Los sindicatos pedir¨¢n al Gobierno que desarrolle el arraigo laboral en el Reglamento de Extranjer¨ªa
Los dos sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras (CC OO) y Uni¨®n General de Trabajadores (UGT), propondr¨¢n el pr¨®ximo martes a la secretaria de Estado de Inmigraci¨®n, Consuelo Rum¨ª, que abra v¨ªas legales para regularizar a inmigrantes que acrediten una relaci¨®n laboral prolongada en Espa?a, al margen de los periodos de permanencia en el pa¨ªs que exige la Ley de Extranjer¨ªa. Rum¨ª ya insinu¨® esta posibilidad en declaraciones a EL PA?S la semana pasada.
Los sindicatos proponen dar entidad al supuesto del arraigo laboral desarrollando el art¨ªculo 36.3 de la ley, que establece que la carencia de papeles "no invalidar¨¢ el contrato de trabajo respecto a los derechos del trabajador extranjero, ni ser¨¢ obst¨¢culo de las prestaciones que pudieran corresponderle".
Hasta el momento, ese art¨ªculo s¨®lo ha sido desarrollado para incrementar la sanci¨®n que tendr¨ªa que pagar el empresario por emplear a personas en situaci¨®n irregular. UGT y CC OO proponen desarrollarlo ahora en lo referente al trabajador, con independencia de cu¨¢l sea la sanci¨®n impuesta al empresario: "Se trata de que, en determinados supuestos, la acreditaci¨®n por la inspecci¨®n de trabajo de una relaci¨®n laboral irregular prolongada pueda dar lugar a que la Administraci¨®n documente al inmigrante".
Ambos sindicatos tambi¨¦n est¨¢n de acuerdo en establecer un mecanismo que permita, de manera individualizada, la regularizaci¨®n de inmigrantes y de empleos que ahora forman parte de la econom¨ªa sumergida. Ese mecanismo estar¨ªa basado en la "contrataci¨®n efectiva", y no en ofertas de empleo, que a juicio de UGT y CC OO "no aseguran la estabilidad laboral ni regular de los trabajadores".
"Ha de establecerse", indican, "un mecanismo de protecci¨®n a las v¨ªctimas, que incluya el acceso a un permiso de residencia y de trabajo como un incentivo para denunciar estas situaciones de explotaci¨®n laboral". Recuerdan que esa f¨®rmula no es extra?a al ordenamiento jur¨ªdico, puesto que se utiliza en supuestos de v¨ªctimas del tr¨¢fico de seres humanos o de explotaci¨®n sexual.
Los sindicatos respaldan con argumentos econ¨®micos y ¨¦ticos su propuesta. "A la negaci¨®n de derechos que significa para los trabajadores la econom¨ªa sumergida", se?alan, "se a?ade que ¨¦sta se desenvuelve al margen de la fiscalidad y de las cotizaciones sociales, produciendo situaciones de dumping econ¨®mico y de distorsi¨®n de la competencia con efectos contaminantes sobre la econom¨ªa regular".
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