La Comunidad dice que el Gobierno central invade sus competencias al paralizar la LOCE

La Comunidad considera que el decreto que modifica el calendario de aplicaci¨®n de la LOCE "vulnera" sus competencias y es nulo de pleno derecho en cuanto "infringe los principios constitucionales" de legalidad, jerarqu¨ªa normativa, seguridad jur¨ªdica e interdicci¨®n de la arbitrariedad de los poderes p¨²blicos.

As¨ª se se?ala en las alegaciones que el Gobierno de Esperanza Aguirre dirigi¨® ayer al presidente del Consejo de Estado, instituci¨®n que ahora deber¨¢ emitir un dictamen preceptivo antes de que el proyecto de Real-Decreto sea remitido al Consejo de Ministros para su aprobaci¨®n. En el escrito, firmado por el director de los Servicios Jur¨ªdicos de la Comunidad, Eugenio L¨®pez ?lvarez, se se?ala que el decreto sometido a dictamen establece una "moratoria" en la aplicaci¨®n de la LOCE (el calendario establec¨ªa su aplicaci¨®n progresiva desde el a?o acad¨¦mico 2004-2005 hasta el 2007-2008) que "vulnera" las competencias de la Comunidad, adem¨¢s de la posibilidad de introducir sus propias opciones en materia educativa. Se produce, por tanto, un "desapoderamiento" a la Comunidad de sus competencias que quedan sometidas "a los designios pol¨ªticos, no ya de las Cortes Generales en el ejercicio de sus competencias de desarrollo legislativo del derecho a la educaci¨®n, sino del Gobierno de la Naci¨®n con vistas al futuro desarrollo de su programa pol¨ªtico".

Lealtad constitucional

En esa vulneraci¨®n de las competencias constitucionales de la Comunidad, se subraya, "inciden" dos aspectos: "la concepci¨®n constitucional de lo b¨¢sico" y la "lealtad constitucional que debe presidir las relaciones entre los distintos entes territoriales".

En cuanto al primero, la Comunidad sostiene que con el decreto sometido a examen se pretende "diferir" la aplicaci¨®n de una ley org¨¢nica "en vigor" mediante una norma de rango reglamentario dictada por el Consejo de Ministros que impide, adem¨¢s, la aplicaci¨®n de la normativa de desarrollo dictada por la Comunidad y la puesta en pr¨¢ctica de su sistema educativo, del que "ya se han adoptado medidas".

Respecto al segundo aspecto, la Comunidad entiende que el Gobierno obra con "deslealtad constitucional" al no respetar el "ejercicio leg¨ªtimo" de las competencias auton¨®micas. As¨ª, para el Ejecutivo la reforma proyectada lejos de dirigirse a dar cumplimiento a la LOCE tiende a "suspender su aplicaci¨®n con vistas a una futura reforma", adem¨¢s de haberse vulnerado el tr¨¢mite de previa consulta a las comunidades.

En el escrito de alegaciones, la Comunidad subraya que "nada impide" que el Gobierno presente un proyecto de ley en las Cortes para modificar la LOCE, "pero lo que no puede" es valerse de su potestad reglamentaria conferida por el art¨ªculo 97 de la Constituci¨®n para dictar reglamentos que act¨²en como "complemento indispensable" e "impedir" su aplicaci¨®n.