El esc¨¢ndalo de las torturas salpica a una empresa de paramilitares en Irak
Un informe recomend¨® acciones disciplinarias contra dos oficiales de inteligencia y dos civiles
El esc¨¢ndalo de los soldados y mandos implicados en malos tratos y torturas a prisioneros iraqu¨ªes en la c¨¢rcel de Abu Gharib, cerca de Bagdad, adquiere una dimensi¨®n m¨¢s grave de lo que el Pent¨¢gono admiti¨® en un principio, al conocerse detalles del papel jugado por oficiales de la inteligencia militar y por empleados civiles. Los mandos de Defensa deben explicar si han le¨ªdo o no el informe interno del general Antonio Taguba en el que se detallan los abusos y se recomiendan acciones disciplinarias contra dos oficiales de inteligencia y dos empleados de empresas contratadas por el Pent¨¢gono.
En el informe en el que se concluye que entre octubre y diciembre de 2003 hubo "numerosos casos de abusos delictivos s¨¢dicos, ostensibles y gratuitos sobre varios detenidos" se transmiti¨® la impresi¨®n de que dos mandos de inteligencia y dos empleados "son directa o indirectamente responsables de los abusos en Abu Gharib" y se recomend¨® sin ninguna vacilaci¨®n que se adoptaran medidas disciplinarias.
?Por qu¨¦ la responsabilidad? Porque despu¨¦s de haber hablado con testigos e implicados, el general Taguba, autor del informe -que fue encargado en enero por el general Ricardo S¨¢nchez, responsable del Ej¨¦rcito de Estados Unidos en Irak, al recibir una denuncia de los abusos-, concluye que "los especialistas en interrogatorios de inteligencia militar y de otros organismos oficiales requirieron activamente a los soldados de la polic¨ªa militar que establecieran las condiciones f¨ªsicas y mentales para favorecer el interrogatorio de testigos".
Una orientaci¨®n as¨ª, con el agravante de que la polic¨ªa militar no ten¨ªa la preparaci¨®n necesaria ni las nociones b¨¢sicas sobre el trato de prisioneros de guerra, equivale, seg¨²n el general Taguba, a dar rienda suelta a los malos tratos y las humillaciones.
El informe cita nombres y apellidos de los cuatro acusados: el coronel Thomas Pappas, comandante de la Brigada 205 de Inteligencia; el teniente coronel Steven Jordan, con antiguas responsabilidades de interrogatorios en la misma brigada; Steven Stephanowicz, un empleado de CACI (California Analysis Center, Inc., una empresa creada en 1962 que proporciona servicios de defensa, inteligencia, informaci¨®n y seguridad a trav¨¦s de sus 7.600 empleados en todo el mundo) y John Israel, un int¨¦rprete, tambi¨¦n perteneciente a CACI.
Prisioneros de guerra
Seg¨²n el informe, las declaraciones de varios testigos -soldados estadounidenses- contradicen las explicaciones dadas por Stephanowicz e Israel sobre d¨®nde se hicieron los interrogatorios y en qu¨¦ condiciones. Ambos negaron conocer los abusos cometidos. El informe recomienda que sean despedidos. CACI no respondi¨® ayer a la llamada para conocer su versi¨®n.
En cuanto a los dos militares mencionados, el informe pide sanciones oficiales por no haber supervisado a los soldados a sus ¨®rdenes ni haber garantizado que sab¨ªan tratar a los prisioneros de guerra de acuerdo con las normas internacionales.
Por lo que se refiere al Pent¨¢gono y al Gobierno, es tan grave la presunta responsabilidad de mandos de inteligencia militar -confirmada en varias declaraciones por la general de brigada reservista Janis Karpinski, suspendida del servicio y que insiste en que no se enter¨® de nada, aunque era la responsable de todas las unidades de polic¨ªa militar a cargo de las c¨¢rceles en Irak- como el papel jugado por individuos privados. La privatizaci¨®n de tareas que antes ejecutaban los uniformados no es nueva y puede tener sentido si alivia a las tropas de labores de infraestructura o mantenimiento, pero tanto estos casos como otros sugieren que la direcci¨®n del Pent¨¢gono se ha extralimitado.
Por el momento, el general S¨¢nchez ha pedido que se amoneste a seis oficiales, cuyos nombres no se han dado a conocer y que ten¨ªan responsabilidades de supervisi¨®n. La amonestaci¨®n es la mayor sanci¨®n administrativa dentro del Ej¨¦rcito y equivale en la pr¨¢ctica a frenar la carrera del afectado, porque le imposibilita cualquier ascenso. Un s¨¦ptimo militar recibir¨¢ una advertencia, la sanci¨®n inferior a la amonestaci¨®n. Adem¨¢s de estos siete, se mantiene abierto el proceso contra seis soldados que fueron acusados hace ya dos meses de los abusos y malos tratos a una veintena de presos y que podr¨ªan acabar ante un consejo de guerra. Otros cuatro soldados est¨¢n siendo investigados.
"Terribles actos"
A la Casa Blanca no se le escapa la gravedad de la situaci¨®n y sus repercusiones en los dos dif¨ªciles meses que hay por delante hasta la transferencia de soberan¨ªa a un Gobierno iraqu¨ª. El presidente George W. Bush habl¨® ayer con el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, para pedirle que garantizara el castigo a los culpables. Seg¨²n el portavoz Scott McClellan, Bush "quiere asegurar que se est¨¢n tomando las acciones adecuadas contra los responsables de estos vergonzosos y terribles actos". Para McClellan, "las im¨¢genes le dejan a uno consternado, no hay excusa que valga". El secretario de Estado, Colin Powell, dijo que la gran mayor¨ªa de los soldados en Irak est¨¢ haciendo "un gran trabajo" y que las tropas "est¨¢n all¨ª para ayudar a los iraqu¨ªes, no para hacerles da?o". Desde Bagdad, el ministro de Exteriores del Gobierno provisional, Hoshyar Zibari, conden¨® los abusos y pidi¨® una investigaci¨®n independiente, lo mismo que han solicitado grupos como Amnist¨ªa Internacional, que asegura que hay "decenas" de informes de malos tratos a detenidos en otras c¨¢rceles militares en Irak.
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