Una investigaci¨®n period¨ªstica acusa a Rumsfeld de haber autorizado las torturas
El Pent¨¢gono califica de "descabellada" la informaci¨®n de la revista 'The New Yorker'
El secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, aprob¨® el a?o pasado de forma secreta, seg¨²n la revista The New Yorker, que el programa de interrogatorios destinado a obtener informaci¨®n de los detenidos de Al Qaeda en Afganist¨¢n por medios que inclu¨ªan "presi¨®n f¨ªsica y humillaci¨®n sexual" se ampliara a ciertos presos en Irak. El Pent¨¢gono desmiente la afirmaci¨®n -la de la ampliaci¨®n de las t¨¦cnicas, porque el trato especial para los "combatientes ilegales" de Al Qaeda era conocido- y dice que se trata de una informaci¨®n "descabellada" y llena de errores.
La cuesti¨®n es una de las m¨¢s importantes en el esc¨¢ndalo de las prisiones. Hasta ahora, hay nueve soldados, reservistas de la polic¨ªa militar, acusados de cargos y que tendr¨¢n que comparecer (el primero, el pr¨®ximo mi¨¦rcoles) ante consejos de guerra. Seis oficiales han recibido amonestaciones que ponen fin a su carrera. Los responsables del Pent¨¢gono, incluso el general Antonio Taguba, autor del informe que revela el caso, aseguran que fue "un fracaso de direcci¨®n" que permiti¨® las acciones de un grupo de soldados y responsables de inteligencia militar y que esas pr¨¢cticas no fueron aprobadas por los mandos. Los abogados de los soldados y la general Janis Karpinski, destituida de su cargo de responsable de las prisiones en Irak, dicen que segu¨ªan ¨®rdenes.
En el nuevo art¨ªculo de The New Yorker, Seymour Hersh, el mismo periodista que revel¨® el informe Taguba hace tres semanas, al tiempo que la CBS daba a conocer las primeras fotos de las torturas en Abu Ghraib, afirma que Rumsfeld y Stephen Cambone, subsecretario de Defensa para Asuntos de Inteligencia, dieron el visto bueno a la aplicaci¨®n del programa "que animaba a utilizar presi¨®n f¨ªsica y humillaci¨®n sexual" sobre los presos "con el objetivo de generar m¨¢s informaci¨®n sobre la creciente insurgencia en Irak".
"A partir de entrevistas con actuales y antiguos responsables de inteligencia" que no se mencionan por el nombre, Hersh asegura que la extensi¨®n a ciertos presos del tratamiento reservado a Al Qaeda se debi¨® al fortalecimiento de la insurgencia durante el verano de 2003, tras los atentados contra la ONU en Bagdad y contra la Coalici¨®n y la polic¨ªa iraqu¨ª. A la hora de "endurecer el trato contra aquellos presos que se sospechaba que pertenec¨ªan a la insurgencia", se habr¨ªan dado instrucciones "para aplicar en Abu Ghraib los m¨¦todos no convencionales" en los interrogatorios.
"Es un asunto de Cambone, pero Rumsfeld y Myers [jefe de Estado Mayor] lo aprobaron", dice una de las fuentes. Otras detallan que las fotos de las humillaciones se usaban para intimidar a los presos y conseguir que dieran informaci¨®n sobre las actividades de la insurgencia, bajo la amenaza, si se negaban, de distribuir las im¨¢genes entre sus familiares y amigos. La CIA sale bien parada en el art¨ªculo: un testimonio se?ala que cort¨® sus actividades en Abu Ghraib en oto?o con este razonamiento: "Aplicamos en Afganist¨¢n un programa autorizado para operaciones contra objetivos terroristas de alto valor y ahora se quiere usar para taxistas, cu?ados y gente de la calle".
El Pent¨¢gono propuso en 2001 -y la Casa Blanca lo aprob¨®- un programa de acceso especial (SAP) para la guerra de Afganist¨¢n. Estos programas -ampliamente utilizados en la guerra fr¨ªa- son secretos y se nutren de comandos de todas las agencias de espionaje. En el SAP de Afganist¨¢n, el objetivo era capturar o eliminar a los l¨ªderes de Al Qaeda o a cualquier "objetivo importante en la guerra antiterrorista". Los comandos interrogaban a los detenidos en el lugar en el que estaban, antes de que fueran trasladados a un centro permanente. Seg¨²n un antiguo agente de la CIA "la regla es: 'agarrad al que ten¨¦is que coger, haced lo que quer¨¢is". La informaci¨®n de esos interrogatorios se pasa al mando del SAP en el Pent¨¢gono. En total, se?ala el art¨ªculo, "no m¨¢s de 200 personas est¨¢n plenamente al tanto de estas operaciones".
La acusaci¨®n contra Rumsfeld, y sobre todo contra Cambone, es que la ampliaci¨®n del SAP a Irak es lo que ha permitido traspasar las normas que el Pent¨¢gono considera legales para los presos a los que se aplica la Convenci¨®n de Ginebra, de la que no se benefician, por decisi¨®n ejecutiva, los "combatientes ilegales". Lawrence di Rita, portavoz del Pent¨¢gono, asegura que esta informaci¨®n es "descabellada, conspirativa y repleta de errores y de suposiciones an¨®nimas". Seg¨²n el portavoz, "ning¨²n responsable del Departamento de Defensa ha aprobado ning¨²n programa que pudiera ser pensado para causar los abusos que testimonian las fotos y los v¨ªdeos".
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