenos que, debido a su contaminaci¨®n, tienen "un valor cero", incluso aunque haya planes de recalificaci¨®n para su uso residencial. En el acondicionamiento del ¨¢rea de Galindo, donde se hallaban las principales instalaciones de Altos Hornos en Barakaldo y que se est¨¢ reconvirtiendo en un ¨¢rea residencial y deportiva, se han tenido que gastar 1,1 millones de euros s¨®lo en su descontaminaci¨®n. Dicha cantidad ha sido pagada por Bilbao R¨ªa 2000, la sociedad de regeneraci¨®n p¨²blica, por las labores de separaci¨®n de las tierras contaminadas y su reutilizaci¨®n, en parte, para la materia prima del cemento. Pero el coste puede incrementarse si se realizan otros tratamientos, como ocurri¨® en la descontaminaci¨®n del aeropuerto de Bilbao o el nuevo ¨¢rea residencial de Miribilla en la capital vizca¨ªna, donde los suelos contaminados se han tenido que trasladar a dep¨®sitos especiales de residuos peligrosos sitos en otras comunidades aut¨®nomas.

La normativa, que Intxaurraga conf¨ªa en que el Parlamento apruebe en verano o "en oto?o", prev¨¦ ser flexible con la denominada "contaminaci¨®n hist¨®rica", los terrenos afectados antes de 1998, cuando se aprob¨® la ley vasca de Medio Ambiente. En el caso de suelo p¨²blico, se prev¨¦n acuerdos voluntarios entre los propietarios y el Gobierno, que subvencionar¨ªan la limpieza hasta en un 75%. Posteriormente, si existieran plusval¨ªas por la gesti¨®n de esos terrenos, se devolver¨ªa la ayuda concedida. En el caso de terrenos privados, el due?o debe hacerse cargo exclusivamente de la descontaminaci¨®n, sin ninguna ayudas p¨²blicas.

El Gobierno no cuenta con datos concretos de las zonas actualmente contaminadas. S¨®lo existe un inventario de ¨¢reas potenciales, realizado en funci¨®n de las actividades que albergan, que totaliza 8.567 con una superficie global de 7.897 hect¨¢reas. Desde 1990 a 2002 se han recuperado 56 emplazamientos, 28 de ellos p¨²blicos.

La ley incluye multas de hasta 1,2 millones de euros en el caso de las infracciones graves, adem¨¢s de un cierre definitivo de la actividad.