"Uribe est¨¢ paramilitarizando sutilmente Colombia"

A finales de los ochenta, el jesuita colombiano Javier Giraldo particip¨® en el proceso que oblig¨® al Estado de su pa¨ªs a reconocer la muerte de 100 personas en Trujillo a manos de soldados y polic¨ªas. Ahora conf¨ªa en que "las matanzas" durante el Gobierno de ?lvaro Uribe no queden impunes. Antes de diciembre de 2005, 13.000 paramilitares se han comprometido a dejar las armas, pero Giraldo, vicepresidente de la Liga Internacional por los Derechos de los Pueblos, asegura que su n¨²mero va a m¨¢s. Lo indican las cifras de un banco de datos sobre las muertes violentas en Colombia que elabora desde hace 15 a?os la oficina de Derechos Humanos del Centro de Investigaci¨®n y Educaci¨®n Popular que ¨¦l dirigi¨®. Denuncia que all¨ª no le dejan informar y ha aprovechado su paso por Madrid para recoger el Premio Juan Mar¨ªa Bandr¨¦s, que le ha concedido la Comisi¨®n Espa?ola de Ayuda al Refugiado (CEAR), para denunciar lo que ocurre.

"El Gobierno de Uribe ha trazado una estrategia de paramilitarizaci¨®n muy sutil: la seguridad democr¨¢tica. Dice que es para los sindicalistas, los defensores de los derechos humanos, los ind¨ªgenas... pero en la pr¨¢ctica ¨¦stos est¨¢n desprotegidos", argumenta. "Se han multiplicado las detenciones arbitrarias, las acusaciones, las capturas y los procesos por delitos supuestamente pol¨ªticos con m¨¦todos que no permiten defenderse".

"Uribe habl¨® de la posibilidad de tener un mill¨®n de informantes y hace pocos d¨ªas se hablaba de dos millones. Son pagados por el Gobierno y eso rompe con la moral de la informaci¨®n", reflexiona. "Un desempleado encuentra que si acusa a su vecino de guerrillero se puede ganar algo para comer. Son informaciones que no son evaluadas con seriedad". Se detiene a hablar con pasi¨®n de un pueblo "heroico", San Jos¨¦ de Apartad¨®. "En marzo del 97 se declar¨® como una comunidad de paz en una zona de lucha entre la guerrilla y los paramilitares", explica. "Idearon un reglamento en el que se comprometen a no vender alimentos a los bandos, a no permitir las armas e incluso a no consumir alcohol para no dar informaci¨®n borrachos". Giraldo sostiene que Uribe, gobernador en esa ¨¦poca de Antoquia, donde se encuentra la comunidad, se enfrent¨® al obispo al pretender el pol¨ªtico que la localidad de 3.000 personas rompiera sus lazos con la guerrilla y aceptase la presencia del Ej¨¦rcito.

Desde entonces, dice, su vida es un infierno. "Ya van 135 muertos. Les han mandado 80 mensajes en los que les dicen que van a destruir la comunidad", se?ala. Cuarenta de ellos, afirma, han sido torturados para que inculpasen a los l¨ªderes de la comunidad como guerrilleros, "cosa que es falsa", y en noviembre de 2002, el Ej¨¦rcito asesin¨® a cinco conductores que les llevaban comida para que nadie se atreviese a abastecerles. Ahora, remarca, son autosuficientes y no pueden comerciar su cacao porque se les acusa de pertenecer a la guerrilla.Se alarma"las encuestas hablan de un 80% de popularidad de Uribe. ?C¨®mo las hacen? Uno ve la gente sometida a una depresi¨®n sin precedentes y se dice: '?C¨®mo un pueblo es tan masoquista de apoyar lo que destruye?".