Todas las comunidades auton¨®mas quieren incorporarse al proceso de reforma de estatutos
Los Gobiernos m¨¢s reacios advierten de que no permitir¨¢n desigualdades entre territorios
El Gobierno socialista surgido de las elecciones del 14 de marzo asume la reforma de los estatutos de autonom¨ªa de aquellas comunidades que as¨ª lo deseen. Ya en su discurso de investidura, el presidente Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero se mostr¨® dispuesto a abordar dichas reformas, siempre que se hagan "con respeto a la Constituci¨®n" y "desde el di¨¢logo con todas las fuerzas pol¨ªticas". Del caf¨¦ para todos, el PSOE s¨®lo mantiene la bebida: desde ahora, "cada uno se servir¨¢ su caf¨¦ al gusto, pero dentro de la misma taza", ha dicho Zapatero. Las comunidades aut¨®nomas est¨¢n empezando a plantear sus reivindicaciones. Las respuestas son variadas, pero todas quieren subirse al tren de las reformas.
El Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero ha abierto el mel¨®n de las reformas estatutarias. Lo que algunos dirigentes socialistas, entre ellos Manuel Chaves, ya propon¨ªan en 2001 -la modificaci¨®n del sistema pol¨ªtico-territorial, incluida la reforma de los estatutos de las comunidades de r¨¦gimen especial que accedieron a la autonom¨ªa por la v¨ªa del art¨ªculo 151-, va a ser acometida por el PSOE en esta legislatura.
Los socialistas quieren abordar el proceso respetando las dos condiciones de partida que enunci¨® Zapatero en su discurso de investidura: "El respeto a la Constituci¨®n y su aprobaci¨®n [de las reformas] mediante mayor¨ªas que supongan, al menos, un amplio consenso pol¨ªtico y social". El consenso ser¨¢ imprescindible para la aprobaci¨®n de los nuevos estatutos, dada la mayor¨ªa absoluta que necesitan concitar en el Congreso por ser leyes org¨¢nicas. Este di¨¢logo, ahora aceptado por Mariano Rajoy, secretario general del PP, tras haberlo rechazado antes de las elecciones del 14-M, abre la v¨ªa de las reformas, que en esta ocasi¨®n ser¨¢n servidas "a la carta"; es decir, se abandona el "caf¨¦ para todos" de anteriores discusiones estatutarias. Las reclamaciones de m¨¢s autogobierno se estudiar¨¢n caso por caso.
Rajoy ha aceptado el di¨¢logo a pesar de las reservas que expres¨® en sus primeros enfrentamientos con Zapatero en el Congreso frente a las reformas estatutarias m¨¢s avanzadas, a su juicio: la de los Gobiernos vasco y catal¨¢n. Pero la intenci¨®n del PSOE es firme: se va a modificar el modelo territorial, que incluye la reforma del Senado para acercarlo al objeto para el que fue concebido, ser una C¨¢mara de representaci¨®n de las autonom¨ªas.
Este peri¨®dico ha sondeado las opiniones de las 17 comunidades consultando con partidos en el Gobierno y en la oposici¨®n. Muchas comunidades insisten en pedir, para empezar, las competencias que les faltan con el marco vigente. En todo caso, ninguna autonom¨ªa quiere perder el tren de las reformas.
CATALU?A La reforma ya se debate
El Parlamento catal¨¢n est¨¢ inmerso en el debate del nuevo Estatuto de Autonom¨ªa que surgir¨¢ del consenso de la C¨¢mara. En principio, nada est¨¢ dibujado de esta reforma estatutaria que incluir¨ªa las l¨ªneas maestras de la nueva financiaci¨®n, la presencia de Catalu?a en la Uni¨®n Europea y un bloque competencial y simb¨®lico a¨²n por dibujar. Todas las fuerzas pol¨ªticas catalanas participan en la ponencia de reforma del Estatuto, desde el PP hasta las formaciones que integran el tripartito (PSC, ERC, ICV-EUiA), pasando por CiU.
En cuanto a las competencias que se solicitan, son un total de 88 las que el Gobierno catal¨¢n ha planteado al Ejecutivo central. El objetivo es tener una base sobre la que empezar a discutir cuando el pr¨®ximo mes de junio se constituya la Comisi¨®n Mixta de transferencias Estado-Generalitat. "Esta relaci¨®n de competencias se realiz¨® en la ¨¦poca de Pujol y entonces no se pretend¨ªa acometer ninguna reforma del Estatut", explica Joan Saura, consejero de Relaciones Institucionales de la Generalitat. El consejero catal¨¢n asegura que el objetivo que persigue el Gabinete es lograr los traspasos o competencias que esperan el cumplimiento de las sentencias ya firmes del Tribunal Constitucional. Estos fallos del TC, que hacen referencia a varias competencias de control de la econom¨ªa son, entre otras: la supervisi¨®n y el r¨¦gimen disciplinario de los bancos y establecimientos financieros de Catalu?a; servicios referentes al mercado de valores; defensa de la competencia; inscripci¨®n de empresas, afiliaci¨®n y altas y bajas a la Seguridad Social; y mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.Pero la relaci¨®n de competencias del Ejecutivo catal¨¢n es mucho m¨¢s ambiciosa. As¨ª, el Gobierno tripartito aspira, m¨¢s a largo plazo, a la gesti¨®n de aeropuertos y carreteras estatales y al traspaso de la convocatoria de referendos.
ANDALUC?A Un espacio fiscal propio
La intenci¨®n de reformar el Estatuto de Andaluc¨ªa ya fue lanzada por su presidente, Manuel Chaves, en el Parlamento aut¨®nomo en junio de 2001. En las pasadas elecciones auton¨®micas del 14 de marzo, todos los partidos, salvo el PP, la incluyeron en sus programas. El documento del que parte Chaves para su discusi¨®n parlamentaria tras el verano plantea la participaci¨®n de la comunidad en las decisiones estatales, la ordenaci¨®n territorial de la comunidad, la redacci¨®n de un nuevo paquete de derechos sociales y la creaci¨®n de un espacio fiscal propio gestionado por una agencia tributaria andaluza.
ARAG?N Reformas con mesura
Las Cortes de Arag¨®n ya aprobaron en 2003 por unanimidad un texto para acometer la reforma de su Estatuto. La comisi¨®n que la estudia comenazar¨¢ a trabajar en breve. Con todas las competencias importantes negociadas, salvo las de Justicia, la comunidad abre un nuevo camino que, seg¨²n su presidente, Marcelino Iglesias (PSOE), "hay que recorrer con mesura". Iglesias ha explicado tambi¨¦n su concepto de igualdad entre comunidades: "No es caf¨¦ para todos, se trata de garantizar que en el proceso nadie gana a costa de los dem¨¢s". La Chunta Aragonesista, pretende con la reforma "lograr la capacidad de convocar elecciones auton¨®micas fuera del calendario general, como ya hacen Andaluc¨ªa, Catalu?a, Galicia y Euskadi", seg¨²n el presidente de Cha, Biz¨¦n Fuster. En el PP querr¨ªan llegar a la reforma pero siempre que se agote, matizan, el texto vigente.
NAVARRA Control sobre el Tr¨¢fico
Todos los partidos pol¨ªticos navarros reclaman la asunci¨®n exclusiva de las competencias en materia de tr¨¢fico, actualmente divididas entre la Guardia Civil y el cuerpo de Polic¨ªa Foral. El presidente de Navarra, Miguel Sanz (Uni¨®n del Pueblo Navarro), quiere adem¨¢s derogar la Disposici¨®n Transitoria Cuarta de la Constituci¨®n que regula el proceso que deber¨ªan seguir los navarros en caso de decidir su anexi¨®n al Pa¨ªs Vasco. El PSOE no se opone a la derogaci¨®n.
CANARIAS Oportunidad hist¨®rica
La posible reforma de su Estatuto "es una oportunidad hist¨®rica para otorgar a Canarias el rol que le corresponde, como una importante regi¨®n ultraperif¨¦rica", seg¨²n el vicesecretario de los socialistas canarios, Francisco Hern¨¢ndez. Frente a ¨¦l, Jorge Rodr¨ªguez, portavoz de los populares en Canarias, se muestra m¨¢s cauteloso y aboga por "alcanzar las mayores cotas de autogobierno y garantizar un adecuado sistema de financiaci¨®n", dentro de la Constituci¨®n. Coalici¨®n Canaria pide, adem¨¢s de las 40 competencias ya cedidas por el Estado pero a¨²n no recibidas, entre ellas la delimitaci¨®n de las fronteras mar¨ªtimas internas, la gesti¨®n de puertos y aeropuertos, la presencia en la UE y liderar las relaciones con los pa¨ªses africanos vecinos de las islas.
BALEARES Desinter¨¦s del PP
El PP no considera urgente emprender la reforma del Estatuto. "No es ¨¦ste el principal tema en las tertulias de los bares", dice su portavoz parlamentario, Juan Huguet, quien matiza: "Pero si se abre el mel¨®n queremos estar sentados en la mesa". Cree necesario un pacto estatal previo y que la eventual negociaci¨®n incluya la reconsideraci¨®n de la financiaci¨®n. Los socialistas baleares reclamar¨¢n las competencias sobre polic¨ªa auton¨®mica y la inspecci¨®n de trabajo, entre otras.
REGI?N DE MURCIA Posibilidad de consenso
El presidente del Gobierno regional, Ram¨®n Luis Valc¨¢rcel (PP), pidi¨® recientemente que las reformas sirvan para que haya "caf¨¦ de Colombia para todos y no caf¨¦ de Colombia para unos pocos y Malta para el resto". Valc¨¢rcel ha dicho tambi¨¦n estar dispuesto a "llegar a un consenso" con el PSOE respecto a una posible modificaci¨®n estatutaria, "cuyos l¨ªmites son los principios de solidaridad entre autonom¨ªas y la salvaguarda de la cohesi¨®n territorial". Los socialistas murcianos reivindican cambios concretos en el Estatuto, como disponer una polic¨ªa auton¨®mica.
COMUNIDAD VALENCIANA "Quiero lo m¨¢ximo"
Las Cortes Valencianas han acordado recientemente la constituci¨®n de una comisi¨®n parlamentaria para estudiar la reforma del Estatuto. El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha manifestado que est¨¢ dispuesto a negociar la reforma: "Dentro de la Constituci¨®n, quiero lo m¨¢ximo", sentenci¨® tras entrevistarse con Zapatero. El Estatuto de la Comunidad Valenciana es el ¨²nico de la v¨ªa del art¨ªculo 143 de la Constituci¨®n que sigue pendiente de revisar desde su aprobaci¨®n hace 20 a?os. La oposici¨®n quiere una polic¨ªa auton¨®mica y la incorporaci¨®n de varios derechos ciudadanos al Estatuto.
CASTILLA-LA MANCHA Mejorar la financiaci¨®n
El Gobierno de Castilla-La Mancha no se plantea en este momento incrementar las competencias que tiene ya asumidas. La ¨²nica que le queda por recibir, con el actual techo competencial, es sobre la Administraci¨®n de Justicia. El Gobierno no quiere entrar en "la carrera de las competencias", sino conseguir una buena financiaci¨®n auton¨®mica para servicios ya trasferidos, como la sanidad y la educaci¨®n. El PP se asegura que la necesidad de una reforma del Estatuto "es un asunto que se tendr¨¢ que estudiar en el futuro".
CASTILLA Y LE?N Igualdad entre todos
En Castilla y Le¨®n, los socialistas se muestran partidarios de asumir nuevas competencias, pero el PP, en el Gobierno, es menos entusiasta. El PSOE pide que la regi¨®n asuma las competencias en Justicia y sobre la gesti¨®n del agua.
Los socialistas quieren tambi¨¦n una Polic¨ªa que defienda "el medio natural y el patrimonio hist¨®rico", una Agencia Tributaria propia y la presencia de la comunidad en las cumbres hispanolusas. El PP sostiene que est¨¢ abiertos "a dialogar la posible reforma del Estatuto dentro del marco constitucional, de la solidaridad interterritorial" y haciendo "que no existan diferencias entre unas comunidades y otras".
ASTURIAS Acuerdos con amplio apoyo
Asturias reformar¨¢ su Estatuto de autonom¨ªa, pero "con un m¨¦todo que permita mantener el consenso pol¨ªtico y hacerlo dentro de la Constituci¨®n respetando la cohesi¨®n territorial", seg¨²n el presidente del Principado, el socialista Vicente ?lvarez Areces, que no precisa sus aspiraciones concretas "para no da?ar el consenso". El objetivo inmediato es obtener las competencias sobre el Instituto Social de la Marina y la Administraci¨®n de Justicia, entre otras. El presidente regional del PP, el senador Ovidio S¨¢nchez, solicita para Asturias una reforma "ambiciosa", que permita lograr el mismo techo competencial que alcancen otras comunidades. El PP sostiene que "si hay una alguna nacionalidad hist¨®rica en este pa¨ªs, ¨¦sa es Asturias".
EXTREMADURA Cohesi¨®n y solidaridad
"Hay que corregir las desigualdades territoriales". Sin descartar una reforma de los estatutos, el presidente extreme?o, Juan Carlos Rodr¨ªguez Ibarra, considera fundamental asegurar "la cohesi¨®n, la solidaridad y la lealtad" del modelo auton¨®mico. Partiendo de estos principios, los socialistas esperar¨¢n a concretar sus propuestas de reforma hasta la reuni¨®n del Comit¨¦ Ejecutivo regional que analizar¨¢ hoy el asunto, en M¨¦rida. El presidente del PP, Carlos Floriano, se muestra abierto a conseguir en un futuro el nivel de autogobierno del que gozan otras comunidades, aunque estima que el actual es "razonable".
GALICIA Sinton¨ªa con Zapatero
Adem¨¢s de reclamar la gesti¨®n de los puertos y aeropuertos gallegos, el presidente de la Xunta, Manuel Fraga, se felicita por disponer de un interlocutor receptivo a sus iniciativas (como la reforma del Senado, que ya propuso sin ¨¦xito ante el Gobierno Aznar) tras la victoria de Zapatero en las elecciones del 14-M. Fraga ya se ha declarado dispuesto a una reforma del Estatuto, aunque limitada, seg¨²n ha insinuado, algo que hab¨ªa rechazado hasta ahora. Desde el BNG, segunda fuerza del Parlamento, se ha empezado a hablar de un "nuevo contrato de Galicia con el Estado" y un Estatuto que reconozca a los gallegos el "derecho de decisi¨®n sobre su destino".
MADRID Nuevo sistema electoral
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre (PP), ha repetido en numerosas ocasiones que la aspiraci¨®n de su Gobierno en el proceso de reforma que se est¨¢ abriendo no es el de conseguir aumentar su techo competencial. El PP madrile?o desea reformar el Estatuto s¨®lo en un punto, la divisi¨®n del mapa electoral madrile?o en diez circunscripciones "con la intenci¨®n de que los ciudadanos puedan elegir a sus representantes de un modo m¨¢s directo". Respecto a las reformas del marco territorial actual y, en general, Aguirre quiere que se hagan dentro del respeto "escrupuloso" a la Constituci¨®n, y "con el ¨¢nimo de regenerar la democracia".
CANTABRIA Primero, las transferencias pendientes
La reforma del Estatuto "no es un asunto de actualidad" en Cantabria, seg¨²n el consejero de Presidencia, Vicente Mediavilla. Las negociaciones con el Gobierno central que comenzar¨¢n en septiembre se referir¨¢n a la asunci¨®n de competencias pendientes: Administraci¨®n de Justicia, Fondo Especial de Garant¨ªa Agraria, Instituto Social de la Marina e Instituto de la Mujer.
LA RIOJA "No renunciamos a nada"
El consejero de Presidencia del Gobierno riojano, Emilio del R¨ªo, afirma que el Ejecutivo regional "no renuncia a nada" cuando se abra "la tarta de las reformas estatutarias". En lo inmediato, La Rioja aspira a conseguir la transferencia de la Administraci¨®n de Justicia, y a renegociar el modelo de financiaci¨®n. El sistema propuesto por el tripartito catal¨¢n no satisface a Del R¨ªo porque "har¨ªa perder a la comunidad el 20% de su financiaci¨®n actual".
Informaci¨®n elaborada por Arturo D¨ªaz, Francesc Valls, Xos¨¦ Hermida, Francisco Cantalapiedra, Tono Calleja, Lourdes Lucio, Jerem¨ªas Clemente, Andreu Manresa, Juanjo Garc¨ªa del Moral, Isabel Salvador, Javier Cuartas, Juan Manuel Pardellas, Concha Monserrat, Mikel Muez e Isabel C. Mart¨ªnez.
El escollo del 'plan Ibarretxe'
En Euskadi, el plan Ibarretxe se ha convertido en un escollo insalvable para el consenso con la oposici¨®n y ni siquiera satisface al tercer socio en el ejecutivo, IU, que pese a haberlo aprobado en Consejo de Gobierno duda si apoyarlo en el Parlamento aut¨®nomo. Por ahora, el proyecto s¨®lo se asegura los 33 votos (de 75) del PNV y EA.
Si algo ha querido dejar claro el lehendakari es que en su plan no plantea una mera elevaci¨®n del techo competencial sino la misma concepci¨®n del autogobierno vasco y de la relaci¨®n de Euskadi con el Estado. De hecho, su proyecto no habla ya de "autonom¨ªa" sino de "libre asociaci¨®n". As¨ª, la denominaci¨®n de Estatuto de Autonom¨ªa desaparecer¨ªa de la ley org¨¢nica, y ser¨ªa sustituida por la de "Estatuto Pol¨ªtico de la Comunidad de Euskadi", nueva y ¨²nica denominaci¨®n oficial que propone para el Pa¨ªs Vasco. Cuando el PSOE ha tanteado el terreno para ofrecer un desarrollo pleno del Estatuto, la respuesta, sin rechazar lo que pueda llegar, ha sido que ya ha pasado el momento de conformarse con eso.
Aunque la propuesta est¨¢ planteada como una reforma del Estatuto de Gernika, lo cierto es que no cita el texto supuestamente sometido a modificaci¨®n salvo en su afirmaci¨®n, que se mantiene, de que tampoco el nuevo estatus que se alcance supondr¨¢ la renuncia a los derechos hist¨®ricos, con lo que mantiene la puerta abierta a la independencia.
El proyecto de Ibarretxe est¨¢ paralizado en la ponencia parlamentaria que discute las enmiendas parciales. ?stas no se debaten todav¨ªa porque los grupos del Gobierno est¨¢n retrasando el desenlace, en espera de una improbable reconsideraci¨®n por parte de los socialistas o de una tregua de ETA que permitiera a Ibarretxe aceptar, sin romper la palabra dada en la campa?a electoral de 2001, la mayor¨ªa absoluta que s¨®lo le podr¨ªa dar el grupo de la ilegalizada Batasuna.
La reforma de una ley org¨¢nica
La "apertura del mel¨®n" de la reforma del modelo de poder territorial ahora en vigor que propugnan las fuerzas pol¨ªticas conllevar¨¢ una tramitaci¨®n parlamentaria m¨¢s compleja que la de otras normas estatales. Como leyes de una gran trascendencia social que son, los estatutos de autonom¨ªa fueron concebidos por los creadores de la Constituci¨®n de 1978 con vocaci¨®n de estabilidad y, por tanto, su reforma requiere de varias votaciones que tratan de asegurar el mayor consenso posible sobre su contenido y reforma.
Los estatutos de autonom¨ªa tienen forma de leyes org¨¢nicas. Esta categor¨ªa de texto legal se diferencia de las leyes ordinarias en su objeto y la mayor¨ªa necesaria para su aprobaci¨®n.
El contenido de estas leyes cualificadas revela su trascendencia: adem¨¢s de las que aprueban o reforman los estatutos de autonom¨ªa, son tambi¨¦n org¨¢nicas aquellas que desarrollan los derechos fundamentales y las libertades, y las que regulan el r¨¦gimen electoral general, entre otras.
Para que una comunidad reforme su estatuto, el proyecto que adopte la asamblea o parlamento auton¨®mico en cuesti¨®n deber¨¢ aprobarse por la mayor¨ªa absoluta del Congreso (esto es, la mitad m¨¢s uno de los 349 diputados). Las leyes ordinarias s¨®lo necesitan de mayor¨ªa simple.
Pero para llegar hasta la votaci¨®n definitiva en la C¨¢mara baja, el proyecto de ley org¨¢nica tiene que ser aprobado en el Senado, tambi¨¦n por mayor¨ªa absoluta. En esta instancia, los senadores podr¨¢n presentar enmiendas al texto propuesto o incluso vetarlo. Aqu¨ª reside la fuerza del PP si decidiera poner trabas a la reforma de alg¨²n estatuto, pues a su grupo en la C¨¢mara alta s¨®lo le faltan cuatro senadores para conseguir la mayor¨ªa absoluta.
En todo caso, dado que el sistema parlamentario espa?ol, aunque bicameral, est¨¢ fuertemente desequilibrado a favor del Congreso, en caso de veto o enmienda de una reforma de estatuto de autonom¨ªa, el texto pasa de nuevo a la C¨¢mara baja. El Congreso ha de aprobarlo o rechazarlo de nuevo con mayor¨ªa absoluta en una votaci¨®n final del texto completo sobre el conjunto del proyecto de reforma de un estatuto de autonom¨ªa (art¨ªculo 81 de la Constituci¨®n).
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