Inquilinos inc¨®modos

Desde el dormitorio de Elisa Bravo, 37 a?os, y su marido se ve la habitaci¨®n de sus tres hijos a trav¨¦s de una grieta de la pared. La familia, que completa la abuela, de 71 a?os, vive en uno de los 129 pisos de protecci¨®n oficial (VPO) -el precio, fijado por la Administraci¨®n, es m¨¢s bajo que el del mercado- en r¨¦gimen de alquiler gestionados por una empresa privada (Larcovi). La casa est¨¢ en el n¨²mero 14 de la avenida de Mar¨ªa Moliner, en Legan¨¦s, cerca de donde siete extremistas islamistas implicados en la matanza del 11-M se suicidaron con dinamita.

Elisa y su esposo, trabajador aut¨®nomo, llegan muy "justitos" a fin de mes. Por eso, hace poco m¨¢s de cinco a?os, les concedieron esta vivienda de VPO por la que pagan 397 euros al mes (incluida la comunidad). Elisa asegura que sigue cumpliendo los requisitos para acceder a esa casa, pero una sentencia de desahucio de un juzgado de Legan¨¦s obliga a su familia a dejarla en el plazo de un mes por finalizaci¨®n de contrato.

La empresa asegura, por su parte, que la pareja no cumple los requisitos establecidos. Ni ella, ni las otras 14 familias a las que no se le ha renovado el contrato de cinco a?os y sobre las que tambi¨¦n pesa una demanda de desahucio. Estas 15 personas forman la mayor parte de la junta directiva y de los miembros m¨¢s activos de una asociaci¨®n de afectados que se constituy¨® hace dos a?os para tratar de solucionar problemas como la grieta en la casa de Elisa. Las grietas se encuentran en muchas casas y los espacios comunes, aseguran, est¨¢n "totalmente desatendidos": muros exteriores en el ¨¢tico con grave riesgo de desprendimientos, las salidas de humos del garaje cerradas porque no est¨¢n bien hechas, luces de los portales que se rompen y nunca se arreglan...

Pero, lo que es m¨¢s grave, los vecinos denuncian sobreprecios en la renta "sobre el m¨®dulo establecido por la Comunidad", dice Mar¨ªa Luisa Gin¨¦s, abogada de la plataforma de afectados. "Adem¨¢s, en estos cinco a?os, nunca han desglosado, como exige la ley, los gastos de comunidad, que son casi 60 euros por arrendatario", contin¨²a la abogada. Tambi¨¦n se quejan de que, con el cobro del impuesto de bienes inmuebles (IBI), que han de pagar los inquilinos, la empresa pidi¨® una cantidad de dinero sin hacer constar las subvenciones del Ayuntamiento. "Cuando nos quejamos, lo arreglaron y dijeron que hab¨ªa sido un error", seg¨²n Bego?a del Pino, otra de las que ha de afrontar una demanda de desahucio.

En los juzgados de Legan¨¦s hay 800 folios de una demanda contra Larcovi que el juez admiti¨® a tr¨¢mite en marzo. A los tribunales se lleg¨®, seg¨²n los inquilinos, despu¨¦s de meses de infructuosas negociaciones con la empresa, que cont¨® con la intermediaci¨®n -con m¨¢s pena que gloria- del Ayuntamiento leganense.

Fuentes de Larcovi insisten en que ni ha habido mala fe, ni represalias de ning¨²n tipo. "Simplemente, estas personas ya no cumplen los requisitos exigidos", explican. Efectivamente, as¨ª consta en la sentencia que afecta a Elisa. Pero la letrada de los vecinos explica, sin embargo, que, si en el caso de Elisa se le notific¨® que no cumpl¨ªa los requisitos y se le ampli¨® el plazo para volverlos a presentar, lo cual justifica que no hubo represalias, en "al menos la mitad del resto no medi¨® ninguna notificaci¨®n entre la carta que en mayo pasado anunciaba el fin del contrato y en la que se solicitaba la acreditaci¨®n de los requisitos para un nuevo acuerdo, y la carta recibida en enero comunic¨¢ndoles que deb¨ªan desalojar el piso en seis d¨ªas".

Las 15 familias est¨¢n seguras de cumplir a¨²n con los requisitos y aseguran que presentaron la documentaci¨®n requerida -el documento que le faltaba a Elisa es el libro de familia de su avalista-. "Pedimos alg¨²n recibo que justificase la entrega, pero se negaron a d¨¢rnoslo", asegura Sonia Pavo.

Seg¨²n Larcovi, otra prueba de que no hay ¨¢nimo de revancha es que de los 58 inquilinos que pusieron la denuncia, a 30 de los 55 que terminaban su contrato el a?o pasado ya se les ha renovado. Otros cinco dejaron voluntariamente el piso. Cinco m¨¢s cumpl¨ªan los requisitos, pero no se presentaron a la firma del nuevo acuerdo, m¨¢s los 15 ya aludidos que no cumpl¨ªan los requisitos.

Ahora, la lectura de datos de los vecinos. De los miembros de la junta directiva, dos han abandonado el piso, otro a¨²n tiene contrato en vigor y los dem¨¢s est¨¢n entre los m¨¢s que posibles futuros desahuciados. El resto de los que se enfrentan al desalojo elevaron alguna queja personalmente en la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de Legan¨¦s.

Sonia asegura que, en un acto de conciliaci¨®n con la empresa el pasado octubre, una representante legal de Larcovi le explic¨® as¨ª la situaci¨®n. "Me dijo: 'Si os echamos a vosotros, se acab¨® nuestro problema".

Aparte de la de Elisa, ya hay otras dos sentencias que desahucian a otras dos familias, y el resto est¨¢n en camino. "Sin entrar en consideraciones morales", la empresa est¨¢ legalmente en su derecho de no renovar el contrato alegando, ¨²nicamente, "que ha finalizado la relaci¨®n contractual anterior", explica Francisco L¨®pez Barquero, secretario general de la Asociaci¨®n de Gestoras de Cooperativas (Agecovi). La demanda interpuesta por los inquilinos "va por otro lado", contin¨²a, "y en su momento, si tienen raz¨®n, se le pondr¨¢n a la empresa las sanciones que correspondan".

El hecho es que estas familias est¨¢n pr¨¢cticamente en la calle, sin capacidad econ¨®mica para acceder a otra vivienda. La desesperaci¨®n les ha impulsado a comenzar hoy una huelga de hambre ante los juzgados de Legan¨¦s. Elisa, junto a Sonia y Ermitas Carrera, de momento, se apostar¨¢n ante el edificio p¨²blico, con el apoyo del resto de los vecinos, para intentar evitar quedarse sin vivienda.