La memoria de la represi¨®n

El Archivo General de la Guerra Civil Espa?ola de Salamanca se ha convertido, una vez m¨¢s, en campo de batalla de posturas encontradas. Durante los ¨²ltimos d¨ªas los teletipos han llenado las redacciones de los peri¨®dicos con diferentes declaraciones de pol¨ªticos e historiadores que sostienen posiciones antag¨®nicas sobre lo que debe hacerse con el material all¨ª acumulado. El conflicto viene de largo y, de forma sint¨¦tica, puede hablarse de dos posiciones extremas: la de quienes defienden que de Salamanca no debe moverse un solo papel, para conservar la unidad del archivo, y la de los que sostienen que los documentos deben devolverse a sus leg¨ªtimos propietarios, con lo que se iniciar¨ªa un proceso que terminar¨ªa por desmembrar lo que se ha reunido en la ciudad que un d¨ªa fue, durante la Guerra Civil, la capital de la zona rebelde.

"En la organizaci¨®n de los documentos nunca se utilizaron criterios archiv¨ªsticos"

"Buscaban las listas de los nombres vinculados a las organizaciones enemigas"

"Hay que decir que s¨®lo se ha conservado el 10% de lo que se incaut¨® en Catalu?a"

Una de las ¨²ltimas intervenciones sobre el contencioso ha sido la del propio presidente del Gobierno, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, que el mi¨¦rcoles pasado se comprometi¨® en el Parlamento, durante la sesi¨®n de control del Gobierno, a "hacer efectivo" el acuerdo que se alcance con las instituciones implicadas en el conflicto sobre los fondos del archivo para decidir el destino de los documentos reclamados por Catalu?a y el Pa¨ªs Vasco. Es necesario llegar a una "soluci¨®n estable y definitiva" sobre este complejo problema, dijo, y se?al¨® que el camino para conseguirla requiere llegar a "un gran acuerdo" a partir de la proposici¨®n no de ley que respecto a esta cuesti¨®n fue aprobada por la C¨¢mara hace dos semanas.

Los primeros pasos ya est¨¢n dados. El pr¨®ximo 15 de junio se ha convocado a la comisi¨®n permanente del Patronato del Archivo de Salamanca, que como primer punto debe nombrar al sustituto del vicepresidente del mismo despu¨¦s de la renuncia de hace unos meses del anterior, Pedro Schwartz, y a partir de ah¨ª iniciar las conversaciones y propuestas pertinentes para acabar con un problema que, seg¨²n la proposici¨®n no de ley citada, debe estar resuelto a final de este a?o.

El di¨¢logo, la sensatez y la buena disposici¨®n de las partes van a ser imprescindibles para tratar una cuesti¨®n que desata pasiones. ?De qu¨¦ se habla cuando se habla del Archivo de Salamanca? ?Por qu¨¦ desata tanta furia en los debates un mont¨®n de papeles, cada vez m¨¢s fr¨¢giles por el paso del tiempo, en una ¨¦poca en que se generaliza la digitalizaci¨®n de los fondos de los archivos y en la que la presencia f¨ªsica de los investigadores (y papeles) empezar¨¢ a desaparecer poco a poco? ?C¨®mo se acumularon los fondos que generan tantos quebraderos de cabeza?

Cuando las tropas franquistas estaban a punto de tomar Barcelona (por ejemplo) dispon¨ªan ya de una relaci¨®n detallada de aquellos lugares en los que podr¨ªan encontrar la vinculaci¨®n partidista (o ideol¨®gica incluso) de los habitantes de la ciudad. Instituciones p¨²blicas, sedes de partidos, logias mas¨®nicas, casas del pueblo y de particulares con alguna relevancia pol¨ªtica, cualquier lugar susceptible de tener ese tipo de informaci¨®n, estaban ya marcados en un detallado mapa, y los destacamentos de vanguardia del ej¨¦rcito nacional ten¨ªan ¨®rdenes de incautar cuanto antes todos los archivos que encontraran en su camino. El objetivo: localizar al enemigo -y enemigos eran cuantos no participaban en la causa de la cruzada nacional-cat¨®lica- para liquidarlo.

As¨ª, pueblo tras pueblo, ciudad tras ciudad, capital tras capital, se fue organizando la represi¨®n desde que en abril de 1937 se cre¨® en la zona nacional la Oficina de Investigaci¨®n y Propaganda Antimarxista (OIPA), que empez¨® a actuar durante la ocupaci¨®n de Bilbao el 19 de junio de ese mismo a?o. No se trataba simplemente de acabar con las figuras destacadas del bando enemigo (¨¦sas se conoc¨ªan p¨²blicamente). Hab¨ªa que buscarlos a todos para asegurar la retaguardia de los lugares conquistados.

Y todo el material confiscado ten¨ªa esa finalidad: probar que ¨¦ste o aqu¨¦l hab¨ªa sido republicano o socialista o comunista o anarquista o mas¨®n o nacionalista o simpatizante de la otra causa (un simple donativo al Socorro Rojo delataba "peligrosas" tendencias antifranquistas). Esos archivos, de los que se apoderaron en todo lugar por el que pasaron las tropas franquistas a partir de la conquista de Bilbao, terminaron por llegar tarde o temprano a Salamanca.

As¨ª que ¨¦se es el origen del hoy llamado Archivo General de la Guerra Civil Espa?ola, que ha permanecido en Salamanca -donde fueron a parar todos los documentos- y que como tal s¨®lo funciona desde el a?o 1979. Antes, el actual archivo hab¨ªa sido, de manera oficial a partir del 26 de abril de 1938, la Delegaci¨®n del Estado para la Recuperaci¨®n de Documentos (de la zona republicana), y serv¨ªa para establecer y confirmar qui¨¦n hab¨ªa sido enemigo de Franco. Todos los documentos s¨®lo estaban all¨ª para hacer viable un ambicioso proyecto: reprimir al enemigo.

"En la organizaci¨®n de los documentos de Salamanca nunca se utilizaron criterios archiv¨ªsticos", explica Aurelio Mart¨ªn N¨¢jera, director del Archivo de la Fundaci¨®n Pablo Iglesias. "No es casual encontrar entre los legajos de Barcelona papeles que son de Madrid, y eso es as¨ª porque las sacas que incautaba el ej¨¦rcito nacional llegaban sin orden ni concierto y se abr¨ªan para buscar la informaci¨®n urgente para organizar la represi¨®n. Lo dem¨¢s pod¨ªa servir para cualquier cosa. Miles de carteles fueron quemados para combatir el fr¨ªo".

Llegaban las tropas nacionales, arramblaban con todo lo que encontraban, y buscaban lo que les interesaba: las listas de nombres vinculadas a las organizaciones enemigas. Todo lo dem¨¢s era superfluo: a veces se conservaba, a veces se tiraba, a veces se quemaba, a veces se enviaba a otro organismo, incluso se devolv¨ªa. Lo explica Josep Cruanyes, autor de Els papers de Salamanca. L'espoliaci¨® del patrimoni documental de Catalunya (1938-1939) (Ediciones 62): "Cuando los franquistas requisaron en Barcelona los archivos del Tribunal para la Represi¨®n del Contrabando del Gobierno leg¨ªtimo, las autoridades nacionales separaron todos estos papeles y llegaron a publicar anuncios en los peri¨®dicos para que las empresas y particulares que eran investigados por actividades dudosamente legales pudieran recuperar sus t¨ªtulos, acciones o lo que hubiera all¨ª reunido".

El objetivo, finalmente, no era otro que organizar un fichero nominal con toda la informaci¨®n necesaria para poner en marcha la maquinaria represiva. "Rastreaban donde aparec¨ªa un nombre y lo apuntaban en una ficha", explica Cruanyes. "As¨ª se sab¨ªa que tal se?or hab¨ªa pertenecido, por ejemplo, a la CNT y se pod¨ªa proceder contra ¨¦l. Fue una tarea concienzuda que dur¨® a?os y que se hizo con suma aplicaci¨®n. He podido seguir en mi libro c¨®mo la petici¨®n de una informaci¨®n a Salamanca, cursada en 1939, se realizaba con tanto rigor que segu¨ªa adelante a?o tras a?o conforme iban apareciendo nuevas referencias del personaje investigado. Es decir, que poco a poco se iba entrando en las sacas acumuladas y se pon¨ªa al d¨ªa la informaci¨®n. De 1944 a 1958 se van clasificando todos los papeles hasta crear una relaci¨®n de unos tres millones de fichas. Los tribunales, dependencias militares y consejos de guerra quer¨ªan saber algo y lo solicitaban a Salamanca. La informaci¨®n flu¨ªa de inmediato y las instancias represoras proced¨ªan".

Actualmente, el Archivo General de la Guerra Civil Espa?ola est¨¢ dividido en dos secciones. La secci¨®n pol¨ªtico-social, donde se incluy¨® toda la informaci¨®n que se rob¨® relacionada con partidos, sindicatos, instituciones nacionalistas o republicanas y agrupaciones de car¨¢cter civil, y una secci¨®n especial destinada a la masoner¨ªa.

El historiador Nigel Townson, autor de La Rep¨²blica que no pudo ser (Taurus), estuvo investigando largo tiempo en Salamanca. "Lo que necesitaba consultar eran todos los documentos que all¨ª existen del Partido Republicano Radical, y que proced¨ªan de su sede central en Madrid, adem¨¢s de otras sedes dispersas en toda Espa?a, y de los papeles requisados en la casa de su fundador, Alejandro Lerroux. Tambi¨¦n me result¨® muy ¨²til toda la informaci¨®n sobre masoner¨ªa, pues fue en ese partido donde hubo un mayor n¨²mero de masones. Se trataba de un material que no tiene tanto que ver con la Guerra Civil como con la Rep¨²blica, y quiz¨¢ ah¨ª resida uno de los equ¨ªvocos. Lo que hay en Salamanca guardado s¨®lo tiene en parte que ver con la guerra. Lo que hay est¨¢ m¨¢s bien relacionado con la Rep¨²blica e, incluso, con periodos anteriores. Yo encontr¨¦ algunas cartas fechadas a principios de siglo".

Santos Juli¨¢ tambi¨¦n investig¨® en Salamanca. "All¨ª se encuentran todos los procesos que se pusieron en marcha despu¨¦s de la revoluci¨®n de octubre de 1934", comenta. En cuanto a documentaci¨®n espec¨ªfica sobre la Guerra Civil, considera, como Townson, que es mucho m¨¢s rica la que se conserva en el Archivo Hist¨®rico Nacional (en Madrid), el Archivo General Militar (en ?vila) y el Archivo General de la Administraci¨®n (en Alcal¨¢), adem¨¢s de la que puede encontrarse en otros archivos.

No es, pues, demasiado correcto llamar al de Salamanca Archivo General de la Guerra Civil Espa?ola, pues lo que transmite ese nombre es que all¨ª se encuentra el grueso de la informaci¨®n sobre el desarrollo del conflicto. Puede transmitir, adem¨¢s, la idea falsa de que la documentaci¨®n sobre esa etapa tan dolorosa est¨¢ centralizada. "Lo que hay, sobre todo, es una enorme dispersi¨®n", explica Townson. "Lo que importa, para un historiador, es que los archivos sean accesibles".

Es una de las v¨ªas que defiende tambi¨¦n Aurelio Mart¨ªn N¨¢jera. "Digitalizar todo el material es un camino por explorar. Una vez reorganizado, pueden devolverse los originales a sus leg¨ªtimos propietarios siempre que ¨¦stos garanticen que no van a guardarlos en un armario y que van a tenerlos a disposici¨®n p¨²blica".

"En 1944, el Archivo de Salamanca cambi¨® de nombre y empez¨® a llamarse Delegaci¨®n Nacional de Servicios Documentales", explica Josep Cruanyes. "Como tal funcion¨® hasta el 28 de octubre de 1977, en el que un decreto del Gobierno de Adolfo Su¨¢rez lo convirti¨® en el Archivo General de la Guerra Civil Espa?ola. El problema ha sido que la mod¨¦lica transici¨®n espa?ola no llam¨® a las cosas por su nombre, y un archivo construido a partir de la rapi?a franquista pas¨® a considerarse la memoria m¨¢s completa del conflicto civil. Es importante saber, de todas formas, que s¨®lo se ha conservado el 10% de lo que se incaut¨® en Catalu?a. Una parte de la documentaci¨®n se devolvi¨® a sus propietarios durante la guerra, como he explicado; otra fue a parar al Archivo Hist¨®rico Nacional cuando se realiz¨® la Causa General; otros papeles fueron reclamados por los militares, y hubo otros que fueron a parar a manos de la brigada pol¨ªtico-social. La historia del archivo cuenta con muchos episodios de traslado de documentos".

Si se hiciera ahora caso de las reivindicaciones de catalanes y vascos, el proceso ser¨ªa imparable. Tambi¨¦n tendr¨ªan derecho a reclamar lo suyo otras organizaciones pol¨ªticas y sindicales, e individuos particulares. "No puede mantenerse arbitrariamente la unidad de un material robado si los leg¨ªtimos due?os quieren recuperar lo que es suyo. Tienen el derecho moral a exigir una reparaci¨®n", dice Aurelio Mart¨ªn N¨¢jera.

"Las historias de los archivos son, adem¨¢s, muy distintas", contin¨²a, "no puede aplicarse el mismo criterio a todos. Si tenemos en cuenta la situaci¨®n del Archivo de la Agrupaci¨®n Socialista Madrile?a, ¨¦ste se encuentra ahora escindido entre tres instituciones distintas: en Salamanca, en el Archivo Hist¨®rico Militar y en la propia Fundaci¨®n Pablo Iglesias. En cuanto al Archivo de la Comisi¨®n Ejecutiva del PSOE, se llev¨® al terminar la guerra a Par¨ªs, donde fue incautado por los nazis, que lo trasladaron a Berl¨ªn, y de all¨ª pas¨® a manos sovi¨¦ticas. En su d¨ªa se reclam¨® y fue devuelto. Otro caso distinto es el de la CNT. Sus archivos est¨¢n en el Instituto Social de Holanda, en Amsterdam, y si no los han devuelto es porque la propia CNT se escindi¨® y no pod¨ªa partirse la documentaci¨®n para restituirse a dos agrupaciones distintas que lo reclamaban bajo las mismas siglas".

La delicadeza de los problemas que rodean la pol¨¦mica en torno al Archivo de Salamanca es inmensa, y la f¨®rmula para arreglar el contencioso va a exigir que todos los implicados renuncien a parte de sus exigencias. Si se van devolviendo papeles, para cerrar viejas heridas, se podr¨ªa terminar con un archivo que, tal como est¨¢, constituye un cabal reflejo de lo que fue la represi¨®n. La pregunta es ?qu¨¦ pesa m¨¢s?, ?reparar una grave afrenta o conservar un monumento que sintetiza la rapi?a?