Cardenal obliga a los fiscales a denunciar al juez las concentraciones ante sedes del PP

El fiscal general del Estado, Jes¨²s Cardenal, orden¨® ayer a los fiscales jefes de tribunales superiores y audiencias provinciales remitir a los juzgados de instrucci¨®n de guardia las denuncias sobre manifestaciones celebradas ante las sedes del PP el 13 de marzo, v¨ªspera de las elecciones generales y por tanto jornada de reflexi¨®n. La orden de Cardenal obliga a abrir multitud de procedimientos penales por hechos que, en su caso, podr¨ªan no ser delito o constituir una simple infracci¨®n administrativa. La iniciativa de Cardenal fue tildada de "escandalosa" e "injustificable" por representantes de partidos e instituciones.

El oficio de Jes¨²s Cardenal fue remitido por fax a todas las fiscal¨ªas, ordenando a los fiscales jefes que "judicialicen las denuncias sobre concentraciones de ciudadanos, poni¨¦ndolas en conocimiento del juzgado de instrucci¨®n competente".

Seg¨²n fuentes de la Fiscal¨ªa General, el motivo de la orden procede del expediente que la Junta Electoral Central (JEC)remiti¨® a la Fiscal¨ªa General del Estado el mismo d¨ªa 13, dando cuenta de que el PP hab¨ªa denunciado una manifestaci¨®n no autorizada de varios miles de ciudadanos ante su sede central en Madrid.

Sin embargo, el fiscal Antonio Camacho, portavoz de la Uni¨®n Progresista de Fiscales (UPF) y que ha tramitado denuncias sobre infracciones a la ley electoral en anteriores comicios, explic¨® que, ante la multitud de denuncias que remiten las juntas electorales de zona y la JEC, la pr¨¢ctica habitual de las fiscal¨ªas consiste en examinar si los hechos son o no constitutivos de delito o, en su caso, de infracci¨®n administrativa. "Si se aprecia delito se env¨ªa al juzgado de guardia; si se considera infracci¨®n administrativa se remite a la autoridad administrativa y si no es delito ni infracci¨®n se archiva".

Impide el archivo

"La orden de Cardenal de judicializar las denuncias lo que en realidad implica es que el Ministerio Fiscal considera que todos los hechos denunciados por el PP o por sus simpatizantes son constitutivos de delito, ya que se impide a los fiscales su archivo o su remisi¨®n a las autoridades administrativas", explic¨® el fiscal de la UPF. "Con eso, lo que se pretende es que se abran multitud de procesos penales", agreg¨®.

Adem¨¢s, es la primera vez que la Fiscal¨ªa del Estado imparte una "orden general" de c¨®mo proceder con las denuncias llegadas a las fiscal¨ªas. En convocatorias electorales anteriores, la fiscal¨ªa general asum¨ªa la funci¨®n de "repartidora" de las denuncias que le llegaban, envi¨¢ndolas al fiscal competente para que ¨¦ste, "con libertad de criterio", seg¨²n la f¨®rmula al uso, "realice las investigaciones oportunas".

"Entre los fiscales la iniciativa ha causado sorpresa porque una orden de car¨¢cter general no se hab¨ªa producido nunca", a?adi¨® Camacho.

La instrucci¨®n de Cardenal fue cumplida de inmediato por el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, -nombrado por Cardenal tras remover al anterior jefe, Mariano Fern¨¢ndez Bermejo- quien remiti¨® las denuncias de PP o de ciudadanos particulares al juzgado de guardia.

Otras fiscal¨ªas, entre ellas la de Valladolid, elevaron consultas al fiscal del Estado, sobre c¨®mo proceder en determinados supuestos. En todos los casos se les orden¨® que remitiesen las actuaciones al juez de guardia para que fuese ¨¦ste, y no el fiscal jefe, el que decidiese si hab¨ªa o no delito y, en su caso, de qu¨¦ tipo.

En otras fiscal¨ªas, como la de Baleares, el fiscal jefe, Bartolom¨¦ Barcel¨®, hab¨ªa ordenado ya el archivo de las denuncias formuladas por el delegado del Gobierno, Miguel Ramis, al no apreciar delito en una concentraci¨®n de ciudadanos delante del Gobierno Civil, informa Andreu Manresa.

Seg¨²n fuentes fiscales, esos hechos ya no podr¨ªan remitirse al juzgado de guardia.