Asuntos encallados

La victoria del PSOE el pasado d¨ªa 14 y la posibilidad de que Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero forme gobierno han allanado el camino para que se desencalle una larga lista de asuntos planteados desde Catalu?a que topaban con la oposici¨®n frontal del PP, al margen de dos grandes asignaturas pendientes: la reforma del Estatut y la revisi¨®n del modelo de financiaci¨®n auton¨®mica.

?stos son los principales:

- Peajes. El Gobierno catal¨¢n conf¨ªa en que el nuevo Parlamento acepte la creaci¨®n de un fondo dotado con los impuestos que generan las empresas de autopistas. Este dinero deber¨ªa servir para llevar a cabo una pol¨ªtica reequilibradora de los peajes. La propuesta consiste en que no se aplique una reducci¨®n general, sino que la rebaja sea mayor o menor en funci¨®n del volumen de tr¨¢fico y de si los tramos son urbanos o de conexi¨®n en largo recorrido. El Parlament aprob¨® la petici¨®n de este fondo en la pasada legislatura, pero la media fue rechazada en el Congreso por el PP, pese a que sus diputados hab¨ªan votado a favor en la C¨¢mara catalana.

Hay un frente abierto en becas, acreditaci¨®n del profesorado y leyes educativas

El Gobierno catal¨¢n reclama la gesti¨®n de puertos, aeropuertos y trenes de cercan¨ªas

El PSOE promete convertir los tribunales superiores en la ¨²ltima instancia judicial

- Trenes de Cercan¨ªas.

Los partidos que integran el Gobierno catal¨¢n reclaman la gesti¨®n de los trenes de Cercan¨ªas y de los servicios regionales de Renfe. Esto ser¨¢ m¨¢s f¨¢cil cuando entre en vigor la ley ferroviaria que establece que habr¨¢ una empresa que gestionar¨¢ las infraestructuras (v¨ªas, t¨²neles y se?ales) y otras empresas que ser¨¢n operadoras. Esta ley fue en parte rechazada por la izquierda durante su tramitaci¨®n parlamentaria, pero el fondo (la separaci¨®n de funciones y la liberalizaci¨®n de los operadores) recoge parte de las directrices comunitarias. Cercan¨ªas ya funciona en cada poblaci¨®n donde existe como unidad de negocio dentro de Renfe, lo que permite sin graves inconvenientes traspasar la gesti¨®n al Gobierno catal¨¢n.

- Transporte p¨²blico. Est¨¢ pendiente de firma el contrato programa, que financia el d¨¦ficit en el funcionamiento del transporte p¨²blico. Lleva a?o y medio de retraso y la Autoridad del Transporte Metropolitano est¨¢ funcionando con cantidades adelantadas porque no ha habido manera de llegar a un acuerdo sobre las cifras. Hubo acuerdo en el convenio de infraestructuras, que sirve para financiar obras que realizar en el transporte p¨²blico metropolitano, pero fue un acuerdo a la baja, de modo que la cantidad pactada para la primera fase apenas cubre un tercio de las inversiones previstas.

- Gesti¨®n de los aeropuertos. Los aeropuertos espa?oles funcionan ahora como una red, gestionados por la empresa p¨²blica AENA, dependiente del Ministerio de Fomento. Los socialistas (y tambi¨¦n Iniciativa y Esquerra) reclaman la descentralizaci¨®n de AENA de modo que se transfiera la gesti¨®n de los aeropuertos a consorcios formados por las autoridades auton¨®micas y locales, en los que tambi¨¦n participar¨ªan entidades empresariales y sindicales. Este asunto es de especial importancia en el caso del aeropuerto de El Prat. La izquierda catalana y los empresarios coinciden en que hasta ahora ha tenido un papel subsidiario del de Barajas y consideran que s¨®lo la participaci¨®n en su gesti¨®n podr¨¢ garantizar que se convierta en un aeropuerto transoce¨¢nico.

- Servicio meteorol¨®gico. El Departamento de Medio Ambiente conf¨ªa en lograr la unificaci¨®n en Catalu?a de los servicios meteorol¨®gicos. Hoy se hallan divididos en dos, uno del Gobierno central y otro auton¨®mico.

- Cuencas hidrogr¨¢ficas.

La Generalitat conf¨ªa en recibir las competencias sobre las cuencas hidrogr¨¢ficas intercomunitarias, que incluir¨ªan la capacidad para conceder a terceros los recursos hidr¨¢ulicos, autorizar vertidos y el uso de dominio p¨²blico hidr¨¢ulico, y ejercer la polic¨ªa de aguas (incluidas las facultades de inspecci¨®n, vigilancia, control y sanci¨®n), adem¨¢s de capacidad para resolver recursos administrativos que se interpongan en relaci¨®n con estos asuntos. Tambi¨¦n conf¨ªa en hacerse cargo de la ejecuci¨®n y explotaci¨®n de las obras hidr¨¢ulicas de inter¨¦s general del Estado que se realicen en Catalu?a.

- Residuos. Est¨¢ pendiente la transferencia de la capacidad para autorizar, controlar, inspeccionar y sancionar por el traslado de residuos desde Catalu?a hacia los pa¨ªses que no pertenezcan a la Uni¨®n Europea o a la inversa.

- Vivienda. Ahora es el Ministerio de Fomento el que aprueba el plan de la vivienda que marca las directrices generales para todas las comunidades. ?stas deben negociar juntas y con el ministerio el reparto de fondos y los criterios de ayudas. El Gobierno catal¨¢n cree que debe territorializarse el fondo y permitir a cada Administraci¨®n auton¨®mica regular los requisitos aplicables a las ayudas, as¨ª como su gesti¨®n.

- Parejas homosexuales. El nuevo Gobierno catal¨¢n se propone revisar la Ley de Uniones Estables de Pareja, aprobada por CiU en la pasada legislatura, con el fin de incluir la posibilidad de que las parejas homosexuales puedan adoptar. En las pocas comunidades que han aprobado normativas auton¨®micas para permitir la adopci¨®n a las parejas homosexuales, est¨¢n recurridas por el PP. Se espera que el Gobierno socialista retire estos recursos.

- Incremento de pensiones. El Gobierno del PP se opuso con rotundidad a que las comunidades aut¨®nomas pudieran mejorar las pensiones de sus ciudadanos y lleg¨® a aprobar una ley que lo prohib¨ªa expresamente. El Departamento de Bienestar Social de Catalu?a desafi¨® esta pol¨ªtica publicando en el DOG la orden para complementar las pensiones de viudedad m¨¢s bajas y anunci¨® que har¨ªa lo mismo con el resto de las pensiones, con el fin de acercarlas al salario m¨ªnimo interprofesional. Bienestar Social asegura que ¨¦sta es una competencia suya y conf¨ªa en que el Gobierno del PSOE as¨ª lo reconozca.

- Horarios comerciales. El consejero de Comercio, Pere Esteve, se muestra "muy esperanzado" en que el Ejecutivo de Zapatero facilitar¨¢ que la Generalitat apruebe su propia ley de horarios comerciales. ?sta pretende neutralizar la legislaci¨®n estatal limitando la apertura al p¨²blico a 72 horas semanales (en lugar de las 90 de ahora) y ocho festivos al a?o (en lugar de los 12 actuales). Faltan poco m¨¢s de nueve meses para que venza la norma que el Gobierno del PP aprob¨® por decreto hace cuatro a?os. Esteve recuerda que el pacto por el que se form¨® el Gobierno tripartito incluye expl¨ªcitamente la limitaci¨®n de los horarios comerciales, por lo que no cree "que el PSOE se oponga a ello". La Generalitat ha iniciado recientemente una ronda de contactos con varias comunidades aut¨®nomas, empezando por Andaluc¨ªa, con el objetivo de establecer estrategias conjuntas en materia de horarios comerciales.

- Formaci¨®n continua. El modelo de formaci¨®n continua y el organismo que lo gestiona, el Forcem, han sido objeto de enfrentamiento entre los gobiernos catal¨¢n y central. Sobre este asunto pesan dos sentencias del Tribunal Constitucional -una de 2002 y otra del a?o pasado- que establecen que la gesti¨®n de estos fondos es competencia de las autonom¨ªas. El Gobierno del PP hizo o¨ªdos sordos a estas resoluciones y aprob¨® por decreto una reforma del sistema que, lejos de distribuir territorialmente los fondos -de los que a Catalu?a le corresponder¨ªan unos 120 millones de euros-, cede a las empresas la planificaci¨®n y gesti¨®n. El consejero de Trabajo e Industria, Josep Maria Ra?¨¦, intent¨® sin ¨¦xito reunirse con el ministro Eduardo Zaplana para desencallar el contencioso, que ahora espera que se resuelva "de forma positiva".

- Ense?anza. El consejero de Universidades, Investigaci¨®n y Sociedad de la Informaci¨®n (DURSI), Carles Sol¨¤, reclam¨® el viernes al futuro Gobierno socialista que derogue la Ley Org¨¢nica de Universidades (LOU) y que transfiera a la Generalitat las competencias sobre becas universitarias y tambi¨¦n los recursos correspondientes a partir del pr¨®ximo curso, tal y como establece una sentencia del Tribunal Constitucional que el Gobierno del PP se resisti¨® a aplicar. Sol¨¤ expres¨® su confianza en que el Ejecutivo de Rodr¨ªguez Zapatero apruebe tambi¨¦n la moratoria sobre la Ley Org¨¢nica de Calidad de la Educaci¨®n (LOCE). La aplicaci¨®n de la LOCE plantea problemas al Gobierno catal¨¢n en varios frentes, especialmente en el que se refiere a las lenguas vehiculares.

- Becas. "Si hay voluntad pol¨ªtica, la transferencia de competencias del Gobierno hacia la Generalitat podr¨ªa producirse muy r¨¢pidamente y estar lista para el a?o que viene", pronostic¨® el titular del DURSI, convencido de que el pr¨®ximo Ejecutivo "romper¨¢ el comportamiento del Gobierno anterior, que no cumpl¨ªa la sentencia del Tribunal Constitucional" de septiembre de 2001 sobre las competencias en becas.

- Profesorado. Adem¨¢s de las becas, la otra reclamaci¨®n del Ejecutivo catal¨¢n es la relacionada con el proceso de acreditaci¨®n del profesorado. El anterior Gobierno de CiU justific¨® su vot¨® a favor de la LOU en el Congreso aduciendo que hab¨ªa conseguido que la ley previera la existencia de agencias de acreditaci¨®n auton¨®micas. El Gobierno del PP, sin embargo, a la hora de aplicar la reforma otorg¨® a la agencia centra, la ANECA, la capacidad de actuar en todo el territorio y neg¨® a la AQU, la agencia catalana, cualquier competencia fuera del suyo. El DURSI siempre ha cre¨ªdo que no tiene sentido que dos agencias hagan el mismo trabajo y que lo m¨¢s l¨®gico es que, como sucede entre las agencias europeas, cada una reconozca las acreditaciones de la otra. La AQU ya exist¨ªa antes de la promulgaci¨®n de la LOU y cuenta con una reconocida excelencia en el ¨¢mbito europeo.

- Guardias civiles en los Mossos.

La Generalitat ha planteado que para acelerar el despliegue de los Mossos d'Esquadra se pueda incorporar de manera directa al cuerpo un cupo del 15% de guardias civiles o polic¨ªas de cada promoci¨®n que se convoque. El Gobierno del PP era muy reticente a ese planteamiento, dadas las diferencias en las condiciones laborales de estos cuerpos. Se espera que el Gobierno del PSOE sea m¨¢s receptivo a esa petici¨®n y permita la incorporaci¨®n a los agentes que lo deseen.

- Terrorismo y DNI. Los Mossos d'Esquadra realizan anualmente 9.500 controles antiterroristas en toda Catalu?a, pero no est¨¢ escrito en ning¨²n sitio c¨®mo se regula esa funci¨®n. El Gobierno catal¨¢n espera que eso se regule y que se les atribuya tambi¨¦n la competencia compartida de expedici¨®n del documento nacional de identidad (DNI) para ofrecer un servicio mejor y m¨¢s cercano al ciudadano.

- Mando ¨²nico policial. La consejera de Interior, Montserrat Tura, ha solicitado el mando ¨²nico sobre todos los cuerpos policiales que operan en Catalu?a. El PP se neg¨® en redondo a traspasarlo y el PSOE tampoco parece muy dispuesto a ello.

- Escuela judicial. El programa electoral del PSOE promete un total de 1.000 nuevas plazas de jueces y fiscales en cuatro a?os. Eso implicar¨¢ la revitalizaci¨®n de la Escuela Judicial de Vallvidrera, que hab¨ªa quedado bajo m¨ªnimos ante los planteamientos del Gobierno del PP, que consideraba que en Espa?a no hac¨ªa falta convocar un m¨ªnimo de 150 plazas anuales de jueces como reclamaban los socialistas. Esta escuela es la ¨²nica instituci¨®n de ¨¢mbito estatal que se ha ubicado en Catalu?a y en los ¨²ltimos a?os se ha extendido el temor de que el PP intentara dar marcha atr¨¢s en esta importante decisi¨®n descentralizadora.

- Reelecci¨®n de Guillem Vidal. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a, Guillem Vidal, acaba su mandato en junio y todo hac¨ªa presagiar que su reelecci¨®n ser¨ªa muy dif¨ªcil con la victoria del PP. Su nombramiento lo decide el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde seguir¨¢ habiendo una mayor¨ªa conservadora, pero con un ministro de Justicia socialista parece m¨¢s f¨¢cil la reelecci¨®n de Vidal, un hombre de planteamientos progresistas y autonomistas. "Guillem Vidal ha sido un magn¨ªfico presidente y haremos todo lo posible para que repita, porque diversos sectores de la sociedad catalana as¨ª lo reclaman", declar¨® el vicepresidente del CGPJ, Fernando Salinas.

- El TSJC, ¨²ltima instancia. El programa electoral del PSOE promete convertir los tribunales superiores de justicia de cada comunidad aut¨®noma en la ¨²ltima instancia judicial y reservar al Tribunal Supremo ¨²nicamente para cuestiones de unificaci¨®n de doctrina. Que el Tribunal Superior sea la ¨²ltima instancia judicial en Catalu?a es un planteamiento que defienden desde hace tiempo todos los partidos, excepto el PP. El Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar se opuso con rotundidad a esta reforma.

Con informaciones de Francesc Arroyo, Josep Maria Mart¨ª Font, Pere R¨ªos, Seraf¨ª del Arco, Judith Casals, Catalina Serra y Lourdes Morgades.