"Una mayor dimensi¨®n de las empresas no debe estar re?ida con asegurar la competencia"
Jos¨¦ Montilla es andaluz de nacimiento (Izn¨¢jar, C¨®rdoba, 1955), pero catal¨¢n de adopci¨®n, desde que su familia se traslad¨® a Sant Joan Desp¨ª cuando ¨¦l ten¨ªa 16 a?os. Milit¨® siempre en la izquierda (PTE, PSUC y PSC, en el que ingres¨® en 1978). Fue alcalde de Cornell¨¤ entre 1985 y 2003. La decisi¨®n de encabezar la lista de Barcelona al Congreso, primero, y la llamada de Zapatero para ocupar el renacido Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, despu¨¦s, le obligaron a dejar ese cargo, pero no el de primer secretario de los socialistas catalanes. As¨ª que durante la semana ejerce de ministro y los s¨¢bados y domingos los dedica al PSC. Es un hombre de partido al que le gusta conocer bien la materia antes de lanzar una opini¨®n. Aunque genere pol¨¦mica en el seno mismo del Gobierno, como ha pasado con los horarios comerciales, que quiere reducir. Est¨¢ dispuesto a resucitar la pol¨ªtica industrial como una apuesta de futuro, a no quedarse cruzado de brazos ante las deslocalizaciones y a impulsar la investigaci¨®n y la innovaci¨®n. Y, siempre que puede, lanza puyas contra el Gobierno del PP por su actuaci¨®n en diversos frentes.
Pregunta. Usted ocupa un ministerio que el anterior Gobierno enterr¨® y que ahora vuelve con marchamo de superministerio. ?Cree que fue un error su desaparici¨®n?
Respuesta. Creo que s¨ª. Este ministerio se reconstruye sobre las carencias que se han constatado del pasado. Y, en ese sentido, que en este departamento radiquen competencias como el comercio, el turismo, las telecomunicaciones, la energ¨ªa y los temas de pol¨ªtica industrial quiere decir que hay la intenci¨®n de que exista un ministerio de referencia para el mundo de las empresas y de la econom¨ªa productiva.
P. ?Y no son demasiadas competencias?
R. No. Ha habido un reparto equilibrado, de manera que el I+D estar¨¢ b¨¢sicamente en Educaci¨®n y Ciencia, y la innovaci¨®n, en este ministerio. Tambi¨¦n algunas direcciones que estaban en Comercio se han ido a Econom¨ªa.
P. Uno de los primeros asuntos a los que se ha tenido que enfrentar es el de la apertura de los comercios en festivos, produciendo adem¨¢s discrepancias en el Gobierno. Usted propone que sean ocho; pero el vicepresidente Solbes defiende que se mantengan en 12.
R. No hay tanto debate ni discrepancias de fondo. Que todas las diferencias sean como ¨¦stas. El Gobierno est¨¢ convencido de que hay que derogar la legislaci¨®n vigente antes de enero de 2005. Consideramos que hay dos elementos b¨¢sicos: no es conveniente en absoluto que haya libertad total los domingos y no tiene ning¨²n sentido el n¨²mero m¨ªnimo de horas fijado ahora, como lo demuestra que no se aplica. El punto de partida de las negociaciones con el sector y las CC AA se har¨¢ cumpliendo lo que dice el programa socialista, que propone ocho festivos y 72 horas. Est¨¢ claro que es un punto de partida, pero tambi¨¦n lo est¨¢ que queremos modificar la legislaci¨®n. El Gobierno regular¨¢ unos m¨ªnimos y las comunidades aut¨®nomas podr¨¢n decidir las aperturas que consideren pertinentes. Por tanto, no estamos condenando a los consumidores a que s¨®lo puedan ir a comprar ocho festivos al a?o.
P. Una comunidad que no le es nada ajena ya ha propuesto ocho.
R. El programa del PSOE recoge ocho domingos y el Gobierno de Catalu?a ha tomado como referencia el programa socialista.
P. Pero usted es partidario de reducir la apertura dominical
R. S¨ª, desde una posici¨®n de negociaci¨®n. En Europa, s¨®lo Suecia e Irlanda tienen una liberalizaci¨®n casi total, en un modelo de concentraci¨®n de oferta muy acentuado. Las medidas liberalizadoras no necesariamente comportan incremento de la competencia ni de mejores condiciones para los consumidores. Eso es una falacia. La liberalizaci¨®n total favorece la concentraci¨®n de la oferta y genera precios elevados de los productos. A las experiencias me remito. Eso, al margen de otras consideraciones que tienen que ver m¨¢s con nuestra cultura, el clima, el papel del comercio en nuestras ciudades, la seguridad en las calles, la vida en los barrios, que son consideraciones no estrictamente econ¨®micas para apoyar el comercio urbano. Yo, como alcalde, fui propulsor de dos grandes superficies en Cornell¨¤, y creo en la pluralidad de oferta en el comercio, pero no quiero que se santifiquen determinados conceptos en funci¨®n del derecho sacrosanto de los consumidores.
P. Visto lo visto, est¨¢ claro que para usted la mejor pol¨ªtica industrial es la que s¨ª existe.
R. La frase a la que se refiere [la mejor pol¨ªtica industrial es la que no existe] se le atribuye a un ex ministro y ¨¦l niega que la pronunciara. Pero, en cualquier caso, yo s¨ª creo que, efectivamente, el Gobierno debe contar con una pol¨ªtica industrial. Lo que ocurre es que el t¨¦rmino est¨¢ desacreditado por las connotaciones del pasado. La pol¨ªtica industrial estaba ligada a un sector p¨²blico muy importante, normalmente no eficiente, ligado a sectores maduros y en reconversi¨®n... Sobre esa concepci¨®n hay que pasar p¨¢gina.
P. Usted dijo que no se puede hacer pol¨ªtica industrial si no se hace en el marco europeo; pero, por otra parte, abre muchas l¨ªneas de intervenci¨®n. ?C¨®mo se compaginan esas dos visiones?
R. En el pasado hab¨ªa una pol¨ªtica intervencionista de fuerte presencia del sector p¨²blico. Hoy las posibilidades de intervenci¨®n respecto a la industria est¨¢ muy condicionada por la legislaci¨®n comunitaria. Y ah¨ª est¨¢ el problema de los astilleros Izar. Esas intervenciones deben hacerse por la v¨ªa de apoyar la innovaci¨®n, pero respetuosas con la legislaci¨®n comunitaria. Evidentemente, limita las posibilidades de actuaci¨®n en una econom¨ªa que es cada vez m¨¢s abierta.
P. ?Tienen la voluntad de intervenir contra la deslocalizaci¨®n?
R. La voluntad es no dejar que act¨²en sin m¨¢s las leyes del mercado. Es evidente que las empresas privadas son libres de decidir d¨®nde quieren producir. Pero, de manera muy especial cuando ha habido empresas que han tenido ayudas p¨²blicas, con un trato preferente por la Administraci¨®n, ¨¦sta les debe requerir para que cumplan con el compromiso social adquirido. Y la Administraci¨®n, sabiendo que hay limitaciones comunitarias, est¨¢ obligada a mantener y renovar un tejido empresarial e industrial para que sea competitivo. No podemos, pura y simplemente, contemplar con resignaci¨®n c¨®mo se producen deslocalizaciones. Se han producido en otras ¨¦pocas, afectan a otros pa¨ªses de la UE y a Estados Unidos. En algunos casos se pueden reorientar, como tambi¨¦n es verdad que la ¨²nica forma de que puedan pervivir determinadas empresas es deslocalizando una parte de su producci¨®n, lo que no es un desastre si las actividades que tienen m¨¢s valor a?adido contin¨²an en el pa¨ªs. A veces, para asegurar la viabilidad de una empresa es necesario deslocalizar una parte de su actividad. Hay que tener una posici¨®n abierta y madura.
P. Ha anunciado que apoyar¨¢ la creaci¨®n de grupos competitivos. Ahora existe un proyecto en ciernes. ?Una concentraci¨®n ir¨ªa en contra de los criterios de competitividad?
R. Hemos de ser muy respetuosos con las iniciativas que puedan tener las empresas. Y si las hay, las analizaremos a la luz de lo que dice la legislaci¨®n y de las opiniones de los organismos reguladores. Una cosa es que haya empresas que ganen en dimensi¨®n y otra que las operaciones puedan provocar mayor concentraci¨®n. Podr¨ªa entrar en colisi¨®n con el deseo de asegurar la competencia, algo que es voluntad firme del Gobierno. Pero una mayor dimensi¨®n de las empresas espa?olas no debe estar re?ida con asegurar la competencia.
P. Parece que en esta ocasi¨®n existe una voluntad manifiesta por parte de unas empresas (Gas Natural, Endesa y Agbar) en una posible operaci¨®n, pero buscando el consenso del Gobierno.
R. Cuando tengan elaborada una propuesta ya lo analizaremos. De momento, propuestas en este sentido no existen y nuestra voluntad es de no interferencia.
P. Los presidentes de las empresas privatizadas fueron nombrados por el PP e incluso algunos se han blindado. ?C¨®mo le gustar¨ªa al Gobierno que fueran los consejos de estas empresas?
R. Han de responder ante los accionistas, ser honestos y gestores eficaces. Es lo que hay que pedir de manera especial a estas empresas que, en algunos casos, act¨²an en sectores regulados, lo que es un factor a?adido para tener muy presente. Ahora bien, el Gobierno, ni quita ni pone..., a estos consejeros.
P. Pero hay muchos consejeros llamados independientes colocados por el Gobierno anterior en empresas privatizadas.
R. Est¨¢ claro que hay consejeros que ni son independientes ni tienen una trayectoria profesional que les avale. Yo creo que los propios accionistas lo ir¨¢n corrigiendo con el paso del tiempo, pero no es intenci¨®n del Gobierno interferir.
P. ?C¨®mo?
R. Los accionistas tienen maneras de modificar los consejos si lo consideran necesario.
P. ?C¨®mo piensa dinamizar los sectores tradicionales?
R. Hay posibilidades de pervivencia de determinadas actividades, como los que requieren mano de obra cualificada y tienen mucho valor a?adido y, por tanto, tendr¨ªan dificultades para deslocalizarse. ?sa es precisamente la orientaci¨®n que queremos dar en los pactos de car¨¢cter industrial: buscar apuestas de futuro y que no est¨¢n necesariamente condenadas al cierre o a la deslocalizaci¨®n. No hablamos de una quimera, es perfectamente posible.
P. Se ha referido a Izar, ?no cree que tiene un futuro muy incierto?
R. Lo estamos analizando en la doble vertiente de mantener el empleo al m¨¢ximo posible y buscar soluciones consensuadas con las comunidades aut¨®nomas y con los agentes sociales. En ese sentido, se han dado muestras del cambio de actitud del Gobierno. Se ha llegado a un acuerdo en el convenio colectivo, y los nuevos responsables de la empresa le dar¨¢n otra orientaci¨®n. Hemos de tener iniciativas, pero las haremos cumpliendo con la legislaci¨®n europea. Lo que est¨¢ claro es que no se puede tener una actitud como la del anterior Gobierno, que ha puesto en peligro la pervivencia de un proyecto como Izar por no haber tomado ninguna medida durante ocho a?os a pesar de los expedientes que la UE hab¨ªa puesto en marcha. Se ha perdido una gran oportunidad. Se han inyectado muchos recursos, pero simplemente lo que se ha hecho es ganar tiempo. Y ganar tiempo tiene una justificaci¨®n pol¨ªtica, pero al final el tiempo se acaba.
P. Por eso hay algunos astilleros abocados al cierre.
R. Lo que est¨¢ claro es que la soluci¨®n tendr¨¢ que pasar, entre otras cosas, por una reducci¨®n de la capacidad. No nos enga?emos. Trataremos que sea la menos posible y que se pueda salvar la mayor parte de la actividad. Tampoco quisiera avanzar conclusiones.
P. Ha acusado al PP de dejar hipotecado el carb¨®n; pero en realidad ?tiene futuro este sector?
R. El principal objetivo en pol¨ªtica energ¨¦tica es garantizar el suministro y su calidad. Eso quiere decir tener un conjunto diversificado y el carb¨®n tiene su espacio. En ese sentido, desde el realismo de una actividad que ha ido y va a la baja, no se puede decir hoy que podamos prescindir del carb¨®n.
P. Porque se levanta Asturias.
R. No, porque lo necesitamos. Tenemos poca agua, tenemos pocas nucleares y poca energ¨ªa renovable. Y no tendr¨ªa sentido que se importara carb¨®n y prescindir del nacional, porque aunque haya ido perdiendo peso sigue teniendo importancia y es vital para determinadas comarcas.
P. ?Cambiar¨¢ la ley para que haya m¨¢s gasolineras?
R. Vamos a ver c¨®mo podemos incentivar que haya m¨¢s porque pensamos que se traducir¨ªa en m¨¢s competencia y en mejora de servicio. Lo vamos a negociar con las operadoras y a trav¨¦s de otras administraciones, sobre todo para abastecer determinadas ¨¢reas donde las expectativas de negocio no son tan elevadas. Queremos que haya una presencia adecuada en zonas rurales.
P. Las el¨¦ctricas piden que suban m¨¢s las tarifas, pero usted ya les ha dicho que inviertan m¨¢s. ?Hacen falta muchas inversiones?
R. Nuestro principal objetivo es garantizar el suministro. Y el suministro no peligra, pero su calidad es manifiestamente mejorable. Hay que incrementar las condiciones de competencia para que se beneficie el usuario y, por ¨²ltimo, que la pol¨ªtica energ¨¦tica en su conjunto tenga muy presente el medio ambiente. No s¨®lo por los compromisos de Kioto, sino tambi¨¦n por la apuesta de este Gobierno por las energ¨ªas renovables. Eso quiere decir que, evidentemente, se ha de invertir m¨¢s. Pero no es intenci¨®n del ministerio crear una sensaci¨®n de incertidumbre en un sector sensible con empresas que tienen muchos accionistas. Somos conscientes de que el capital ha de tener una retribuci¨®n y que las incertidumbres no son buenas. No queremos crear esa sensaci¨®n. Lo contrario, queremos que haya reglas de juego lo suficientemente claras como para que cada uno sepa cu¨¢les son sus obligaciones.
P. Pero tambi¨¦n hay que asegurar que se eviten los apagones.
R. Por supuesto. Por eso digo que hay que mejorar la calidad. Porque los apagones tienen un impacto sobre la econom¨ªa del pa¨ªs. Los apagones cuestan mucho dinero al cabo del a?o porque no s¨®lo afectan a los usuarios dom¨¦sticos, sino tambi¨¦n a la competitividad de las empresas.
P. ?Mantiene el abandono progresivo de la energ¨ªa nuclear?
R. Habr¨¢ una reducci¨®n progresiva. En esta legislatura no est¨¢ previsto el cierre de ninguna nuclear. Es en 2009 cuando acaba la vida ¨²til de Garo?a y no hay ninguna propuesta de instalaci¨®n. Es una apuesta que se mantiene.
P. Hasta ahora ha sido un rotundo fracaso la posibilidad de que el ciudadano pueda cambiar de suministrador. ?Qu¨¦ van a hacer?
R. Trataremos de agilizarlo. Las industrias ya empiezan a hacerlo.
P. Hay mucha controversia por el Protocolo de Kioto en el sector energ¨¦tico. ?Se prev¨¦n cambios?
R. Dentro del sector hay dos posiciones enfrentadas, los que consideran que han hecho los deberes y les parece muy bien que Espa?a elabore su plan y los que muestran muchas reticencias, como Endesa, entre otras. Pero hay que recordar que la historia otorg¨® diferentes responsabilidades a empresas del sector cuando hab¨ªa una fuerte presencia p¨²blica. Estos considerandos hay que tenerlos presentes, porque en el fondo subyace una pol¨¦mica que va m¨¢s all¨¢ de Kioto y que es leg¨ªtima entre empresas que compiten. El problema es que la negociaci¨®n de los objetivos nacionales de reducci¨®n de emisiones pertenece al pasado. Hoy seguramente se negociar¨ªan los l¨ªmites de otra manera, teniendo en cuenta que la econom¨ªa espa?ola ha crecido m¨¢s que la media comunitaria. Alemania puede vivir de la reducci¨®n de emisiones que hizo en el este. Otros juegan con un parque nuclear muy grande, como Francia. Nosotros estamos en peor situaci¨®n. Pero a estas alturas tiene una dif¨ªcil soluci¨®n. Habr¨¢ que cumplir los objetivos de Kioto de forma soportable y sin poner en peligro la competitividad de los sectores afectados por la directiva comunitaria.
P. ?Qui¨¦n tiene la competencia sobre tarifas?
R. Las tarifas las formula la Comisi¨®n Delegada, presidida por el vicepresidente; las aprueba el Consejo de Ministros, y las elabora este ministerio.
P. ?Se van a liberalizar las tarifas telef¨®nicas en 2005, como prometi¨® el anterior Gobierno, o se mantendr¨¢ una regulaci¨®n?
R. El Gobierno est¨¢ estudiando las consecuencias que tendr¨ªa esta medida, pero no tiene una posici¨®n definitiva.
P. Despu¨¦s de seis a?os de bajada de las tarifas telef¨®nicas, ?cree el Gobierno, como piden los operadores, que deben subir?
R. Las tarifas no son algo homog¨¦neo, como tampoco lo es el conjunto de los operadores del sector.
P. El servicio universal va a ser costeado por el Estado en parte, ?en cu¨¢nto y para qu¨¦ servicios?
R. Seguramente deberemos precisar con m¨¢s exactitud qu¨¦ servicios comprende el concepto servicio universal, y definir despu¨¦s su financiaci¨®n.
P. ?Est¨¢n ustedes dispuestos a quitarle la licencia a Xfera si no presenta un plan de previsiones de puesta en marcha del servicio? ?Qu¨¦ plazo le dan para ello?
R. Estoy convencido de que Xfera cumplir¨¢ con sus compromisos.
P. ?Los organismos reguladores tienen que ser m¨¢s independientes?
R. Deben rendir m¨¢s cuentas al Parlamento y, por otro lado, tener m¨¢s papel en los informes t¨¦cnicos que se realizan. Estos organismos se han de reforzar porque compiten con unos gabinetes jur¨ªdicos muy potentes, mucho m¨¢s que los que de la Administraci¨®n. Se dialoga con desventaja y eso no puede ser. Fortalecer no pasa necesariamente por tener m¨¢s miembros, sino que tengan m¨¢s funciones y algo m¨¢s de recursos. Seguramente en la etapa del PP han quedado en segundo plano.
P. Se van a trasladar algunos organismos a otras ciudades.
R. Estamos en los dos primeros meses de una legislatura de cuatro a?os y todav¨ªa es prematuro tomar posici¨®n. Pero lo que hay es un compromiso de que los organismos reguladores no tienen que estar inexcusablemente en la capital. Por tanto, es perfectamente previsible que durante esta legislatura alguno de los organismos de traslade a otra ciudad. Es una idea de Espa?a distinta a la del PP, centralista y radioc¨¦ntrica. Es la Espa?a en red.
P. Ha anunciado un defensor del usuario, ?hay demasiadas lagunas en las que se vulneran los derechos de los consumidores?
R. Es una figura que est¨¢ en la Ley General de Telecomunicaciones. Y este Gobierno la va a impulsar porque los consumidores deben tener un interlocutor. Como tambi¨¦n elaboraremos un Cat¨¢logo de Derechos y un C¨®digo de Buenas Pr¨¢cticas para los operadores y los proveedores de servicios.
P. Tras el fracaso del boom de Internet, ?cu¨¢l es su compromiso con la sociedad de la informaci¨®n?
R. Antes del 1 de enero de 2006 aprobaremos un Plan para el Desarrollo de la Sociedad de la Informaci¨®n y de Convergencia con Europa. El Plan impulsar¨¢ la inversi¨®n en las tecnolog¨ªas de la informaci¨®n y la comunicaci¨®n en empresas, en las escuelas y en la propia Administraci¨®n. Nuestro compromiso es que al finalizar la legislatura se dupliquen los recursos dedicados a apoyar proyectos innovadores que reduzcan la brecha digital. Para llevar adelante este proyecto necesitamos el apoyo del conjunto de las administraciones p¨²blicas, y por eso constituiremos la Conferencia Sectorial para el Desarrollo de la Sociedad de la Informaci¨®n.
P. ?Usted recomendar¨ªa invertir ahora en estas sociedades?
R. Un ministro no debe ni recomendar ni dejar de hacerlo. No es mi cometido.
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