Expertos en bio¨¦tica piden al Gobierno que inicie la legalizaci¨®n de la eutanasia
Dicen que la sociedad ya reclama mayoritariamente el derecho "a la calidad de la muerte"
El debate sobre la legalizaci¨®n de la eutanasia est¨¢ maduro, el Gobierno debe proceder ya a iniciar los tr¨¢mites para su legalizaci¨®n. Es la tesis del documento presentado ayer en Madrid por el Grupo de Opini¨®n del Observatorio de Bio¨¦tica y Derecho, creado en Barcelona en diciembre pasado con la participaci¨®n de una treintena de fil¨®sofos, constitucionalistas, antrop¨®logos, penalistas, m¨¦dicos y expertos en bio¨¦tica. Una reciente encuesta del Centro de Investigaciones Sociol¨®gicas (CIS) concluye que seis de cada diez m¨¦dicos apoyan la reivindicaci¨®n de este grupo de expertos.
"Se estudiar¨¢ el derecho a la eutanasia y a una muerte digna", dec¨ªa el programa con que el PSOE concurri¨® a las pasadas elecciones. Tambi¨¦n promet¨ªa crear una comisi¨®n parlamentaria para debatir la cuesti¨®n, pero sin fechas sobre decisiones posteriores. Lo que reclaman ahora al Ejecutivo socialista los expertos del Observatorio de Bio¨¦tica y Derecho es que se legisle cuanto antes sobre la materia.
"?Qui¨¦n no desea una muerte digna?", se pregunt¨® ayer Jes¨²s S¨¢nchez Martos, catedr¨¢tico de Educaci¨®n para la Salud en la Universidad Complutense, durante la presentaci¨®n del documento por la asociaci¨®n Derecho a Morir Dignamente (DMD), que en Madrid coordina Sof¨ªa Gonz¨¢lez Escobar. "La salud es un bienestar social, donde debe integrarse la cantidad de vida, pero tambi¨¦n la calidad de vida y, c¨®mo no, la calidad de muerte. Si el siglo pasado pasar¨¢ a la historia como el de la cantidad de vida y en este comienzo del siglo XXI se habla de la calidad de vida, debemos colaborar para que tambi¨¦n se debata abiertamente con la sociedad sobre la calidad de muerte", a?adi¨®.
El fil¨®sofo Javier S¨¢daba subray¨® el car¨¢cter de derecho fundamental de la persona que tiene la eutanasia. "No hay derecho al sufrimiento in¨²til. Es inaceptable, me parece inmoral cualquier concepci¨®n que minimice este concepto. La vida es una especie de novela en cap¨ªtulos. Que nos dejen escribir el ¨²ltimo cap¨ªtulo", dijo despu¨¦s de exponer los fundamentos ¨¦ticos, hist¨®ricos y jur¨ªdicos del derecho a una buena muerte.
El Grupo de Opini¨®n del Observatorio de Bio¨¦tica y Derecho expresa en su informe, titulado Documento sobre la disposici¨®n de la propia vida en determinados supuestos: declaraci¨®n sobre la eutanasia, el convencimiento de que el progresivo reconocimiento de la autonom¨ªa de las personas -y, por tanto, tambi¨¦n de los pacientes- debe culminar con la aceptaci¨®n de determinados supuestos de disposici¨®n de la propia vida. "Para regularlos es necesaria una legislaci¨®n espec¨ªfica", concluye.
Tambi¨¦n hace menci¨®n a las encuestas sobre la aceptaci¨®n de la eutanasia entre los ciudadanos y los profesionales sanitarios. "En todas ellas la aceptaci¨®n de la regulaci¨®n de la eutanasia es absolutamente mayoritaria en una tendencia ascendente que se mantiene desde hace d¨¦cadas", dice. Afirman, adem¨¢s, que el debate sobre la legitimidad de la eutanasia debe ser abordado desde un doble punto de vista: como una cuesti¨®n de respeto a la autonom¨ªa de las personas y, a la vez, de solidaridad con quien sufre.
Tan s¨®lo dos pa¨ªses han regulado de manera espec¨ªfica la eutanasia: Holanda (a?o 2001) y B¨¦lgica (2002). En Espa?a es legal limitar, suspender o no instaurar tratamientos en determinadas circunstancias, aunque ello conlleve la muerte del paciente: es lo que se denomina limitaci¨®n del esfuerzo terap¨¦utico, limitaci¨®n de tratamientos o, simplemente, eutanasia pasiva. Esas decisiones encuentran amparo tanto en las normas deontol¨®gicas de la profesi¨®n m¨¦dica como en la Ley B¨¢sica reguladora de la autonom¨ªa del paciente, y de derechos y obligaciones en materia de informaci¨®n y documentaci¨®n cl¨ªnica, de noviembre de 2002.
Las cinco recomendaciones
La Junta de Andaluc¨ªa aprob¨® ayer el decreto que regula el registro de "voluntades vitales anticipadas", en cumplimiento de lo legislado en esa comunidad aut¨®noma en septiembre pasado sobre el llamado testamento vital. Es un paso m¨¢s en la regulaci¨®n de la eutanasia pasiva, pero no suficiente, seg¨²n el Observatorio de Bio¨¦tica y Derecho. Ellos reclaman la legalizaci¨®n de la eutanasia propiamente dicha, es decir, el derecho de la persona a disponer de su propia vida en determinadas circunstancias de sufrimientos atroces o enfermedad irreversible.
"Aunque las opiniones sobre la eutanasia y su moralidad sean dispares, existe un consenso social favorable a no castigarla. Existe el imperativo moral de evitar el sufrimiento innecesario e indeseado; castigar la eutanasia es prolongar inmoralmente el sufrimiento. La prohibici¨®n conlleva la clandestinidad de conductas que no son ni moral ni socialmente reprochables, y genera situaciones de injusticia y de sufrimiento", se dice en el documento presentado ayer.
Despu¨¦s de proclamar que "el Estado debe proteger la vida, pero no imponer a las personas el deber de vivir en condiciones penosas en contra de sus deseos y convicciones", el Grupo de Opini¨®n del Observatorio de Bio¨¦tica y Derecho hace estas recomendaciones:
- El legislador debe regular los requisitos y procedimientos para que la disposici¨®n de la propia vida en determinados supuestos pueda llevarse a cabo en Espa?a.
- La ley ha de precisar el papel del m¨¦dico respecto de toda petici¨®n de eutanasia que re¨²na los requisitos que se establezcan y en la puesta en pr¨¢ctica de esa petici¨®n.
- Ha de aceptarse la validez de la petici¨®n de eutanasia hecha mediante un Documento de Voluntades Anticipadas o manifestada por el representante designado en el mismo documento.
- La ley deber¨¢ respetar la autonom¨ªa de los menores atendiendo a su grado de madurez.
- Los poderes p¨²blicos deber¨¢n propiciar la extensi¨®n de cuidados especializados espec¨ªficos a fin de que todas las personas tengan acceso a ellos y el proceso de morir se desarrolle con dignidad.
El grupo de expertos fue coordinado, para la elaboraci¨®n de la propuesta, por la jurista Mar¨ªa Casado y el especialista en ¨¦tica m¨¦dica Albert Royes, directora y secretario del Observatorio de Bio¨¦tica.
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