EE UU apela a la 'ley contra los burdeles', de 1872, para procesar a Greenpeace por detener un barco maderero

Ayer comenz¨® en un tribunal federal de Miami la primera fase de un juicio del Gobierno de EE UU contra Greenpeace. El secretario de Justicia, John Ashcroft, acusa a la organizaci¨®n de violar una ley de hace 132 a?os por intentar detener un barco que transportaba caoba del Amazonas.

Los hechos se remontan a una protesta frente a las costas de Miami Beach el 12 de abril de 2002, en la que miembros de Greenpeace intentaron abordar el barco APL Jade, que, seg¨²n ellos, transportaba una carga de 70 toneladas de caoba de contrabando de Brasil. Portaban una pancarta que dec¨ªa: "Presidente Bush, detenga la tala ilegal". Los activistas fueron declarados culpables y condenados entonces a una semana de c¨¢rcel y a pagar una multa, tras admitir los hechos. El caso parec¨ªa haber quedado cerrado, pero hace un a?o Greenpeace fue inesperadamente acusada por los mismos hechos. "Nunca se ha hecho nada como esto, y es particularmente sospechoso teniendo en cuenta la misi¨®n de Greenpeace", declar¨® ayer la abogada que representa a Greenpeace, Maria Kayanan. La acusaci¨®n se ampara en la ley contra los burdeles de 1872, que s¨®lo se ha invocado en dos juicios desde que se promulg¨®. La ley fue aprobada para evitar que las prostitutas trataran de abordar los barcos que estaban llegando a puerto para atraer a marineros a sus burdeles.

El juez del caso, el cubano Adalberto Jord¨¢n, nombrado por Bill Clinton, ha rechazado la petici¨®n de Greenpeace de acceder a los archivos del Departamento de Justicia para averiguar qui¨¦n dio la autorizaci¨®n para procesarles. Jord¨¢n orden¨® que prosiguiera el juicio. "El verdadero temor del Gobierno" es que Greenpeace utilice el juicio para desviar la atenci¨®n de la ley a la pol¨ªtica, escribi¨®.

Greenpeace sostiene que la deforestaci¨®n de la Amazonia comenz¨® con la tala de caoba, una especie protegida por las leyes internacionales. La organizaci¨®n ha protestado en varias ocasiones contra lo que considera "fallo" del Gobierno de George W. Bush de impedir el contrabando de ese tipo de madera, incumpliendo los tratados internacionales. Si es declarada culpable, Greenpeace afrontar¨ªa una multa de 20.000 d¨®lares y una libertad condicional de cinco a?os.