El Gobierno reclama cuarteles vac¨ªos para abrir en ellos reformatorios
La antigua prisi¨®n de Carabanchel albergar¨¢ otro centro para menores autores de delitos
El gerente del Instituto Madrile?o del Menor y la Familia (IMMF), Juan Jos¨¦ Garc¨ªa Ferrer, ha pedido al Gobierno central la cesi¨®n de algunos edificios que tiene vac¨ªos en la capital, entre ellos varios cuarteles, para convertirlos en reformatorios. El objetivo es disponer cuanto antes de las 200 plazas de internamiento para delincuentes j¨®venes que hacen falta y cuya apertura se ha complicado ante el rechazo de algunos municipios a albergarlas. Por ahora, el IMMF s¨®lo ha conseguido que el Ministerio del Interior le ceda un pabell¨®n de la antigua c¨¢rcel de Carabanchel.
El gerente del IMMF niega que haya aprovechado para presentar su exigencia a la llegada de los socialistas al Gobierno central. "Ya la plante¨¦ en enero en el Observatorio Nacional de la Infancia y tambi¨¦n me reun¨ª, algo antes, con responsables de Defensa, que me dijeron que, en principio, ellos venden sus inmuebles, no los ceden", afirma.
"La Administraci¨®n del Estado debe implicarse mucho m¨¢s en la aplicaci¨®n de la Ley Penal del Menor, sobre todo en la financiaci¨®n de programas y en la cesi¨®n de inmuebles", argumenta Garc¨ªa Ferrer, y se?ala que el Estado -responsable ¨²ltimo de la citada norma aunque su aplicaci¨®n corresponde a las comunidades aut¨®nomas- "tiene en la capital muchos edificios vac¨ªos que ser¨ªan f¨¢cilmente adaptables".
La Ley Penal del Menor, en vigor desde enero de 2001, elev¨® la edad m¨ªnima de ingreso en prisi¨®n de los 16 a los 18 a?os, lo que hace necesarios m¨¢s centros de internamiento para los chavales de esas edades que antes iban a la c¨¢rcel.
Con su decisi¨®n de apelar al Estado, el responsable del IMMF quiere solucionar el grave problema de falta de plazas en reformatorios que sufre la regi¨®n. En la actualidad hay 211, pero hacen falta 200 m¨¢s.
Por ahora, las gestiones del IMMF ante el Gobierno central s¨®lo han dado fruto con el Ministerio del Interior, que le ha cedido una nave de la antigua c¨¢rcel de Carabanchel para abrir un reformatorio de 20 plazas. En el recinto penitenciario existe ya otro centro similar, el de Los Rosales, con 28 plazas, creado en 2002 gracias a un convenio entre el Ministerio del Interior y la Comunidad. En un principio estaba destinado a menores de la kale borroka (terrorismo callejero), pero como hay pocos chicos imputados en ese delito ahora alberga a menores infractores de todo tipo.
El gerente del IMMF ha optado por pedir ¨¢rnica a la Administraci¨®n central porque se ha ido topando con problemas en los diferentes ayuntamientos madrile?os donde preve¨ªa abrir reformatorios. As¨ª ha sucedido en Tielmes, Cercedilla y Collado Mediano. En todos ellos los consistorios se opusieron a la instalaci¨®n de dichos centros ante la "alarma social" creada entre los vecinos. Quien s¨ª ha aceptado un reformatorio de 60 plazas ha sido el ayuntamiento de Valdemoro.
Fuera de Madrid
El instituto ha llegado a plantearse buscar plazas fuera de Madrid, en Salamanca, Ciudad Real y Soria. De hecho, negoci¨® con una entidad religiosa la firma de un convenio para abrir, a tres kil¨®metros del casco urbano de Salamanca, un centro para 20 menores de la capital. Pero la iniciativa volvi¨® a frustarse ante el revuelo creado en el vecindario salmantino.
Las propuestas de Soria y Ciudad Real siguen pendientes de que los jueces de menores den su visto bueno al internamiento en otras comunidades aut¨®nomas de menores que hayan cometido delitos en Madrid. La propia Ley del Menor establece que los chavales deben cumplir las medidas ordenadas por los jueces en centros situados lo m¨¢s cerca posible de sus domicilios.
Desde finales del a?o pasado, los reformatorios madrile?os han tenido serios problemas de saturaci¨®n. De hecho, los trabajadores de los cinco centros de gesti¨®n p¨²blica (hay otros seis regentados por empresas privadas) mantuvieron un encierro durante un mes, de enero a febrero, para denunciar la situaci¨®n creada.
El fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, atribuye la saturaci¨®n de los reformatorios a la elevada cifra de juicios de menores celebrados en los ¨²ltimos meses. Los juzgados se han ido desatascando tras el colapso inicial provocado hace tres a?os por la entrada en vigor de la Ley Penal del Menor.
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