Derecho a la vida y a la libertad

En lo que llevamos de a?o, 16 mujeres han muerto a manos de sus parejas o ex parejas: una muerta por semana. De las 81 v¨ªctimas del a?o 2003, 65 fueron asesinadas por su pareja. Mujeres brutalmente apu?aladas, golpeadas, tiroteadas, apedreadas, quemadas, lanzadas por el balc¨®n, atropelladas... Son los datos judiciales del Observatorio contra la Violencia Dom¨¦stica y de G¨¦nero, impulsado por el CGPJ con otras instituciones.

Adem¨¢s de violarse el derecho fundamental a la vida, otros derechos constitucionales son diariamente quebrantados: el derecho a la integridad f¨ªsica y a la libertad de miles de mujeres. En el a?o 2003 se presentaron 50.090 denuncias por actos violentos en el seno familiar, el doble de las presentadas en el 2001. Este panorama no es muy diferente al de otros pa¨ªses: es una lacra universal. Unicef sit¨²a en un 20% la poblaci¨®n femenina que sufre alg¨²n tipo de violencia: muertes, malos tratos f¨ªsicos y ps¨ªquicos, agresiones sexuales y ablaciones genitales. Ni siquiera estas desoladoras cifras expresan la magnitud del problema, al ser un tipo de violencia que no emerge en su totalidad. Los estudios realizados por el Observatorio sobre las muertes violentas en los tres ¨²ltimos a?os revelan que en un 75% de casos la v¨ªctima no hab¨ªa presentado ninguna denuncia previa. Sin duda alguna, estas cifras encubren una realidad m¨¢s espeluznante: es el crimen m¨¢s encubierto y m¨¢s numeroso en el mundo, tal y como se afirm¨® en la IV Conferencia Mundial de Mujeres de Pek¨ªn, celebrada en 1995 a instancias de la ONU.

La ardua tarea y la compleja soluci¨®n obligan a que se trate como una cuesti¨®n de Estado

La violencia que sufren las mujeres en el ¨¢mbito familiar es violencia de g¨¦nero, es decir, por ser mujeres, y es fruto de las relaciones de dominio y sumisi¨®n que han ejercido secularmente los hombres sobre aqu¨¦llas. La causa fundamental que provoca esta violencia reside en los patrones culturales machistas discriminatorios hacia la mujer y en un modelo de sociedad que la sit¨²a en situaci¨®n de inferioridad.

Desde hace a?os, por fortuna, ha dejado de ser una cuesti¨®n privada. En tanto que afecta a la dignidad de la mujer como persona, los poderes p¨²blicos han decidido combatir esta lacra social. As¨ª, por el poder legislativo se aprob¨® por unanimidad la ley reguladora de la Orden de Protecci¨®n el pasado 31 de julio, que est¨¢ comportando que m¨¢s de seis mil mujeres est¨¦n mejor protegidas, aunque quiz¨¢ no suficientemente, como demuestran dolorosas y recientes excepciones. La reciente creaci¨®n del Registro Central de Medidas va a posibilitar que jueces, fiscales y Polic¨ªa Judicial sean m¨¢s eficaces en la prevenci¨®n y castigo de estos actos violentos. La modificaci¨®n del C¨®digo Penal, que ha convertido en delito las faltas en materia de violencia dom¨¦stica, comportar¨¢ mayores efectos disuasorios. El seguimiento mediante brazaletes electr¨®nicos, a partir del 1 de octubre pr¨®ximo, de los condenados por estos delitos aumentar¨¢ la eficacia del control del alejamiento.

Desde el Observatorio estamos actuando en el ¨¢mbito de la Administraci¨®n de justicia. El seguimiento y estudio de m¨¢s de doce mil resoluciones y sentencias por un grupo de expertos posibilitar¨¢ evaluar la aplicaci¨®n judicial de las leyes. Adem¨¢s, con ello se potenciar¨¢ la coordinaci¨®n de los jueces, fiscales, Polic¨ªa Judicial y el resto de administraciones p¨²blicas, porque es prioritario conocer d¨®nde y cu¨¢ndo se producen errores a fin de subsanarlos.

Pero todas estas medidas no han sido suficientes. Para empezar, la Orden de Protecci¨®n no llev¨® aparejada una dotaci¨®n econ¨®mica que la hiciera efectiva en el terreno de las ayudas sociales y en el de la seguridad de las v¨ªctimas. La falta de efectivos policiales para garantizar el control y vigilancia de las medidas de alejamiento decretadas por los jueces es una realidad preocupante. Sin embargo, la nueva andadura pol¨ªtica que se inicia permite abrigar nuevos y esperanzadores cambios. El primer Gobierno paritario en Espa?a patentiza que las pol¨ªticas de igualdad se abren camino. El compromiso electoral del presidente del Gobierno, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, de que la primera ley que aprobar¨¢ el Consejo de Ministros para su remisi¨®n al Parlamento ser¨¢ la Ley Integral contra la Violencia de G¨¦nero es un hecho de gran trascendencia pol¨ªtica. Su objeto es intervenir de forma global e integral en el ¨¢mbito de la prevenci¨®n, educaci¨®n, protecci¨®n y reparaci¨®n de las v¨ªctimas. Se establecen para ¨¦stas nuevos recursos: preferencia en la adjudicaci¨®n de la vivienda p¨²blica y en planes de empleo, asistencia jur¨ªdica gratuita y especializada, ayudas sociales, creaci¨®n de centros de reinserci¨®n personal. Se proponen medidas en el ¨¢mbito educativo para intervenir desde el origen de la violencia. Y, entre otras: medidas en el ¨¢mbito de la publicidad, al considerar il¨ªcita la que presenta el cuerpo de la mujer asociado a un producto publicitario. Adem¨¢s, se proyecta coordinar las actuaciones de la Administraci¨®n central, auton¨®mica y local. El anuncio de la creaci¨®n de una Delegaci¨®n del Gobierno contra la Violencia de G¨¦nero demuestra que este tema ser¨¢ una prioridad pol¨ªtica.

La ardua tarea y la compleja soluci¨®n que requiere esta lacra social obliga, en mi opini¨®n, a que se trate como una cuesti¨®n de Estado, al igual que el terrorismo y la pol¨ªtica exterior. Teniendo en cuenta el rechazo social tan activo y creciente experimentado por la sociedad espa?ola, proceder¨ªa promover un gran consenso social y pol¨ªtico para lograr un objetivo, nada ut¨®pico: la plena erradicaci¨®n de la violencia dom¨¦stica para lograr el derecho de las mujeres a vivir sin violencia.

Montserrat Comas d'Argemir, magistrada, es vocal del CGPJ y presidenta del Observatorio contra la Violencia Dom¨¦stica y de G¨¦nero.