Exigencia de titulaci¨®n

La Comunidad de Madrid pretende facilitar ayuda psicol¨®gica a los afectados por el 11-M a trav¨¦s de un Plan de Salud Mental, consistente en, primero, derivar a los miles de afectados a los centros de salud mental p¨²blicos, ya saturados con los casos habituales. Segundo, actuar a demanda, es decir, esperar a que los afectados se dirijan a ¨¦l por s¨ª mismos, en vez de dirigirse a los afectados para ofrecerles la ayuda. Tercero, para reforzar la ayuda psicol¨®gica, contratar 35 psiquiatras y s¨®lo 15 psic¨®logos, exigiendo a estos ¨²ltimos estar en posesi¨®n del t¨ªtulo de especialista en Psicolog¨ªa Cl¨ªnica y de la Salud (el t¨ªtulo de licenciado en Psicolog¨ªa no est¨¢ reconocido por la actual LOPS -BOE del 21-11- 2003- para ejercer una profesi¨®n sanitaria).

El resultado previsible es que los miles de afectados no van a recibir la ayuda adecuada. El n¨²mero de psic¨®logos es insuficiente y, adem¨¢s, los expertos en Psicolog¨ªa de Emergencias y Desastres, no est¨¢n siendo contratados, ya que la mayor¨ªa no dispone del t¨ªtulo de especialista en Psicolog¨ªa Cl¨ªnica (alcanzable tan s¨®lo v¨ªa PIR u homologaci¨®n). Dicho t¨ªtulo no fue exigido a los casi 1.500 psic¨®logos que actuaron como voluntarios para la atenci¨®n durante los d¨ªas posteriores al 11-M, y los profesionales m¨¢s implicados y expertos, que hicieron posible la organizaci¨®n y coordinaci¨®n de la ayuda, ahora han sido dados de lado.

Datos como ¨¦ste, sumados a estad¨ªsticas m¨¦dicas que aportan resultados como que el 40% de las consultas atendidas en los servicios de atenci¨®n primaria son por motivos psicol¨®gicos, as¨ª como que el 80% de las depresiones se tratan por estos mismos profesionales, cuya formaci¨®n actual en Psicolog¨ªa es de un mes, son un indicativo claro del lugar que ocupa la Psicolog¨ªa en el Sistema Nacional de Salud, pr¨¢cticamente nulo, y de la injusticia de que est¨¢ siendo objeto esta profesi¨®n, as¨ª como, lo que es m¨¢s importante, los perjuicios derivados de ello para la sociedad que demanda sus servicios y que no va a poder ser atendida si la legislaci¨®n actual no se modifica.